El Ministerio de Trabajo ha sacado a audiencia pública el texto para modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la que buscará realizar cambios en los protocolos que aplican las pymes y, principalmente, aumentar el cumplimiento de la prevención de riesgos en las empresas con pocos empleados.
El documento contiene diferentes cambios para transformar la normativa con el enfoque en el desarrollo de nuevas obligaciones, que permitan tanto aumentar el control en este materia como reducir las cifras de siniestralidad.
Entre las principales modificaciones, que ya se avanzaron con el texto que sacó el ministerio a consulta pública el pasado mes de enero, se incluye la creación de agentes territoriales, para llevar a cabo funciones específicas de prevención en los negocios con menos de diez empleados.
- Agentes territoriales para vigilar la prevención de riesgos en empresas de menos de 10 empleados
- La medida podría generar mayor conflictividad con los pequeños negocios
- El autónomo no podría desempeñar las labores de PRL si hay menos de 25 empleados
- La Inspección de Trabajo lleva a cabo casi medio millón de actuaciones en prevención
- El texto tiene que pasar por el Parlamento
Agentes territoriales para vigilar la prevención de riesgos en empresas de menos de 10 empleados
Uno de los principales aspectos del texto recoge que las organizaciones empresariales y sindicales designarán agentes territoriales de prevención de riesgos en cada comunidad autónoma, que se encargarán de controlar y asesorar en el cumplimiento de la normativa de PRL.
Estas tareas, así como funciones específicas en materia preventiva, se llevarán a cabo en las empresas o centros de trabajo con menos de diez empleados y que no cuenten con representación legal de los trabajadores. Entre sus competencias se encuentra:
- Asesorar y colaborar con la dirección de la empresa y las personas trabajadoras en la mejora de la acción preventiva.
- Promover y fomentar la cooperación de las personas trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Ejercer una labor de seguimiento del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Como explicó a este medio el vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Jesús Prieto, “la idea es que los negocios que no cuentan con representantes legales de los trabajadores, ni miembros del comité de empresa, tengan delegados de prevención. Así, que haya alguien que realice esas labores de control, a pesar de no ser empleados”.
Con un cambio como este, personas externas a la empresa o el centro de trabajo necesitarían contar con una habilitación para poder acceder a los negocios. “Es una medida para que las pequeñas empresas tengan un mayor control en ese ámbito. Una empresa de mayor tamaño suele poner más el foco en la prevención de riesgos –las pequeñas hacen lo que pueden–. En ese sentido, los agentes se ocuparían de la vigilancia más allá de las gestiones del inspector y del técnico disponible a nivel autonómico».
El documento también incorpora dos novedades relevantes generales para las pymes en el artículo 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: por un lado, el aumento del crédito horario para realizar actividades preventivas en el negocio, y, por otro, cambios en la formación de las personas delegadas de prevención, que tendrá que encontrarse adaptada a cada sector de actividad.
La medida podría generar mayor conflictividad con los pequeños negocios
Por otro lado, los agentes, aunque podrían suponer una ayuda sin coste para muchos negocios, como valoró Prieto, suponen un importante cambio que podría generar controversia y cuenta con una redacción del texto que tropieza con determinados derechos de las pymes.
En ese sentido, como trasladó el experto, la reforma busca aumentar la viabilidad para controlar la PRL en los negocios de menor tamaño. Sin embargo, podría derivar en complicaciones del acceso a los centros de trabajo para estos agentes, que no son funcionarios ni cuentan con determinadas competencias de la propia Inspección. Es decir, existe un vacío sobre la potestad de estas figuras para entrar en el negocio con la redacción actual existente en la ley.
“El problema es que implica realizar visitas en centros de trabajo que no dejan de ser domicilio constitucionalmente protegidos. Si prohíben a un inspector hacer una visita a un centro de trabajo, es una infracción, pero este aspecto no queda recogido en el supuesto de un agente territorial, que se encuentra fuera de la oposición para realizar una actividad de cumplimiento y control de la vigilancia. El texto choca con ciertos derechos que tienen las empresas”.
El autónomo no podría desempeñar las labores de PRL si hay menos de 25 empleados
Los cambios planteados por el ministerio también limitan la posibilidad de que la persona empresaria asuma personalmente las actividades de prevención bajo determinados supuestos.
Este derecho de los pequeños negocios estaba recogido en la ley para los negocios de hasta 25 de empleados que solo tuvieran un centro de trabajo. En estos casos, el autónomo podía asumir esas actividades si desarrollaba su actividad de manera habitual en el negocio y podía desarrollar las tareas al no haber grandes riesgos o peligrosidad a la que estuvieran expuestos los empleados.
Con la modificación, el derecho se reserva a los negocios con menos de diez empleados. Así, desaparecería esta posibilidad para los empleadores cuando el negocio tenga más de nueve trabajadores. Esto supondría disponer de un empleado para llevar a cabo estas funciones o, como hacen las empresas de mayor tamaño, recurrir a servicios externos para poder cumplir con las obligaciones en esta materia.
La Inspección de Trabajo lleva a cabo casi medio millón de actuaciones en prevención
Según los datos de la última memoria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2024), del 1,1 millones de actuaciones que se llevaron a cabo ese año, más de 470.000 fueron dirigidas al ámbito de la prevención de riesgos.
De estas, las principales se enfocaron en el control de las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo (96.496), la vigilancia de la prevención en sí misma (51.063), y en el derecho de formación e información preventiva de los empleados (39.770).
En cuanto a los sectores, como apuntó Prieto, existe una alta incidencia de los trabajos en altura en el sector de la construcción. La memoria de la ITSS recoge que casi cuatro de cada diez actuaciones se llevaron a cabo en este sector (187.080 actuaciones), seguido del sector servicios y la industria.
Asimismo, todas las actuaciones llevadas a cabo en este área suponen en su conjunto el 67% de todas las comprobaciones que realizó la ITSS durante ese año a los pequeños negocios y las pymes.
