La Seguridad Social prepara un cambio relevante en la gestión diaria de autónomos y pymes. Un proyecto de real decreto, actualmente en fase de tramitación, plantea duplicar el plazo que tienen las empresas para comunicar las bajas y variaciones de datos de sus trabajadores, pasando de los tres días actuales a seis días naturales.
Se trata de una modificación que afectará directamente a miles de autónomos empleadores y despachos profesionales, que cada mes deben gestionar altas, bajas y cambios contractuales en plazos muy ajustados. La medida responde, según el propio texto, a las dificultades que existen para cumplir con los tiempos actuales, especialmente cuando se acumulan múltiples gestiones en pocos días.
El cambio ha sido bien recibido por los expertos, aunque con matices. Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons, aseguró que esta ampliación supondrá “un desahogo” para gestorías y graduados sociales, aunque advirtió también de que no resolverá el problema de fondo: la creciente carga burocrática que soportan estos profesionales.
- Cambios en el plazo para comunicar bajas y variaciones de datos de los trabajadores
- El nuevo plazo dará oxígeno a gestorías y asesorías
- Otros cambios que afectarán a los aplazamientos de cuotas de los autónomos
- Se podrían evitar garantías en aplazamientos de hasta 250.000 euros
Cambios en el plazo para comunicar bajas y variaciones de datos de los trabajadores
El proyecto normativo modifica el Artículo 32 del Reglamento General de Afiliación para ampliar el plazo de comunicación de bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social.
Hasta ahora, los autónomos y empresas disponían de tres días naturales desde que se producía el cese de un trabajador o cualquier modificación en su situación laboral. Con la nueva redacción, ese margen se duplicará hasta los seis días naturales.
La Seguridad Social justifica este cambio en una realidad que los profesionales llevan años denunciando: la dificultad de cumplir los plazos cuando coinciden múltiples gestiones en un periodo muy corto. Esto ocurre, por ejemplo, en cierres de mes, campañas estacionales o situaciones de rotación de plantilla.
Además, el propio preámbulo del proyecto reconoce que el actual sistema puede generar “consecuencias negativas” para los representados, es decir, para los propios autónomos y empresas, cuando no se llega a tiempo a comunicar correctamente estos movimientos.
En la práctica, la ampliación del plazo reduciría el riesgo de sanciones por incumplimientos formales y dará mayor margen operativo a los autónomos que tienen trabajadores a su cargo.
El nuevo plazo dará oxígeno a gestorías y asesorías
Desde el punto de vista del sector, el cambio era una reivindicación histórica. Los despachos profesionales llevan años alertando del colapso administrativo que supone gestionar cada vez más obligaciones en menos tiempo.
En este contexto, Jaume Barcons explicó que la medida llega en un momento clave: “existe una sobrecarga evidente entre graduados sociales y gestorías. Ampliar este plazo supondrá un pequeño desahogo”.
Sin embargo, el experto añadió que se trata de una solución parcial. La reforma va a «aliviar la presión, pero no va a resolver el problema estructural. Cada vez hay más burocracia. Dar más tiempo ayuda a descargar a los gestores, pero no corrige el origen del problema”.
Otros cambios que afectarán a los aplazamientos de cuotas de los autónomos
Más allá del plazo para comunicar bajas, el proyecto introduce una reforma más amplia en el sistema de aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, que utilizan miles de autónomos cuando tienen dificultades para afrontar sus pagos.
El cambio más relevante es la posibilidad de conceder aplazamientos de forma automatizada. Hasta ahora, cada solicitud debía ser analizada caso por caso por la Tesorería General de la Seguridad Social, que podía aceptar, denegar o imponer condiciones adicionales.
Con la nueva regulación, se abre la puerta a que determinados aplazamientos -especialmente los de menor cuantía y sin necesidad de garantías- puedan resolverse automáticamente, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Este modelo acercaría el funcionamiento de la Seguridad Social al de la Agencia Tributaria, donde muchos aplazamientos se conceden de forma casi inmediata. Para los autónomos, esto podría traducirse en mayor rapidez, menos incertidumbre y una reducción de la carga administrativa.
Se podrían evitar garantías en aplazamientos de hasta 250.000 euros
Otra de las novedades importantes es la consolidación de los límites para aplazar deudas sin necesidad de garantías. El texto fija en 150.000 euros el umbral general para no exigir avales. Además, se mantiene la posibilidad de evitar garantías en deudas de hasta 250.000 euros si se abona un tercio en los diez días siguientes y el resto en un plazo máximo de dos años.
El proyecto también refuerza las limitaciones sobre qué deudas se pueden aplazar. En concreto, deja fuera las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y las derivadas de contingencias profesionales, como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Estas deberán abonarse obligatoriamente en un plazo determinado.
En materia de intereses, el nuevo texto adapta el sistema a la normativa vigente. A partir de ahora, los aplazamientos generarán intereses de demora desde su concesión hasta su pago, aplicando el tipo vigente en cada momento. Además, este interés se incrementará en dos puntos cuando no se exijan garantías por causas extraordinarias.
Por último, también se modifican algunos criterios de denegación. Uno de los cambios más llamativos es la reducción del umbral mínimo de deuda para rechazar solicitudes, que pasa de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional a una sola. No obstante, esta limitación no se aplicará en los casos que se tramiten de forma automatizada.
