Las micropymes, esto es, empresas que tienen menos de 10 empleados y no sobrepasan los dos millones de euros de facturación anual –en realidad, el 93% del tejido empresarial español–, podrán acogerse desde 2025 a un incentivo fiscal que reduce su factura en el Impuesto de Sociedades, si refuerzan su capital y, en algunos casos, si aumentan su plantilla.
La medida, que el Gobierno ha comunicado a Bruselas dentro de su plan fiscal estructural, podría suponer hasta 2.000 millones de euros menos de recaudación anual, según los cálculos del propio Ejecutivo.
El incentivo consiste en permitir a las micropymes aminorar su base imponible hasta un 20% si incrementan sus fondos propios. Y hasta un 30% si además elevan su plantilla media en más de un 10% y la mantienen durante tres años. En el caso de las de menor facturación –un volumen de ventas inferior al millón de euros– se aplicará un beneficio fiscal aún mayor: podrán reducir un 25% su base imponible al incrementar sus fondos propios, según detalló a este diario el profesor Guillem Domingo, de la escuela de negocios EAE Business School. Además, se establece un tipo reducido del 17% para los primeros 50.000 euros de base imponible, y un 20% para el resto.
Se trata de que las micropymes dejen de depender en exceso del endeudamiento bancario
Con estas fórmulas, el Ejecutivo pretende que las micropymes dejen de depender en exceso del endeudamiento bancario y apuesten por autofinanciarse. Lo que, al menos en teoría, fortalecería su solvencia, reduciría su vulnerabilidad y estimularía la inversión a largo plazo. Pero el impacto real en las empresas más pequeñas y en los autónomos con forma societaria es todavía incierto. “Muchas micropymes podrían quedarse fuera por no estar constituidas como sociedades de capital y no tributar por el impuesto de sociedades”, advirtió a su vez Massimo Cermelli, profesor titular de Economía y Finanzas en Deusto Business School.
La clave del nuevo incentivo es la llamada “reserva de capitalización”. Un mecanismo que permite reducir impuestos si los fondos propios aumentan respecto al año anterior. El Gobierno estima que esta deducción tendrá un impacto recaudatorio creciente: empezó en 2024, con un coste estimado de 500 millones de euros, y alcanzará los 2.000 millones anuales con su despliegue total.
Se trata de una solución fiscal que busca corregir un desequilibrio estructural del tejido empresarial español: su alta dependencia de la financiación bancaria, que lo hace más vulnerable a ciclos de crédito adversos.
“Las empresas con mayor capital están más valoradas y son más estables, lo que favorece la inversión y la productividad”, apuntó en este sentido Massimo Cermelli. El profesor de Economía y Finanzas en destaca que una menor dependencia de la deuda contribuye también a reducir los desequilibrios estructurales del sistema productivo y facilita una reindustrialización ligera basada en el capital humano y la innovación.
Los expertos coinciden en que las micropymes tienen dificultades concretas para aprovechar este incentivo
Sin embargo, tanto Cermelli como Domingo coinciden en que las micropymes tienen dificultades concretas para aprovecharlo. Uno de los principales problemas es precisamente la escasa capacidad de reinversión: muchos pequeños negocios no generan beneficios suficientes como para incrementar sus fondos propios.
Y mucho menos para contratar a nuevos empleados y mantenerlos durante tres años. “La efectividad real del incentivo dependerá de que las micropymes puedan generar esos beneficios y cumplir los requisitos”, reconoció Guillem Domingo.
Otro obstáculo común es la complejidad administrativa. La aplicación de esta deducción fiscal requiere una contabilidad regularizada y detallada, con libros al día y un seguimiento técnico adecuado. Para muchas micropymes sin asesoramiento especializado, este nivel de exigencia resulta inasumible, y la medida corre el riesgo, según los expertos, de quedarse en papel mojado. “La escasa capacidad de reinversión y la desinformación son barreras claras para acceder a estos incentivos”, insiste Cermelli.
Domingo también advirtió sobre este punto: “Sin asesoramiento fiscal adecuado, muchas micropymes podrían desconocer o malinterpretar las condiciones del incentivo”. Por eso, considera imprescindible que la Administración acompañe la medida con programas de información, formación fiscal y simplificación de los trámites. En su opinión, aunque el marco es positivo, su aplicación práctica requiere ajustes.
No todas las micropymes tributan por el impuesto de sociedades
Un requisito básico para beneficiarse del incentivo no está precisamente al alcance de todas las micropymes. Muchos autónomos, por ejemplo, siguen tributando por IRPF en estimación directa, y quedarían automáticamente fuera del nuevo beneficio. “Muchas no están constituidas como sociedades de capital, por lo que ni siquiera tributan por el impuesto de sociedades”, recordó Cermelli. Por tanto, este incentivo fiscal no afecta a todos los pequeños negocios, sino sólo a los que han adoptado una estructura societaria.
En este sentido, Cermelli propone una revisión del enfoque normativo para evitar dejar fuera a buena parte del tejido empresarial. Sugiere diseñar programas de microcapitalización o coinversión público-privada específicos para micropymes, así como un marco jurídico más flexible. “Habría que adaptar los incentivos fiscales al perfil de las micropymes y simplificar los requisitos contables y jurídicos”, afirmó.
Pese a todo, el plan fiscal incluye algunos gestos que apuntan hacia esa dirección. Además de los porcentajes de reducción específicos para empresas más pequeñas, se contempla una rebaja progresiva del tipo impositivo aplicable a entidades de reducida dimensión. El tipo del 17% para los primeros 50.000 euros de base imponible es, según Domingo, una medida que busca aliviar la carga fiscal y mejorar la liquidez de los negocios más pequeños.
Ambos expertos coinciden también en que la medida tiene sentido desde el punto de vista económico general. “Fortalece la solvencia de las empresas, reduce su vulnerabilidad financiera y fomenta la inversión a largo plazo”, resumió Guillem Domingo. Para Massimo Cermelli, además, puede tener efectos positivos sobre el empleo y la productividad: “El ahorro interno y la capitalización favorecen una mayor estabilidad empresarial, con menor incertidumbre y más capacidad para asumir riesgos e innovar”.
El diagnóstico favorable no oculta las debilidades de la aplicación práctica
La complejidad del incentivo, la falta de formación y el perfil jurídico de muchas micropymes dificultan que estas lleguen a beneficiarse realmente. “Habría que darle bombo, información y también, de alguna forma, ofrecer acompañamiento técnico: que te digan qué es lo que tienes que hacer”, reclamó Cermelli.
El Ejecutivo estima que el impacto neto de las medidas fiscales aprobadas recientemente será de unos 6.000 millones de euros al año, después de restar los efectos de los nuevos incentivos. Los nuevos gravámenes a la banca, a las grandes fortunas, al tabaco y al ahorro aportarán más de 8.000 millones, pero esta rebaja del impuesto de sociedades restará 2.000 millones a esa cuenta. El resultado: un ajuste fiscal que busca reforzar ingresos sin asfixiar a las empresas que más lo necesitan.
