- ¿Cuánto cuesta realmente tener a un alumno en prácticas en 2026?
- El verdadero esfuerzo para la pyme no es económico, es organizativo
- Qué vigila la Inspección de Trabajo en las prácticas no remuneradas
- La prevención pasa por cinco claves para evitar multas este año
Incorporar talento joven a una pequeña empresa es, ahora mismo, más barato de lo que la mayoría de los negocios imagina. Frente a la creencia generalizada de que la nueva normativa de cotización supone una pesada carga económica, la realidad en 2026 es radicalmente distinta: tener a un alumno en prácticas apenas cuesta algo más de 11 euros al mes en cotizaciones a la Seguridad Social, gracias a las reducciones previstas para las prácticas formativas no remuneradas.
Sin embargo, el verdadero quebradero de cabeza para los negocios no está en el bolsillo, sino en la gestión del día a día. Un solo error de planificación o una confusión en las tareas asignadas al estudiante puede encender las alertas de la Inspección de Trabajo. Y transformar una beca formativa en una sanción por relación laboral encubierta con graves consecuencias económicas.
Así, utilizarla para cubrir vacaciones, sustituir una baja o asignarle funciones estructurales de la empresa puede acarrear sanciones, reclamaciones de cuotas e incluso el reconocimiento de una relación laboral.
Según explicó a este medio Fermín Ojeda, decano del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura y vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales de España, «para empresas y autónomos, la clave del éxito no reside en cuánto cuesta incorporar un estudiante, sino en hacerlo de manera correcta».
La clave para autónomos y pymes pasa por conocer quién debe asumir las obligaciones con la Seguridad Social, cumplir correctamente los trámites y garantizar que las prácticas mantienen siempre su finalidad formativa. Con estas precauciones, incorporar talento joven deja de ser una carga económica para convertirse en una oportunidad para el negocio.
¿Cuánto cuesta realmente tener a un alumno en prácticas en 2026?
La realidad para este año es que incorporar a un estudiante en prácticas no remuneradas tiene un coste muy inferior al que todavía imaginan muchos pequeños negocios. Aunque desde 2024 es obligatorio dar de alta en la Seguridad Social tanto las prácticas remuneradas como las no remuneradas, esto no se traduce en una cotización elevada.
Como explicó Fermín Ojeda, «la respuesta es sencilla: bastante menos de lo que generalmente se piensa». Al tratarse de prácticas no remuneradas, no existe un salario base; en su lugar, la normativa establece una cuota fija por cada día efectivo de prácticas. El verdadero «truco» de este bajo coste está en que la cuota por contingencias comunes cuenta con una reducción del 95%.
Además, este tipo de formación cuenta con un blindaje fiscal importante para el negocio, ya que queda exenta de cotizar por:
- Desempleo.
- Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
- Formación profesional.
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
- Cotización adicional de solidaridad.
Coste desglosado de un estudiante en prácticas
Para un alumno que realice prácticas durante un mes completo (30 días), la cotización no se dispara porque la normativa aplica los límites máximos mensuales fijados por la Orden PJC/297/2026. En la práctica, el gasto real para la pyme se reduce a lo siguiente:
|
Concepto |
Importe |
| Contingencias comunes (tras aplicar la reducción del 95%) | 3,27 € |
| Contingencias profesionales | 7,95 € |
| Coste total de Seguridad Social |
11,22 € |
Si bien, Fermín Ojeda recordó que estos importes tienen carácter orientativo. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) calculará la liquidación definitiva mes a mes, basándose estrictamente en los días efectivos de prácticas que la empresa comunique a través del Sistema RED.
Siguiendo las mismas reglas de cotización diaria y topes mensuales, un estudiante que permanezca cuatro meses completos supondría un coste total de sólo 44,88 euros.
Con los números sobre la mesa, el vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales concluyó que, «desde un punto de vista estrictamente económico, la cotización difícilmente puede considerarse un obstáculo para incorporar estudiantes en prácticas».
El verdadero esfuerzo para la pyme no es económico, es organizativo
Una vez despejada la incógnita del bolsillo, el principal compromiso que asumen los autónomos y pequeñas empresas al incorporar a un estudiante en prácticas es otro muy distinto. La mayor inversión del negocio no se mide en euros, sino en tiempo, planificación y dedicación para que la estancia cumpla con la ley.
En este sentido, Fermín Ojeda advirtió de que «el verdadero esfuerzo empresarial consiste en dedicar tiempo y recursos a formar al estudiante». Es decir, la pyme no solo acoge al alumno, sino que debe garantizar que la experiencia responde a su único objetivo legal: completar la formación académica del estudiante y nunca cubrir una necesidad productiva o estructural del negocio.
Para cumplir con este requisito y evitar problemas legales, la empresa debe asumir una serie de obligaciones organizativas obligatorias durante todo el periodo de prácticas:
- Designar un tutor: Un profesional de la plantilla que realice un seguimiento real y supervise el aprendizaje.
- Planificar las actividades: Diseñar previamente las tareas formativas vinculadas a sus estudios.
- Coordinación educativa: Mantener una comunicación fluida con la universidad o el centro de Formación Profesional (FP).
- Gestión administrativa: Tramitar la documentación y las comunicaciones obligatorias en los plazos legales.
- Medios materiales: Facilitar al estudiante las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas.
- Prevención de riesgos: Garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral durante toda su estancia.
En definitiva, como resumió el graduado social, «la inversión más importante no es económica, sino organizativa». Precisamente por ello, una buena planificación desde el primer día resulta la mejor garantía para evitar incidencias posteriores y demostrar ante una inspección que las prácticas mantienen siempre su finalidad puramente educativa.
Qué vigila la Inspección de Trabajo en las prácticas no remuneradas
El coste de la Seguridad Social no es lo realmente preocupante, sino el uso real que el negocio hace del estudiante durante su estancia. Si la experiencia pierde su esencia educativa y el alumno pasa a desempeñar las tareas de un empleado más, es probable que la Inspección de Trabajo intervenga.
«Las prácticas tienen una finalidad exclusivamente formativa», continuó Fermín Ojeda. «Cuando el estudiante deja de aprender y pasa a producir como cualquier otro trabajador, desaparece la esencia de las prácticas». En ese momento, las prácticas se consideran una relación laboral encubierta, con todo el impacto económico y legal que eso arrastra para la pyme.
Errores que pueden hacer que Trabajo considere que existe una relación laboral encubierta
Según advirtió el experto consultado, existen ciertos comportamientos operativos que hacen saltar los sistemas de alerta de los inspectores. Si un negocio comete alguno de estos errores, corre un riesgo importante:
- Sustituir personal: Utilizar al estudiante para cubrir la baja médica de un empleado o sus periodos de vacaciones.
- Funciones estructurales: Encomendarle tareas fijas y necesarias para la actividad ordinaria del negocio, cubriendo necesidades permanentes de la plantilla.
- Falta de tutela: Permitir que el alumno trabaje con total autonomía, sin las directrices ni el seguimiento real de un tutor.
- Exigencia de resultados: Fijarle objetivos de productividad o ritmos de trabajo idénticos a los de un asalariado.
- Abandono formativo: No realizar un verdadero plan pedagógico ni evaluar el aprendizaje del estudiante durante las prácticas.
Para Fermín Ojeda, la frontera es nítida: «El estudiante debe acudir a la empresa para aprender, nunca para ocupar un puesto de trabajo».
Las consecuencias de un uso inadecuado de las prácticas
Cuando la Inspección concluye que el convenio formativo es una fachada para ahorrarse costes laborales, el castigo para la pyme suele ser severo.
Ojeda detalló el complejo escenario al que tendrá que enfrentarse el negocio en cuestión:
- Reclamación de cuotas de la Seguridad Social con carácter retroactivo.
- Levantamiento de actas de infracción y fuertes sanciones económicas.
- Reconocimiento forzoso de los derechos laborales del estudiante como trabajador de plantilla.
- Posibles reclamaciones salariales por las funciones ejercidas.
Por este motivo, el experto insistió en que «resulta imprescindible que las tareas asignadas respondan siempre a un verdadero proyecto formativo». Mantener este contenido educativo bien documentado y respetar los límites legales es, hoy por hoy, la mejor coraza de un autónomo frente a una inspección de Trabajo.
Revisar el convenio es clave para saber quién paga y gestiona el alta
Otro de los fallos más habituales entre los autónomos es dar por sentado que todo el papeleo y la gestión administrativa recaen sobre sus hombros. Sin embargo, la ley esconde una ventaja burocrática aún desconocida.
Como recordó el graduado, en las prácticas no remuneradas la regla general obliga a la empresa a asumir las obligaciones con la Seguridad Social. No obstante, la normativa permite que el convenio de cooperación educativa atribuya expresamente esas funciones a la universidad, instituto o centro de Formación Profesional.
Si el acuerdo se firma así, será el centro educativo quien se encargue de:
- Tramitar el alta y la baja del estudiante.
- Comunicar los días efectivos de prácticas a la Tesorería.
- Ingresar las cotizaciones mensuales correspondientes.
Por ello, la recomendación principal del experto es revisar minuciosamente el convenio antes de incorporar al alumno para comprobar quién figura exactamente como sujeto obligado ante la Seguridad Social.
La prevención pasa por cinco claves para evitar multas este año
Con un coste de cotización que apenas supera los 11 euros al mes, queda claro que el mayor riesgo para una pyme ya no está en el bolsillo. El verdadero peligro radica en cometer fallos organizativos que despierten el interés de la Inspección de Trabajo.
Para evitar problemas, Fermín Ojeda recomendó a autónomos y empresas revisar cinco aspectos críticos antes de dar la bienvenida a cualquier estudiante:
- Revisar el convenio de cooperación educativa: No firmar a ciegas. Es el primer documento que debe ser consultado para comprobar si las obligaciones con la Seguridad Social y la gestión de las altas y bajas las asume su pyme o el propio centro educativo.
- No utilizar las prácticas para cubrir necesidades ordinarias del negocio: El alumno nunca debe cubrir vacaciones, bajas médicas ni asumir tareas estructurales u ordinarias del negocio. Su presencia debe ser un extra dedicado al aprendizaje.
- Designar un tutor real que supervise el aprendizaje: La tutela no puede quedarse en un mero trámite sobre el papel. Debe existir un profesional en el negocio que planifique, supervise y evalúe de forma efectiva el día a día del estudiante.
- Planificar y documentar todo el proyecto formativo: Conviene definir previamente las tareas que realizará el estudiante y conservar toda la documentación que acredite el contenido educativo de las prácticas.
- Rigor en los trámites administrativos: Cumplir estrictamente con los plazos de comunicación de altas, bajas y días efectivos de prácticas exigidos por la TGSS a través del Sistema RED.
Como resumió el vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales de España, «la prevención siempre resulta más económica que afrontar posteriormente una actuación inspectora o un procedimiento judicial».
Porque, en el ecosistema laboral actual, el éxito de incorporar un becario no se mide por lo que cuesta, sino por la capacidad del negocio para demostrar que el estudiante acudió a aprender y nunca a ocupar un puesto de trabajo estructural.
