- La directiva europea obliga a los Estados a castigar penalmente eludir cualquier sanción
- Las pymes afrontan mayores dificultades para adaptarse a la nueva regulación
- Prevención y asesoramiento, escudo legal para las pymes exportadoras
- El gasto en ‘compliance’ pasa a ser una inversión necesaria y estratégica
- Una reforma que marcará un antes y un después en la cultura empresarial española
La reforma del Código Penal español, que castigará la violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea, afectará por igual a todas las empresas, sin importar su tamaño. Una micropyme que exporte, contrate servicios o mantenga relaciones comerciales con países o entidades sujetas a sanciones de la UE estará sujeta a las mismas responsabilidades penales que una multinacional.
La nueva normativa abre así un frente inédito de cumplimiento y control para un tejido empresarial español compuesto mayoritariamente por autónomos y microempresas.
Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), recuerda que estamos ante una legislación nueva, que afecta no solo a las relaciones comerciales, sino también a la fiscalidad unificada del universo de pymes europeas. Según explica, “la concienciación está empezando a calar, pero aún no con la diligencia que requiere la importancia del asunto”.
Por su parte, Ricardo Zion, profesor de Finanzas de EAE Business School, coincide en que “existe una importante falta de información y educación financiera entre las pymes españolas”. La formación en sanciones, cumplimiento y gestión del riesgo, según él, es prácticamente inexistente.
La directiva europea obliga a los Estados a castigar penalmente a empresas que eludan las sanciones
El cambio legislativo responde a la obligación de todos los Estados miembros de la UE de incorporar a su derecho nacional la Directiva (UE) 2024/1226, que obliga a tipificar como delito la violación dolosa de las sanciones y medidas restrictivas aprobadas por el Consejo Europeo.
España debe cumplir ese mandato antes de finales de mayo, y el Ministerio de Justicia ya trabaja en la reforma del Código Penal para incluir nuevos artículos que regulen estos supuestos. En la práctica, se trata de castigar penalmente, y no solo con sanciones administrativas, la elusión de embargos, congelaciones de activos o restricciones financieras impuestas a países como Rusia, Irán o Corea del Norte.
El objetivo de la UE es cerrar grietas en el cumplimiento de las sanciones internacionales. Hasta ahora, los incumplimientos de las sanciones dependían de las legislaciones nacionales y, en muchos casos, solo se penalizaban con multas administrativas o advertencias.
La guerra de Ucrania, sin embargo, ha evidenciado la necesidad de un marco más sólido. Empresas que indirectamente colaboraron en la evasión de embargos o en la transferencia de bienes vetados quedaron impunes o se enfrentaron a sanciones menores. Bruselas quiere acabar con esa disparidad y establecer una base penal común para toda la UE.
La novedad para España es que este marco no distingue tamaños. El delito existe tanto si lo comete una gran compañía como si lo hace una pyme que exporta materiales o servicios. Según explicó a este diario Ricardo Zion, la responsabilidad empresarial no se reduce al dolo: “Basta una actuación negligente o la falta de control interno para que una operación termine generando un riesgo legal y reputacional importante.” Por eso insiste en que el nuevo escenario “no es algo que pueda afrontarse improvisando”.
Las pymes afrontan mayores dificultades para adaptarse a la nueva regulación
Para Pedraza, la situación es especialmente compleja para las pequeñas empresas. Las medianas aún pueden asumir la implantación de procesos internos de control, pero las pequeñas lo tienen muy difícil. “Sin asesoramiento externo y sin recursos técnicos, adaptarse a esta nueva regulación puede ser casi imposible”.
La norma prevé penas de prisión para los responsables de las infracciones más graves y multas para las personas jurídicas equivalentes a hasta el 5% del volumen de negocio global del ejercicio anterior. En una pyme exportadora, esa sanción puede representar decenas de miles de euros. Además, los jueces podrán ordenar la suspensión de actividades o la publicación de la sentencia condenatoria, a costa del infractor, si existe un interés público en el caso.
Aunque la directiva europea incluye excepciones para la ayuda humanitaria y el suministro de bienes esenciales, las conductas punibles abarcan un espectro amplio: desde el comercio con entidades sancionadas hasta el simple hecho de no informar a las autoridades de la existencia de fondos bloqueados. Las empresas que operen con terceros países deberán revisar sus contratos, sus flujos financieros y, sobre todo, sus bases de clientes y proveedores.
Prevención y asesoramiento, escudo legal para las pymes exportadoras
“Hoy por hoy, son las entidades financieras las que actúan como primer filtro en materia de cumplimiento”, explicó Zion. “Cuando un banco sospecha que una operación puede vulnerar un régimen sancionador, la bloquea e informa al SEPBLAC [Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias]. Pero para la pyme, eso suele ocurrir demasiado tarde: la operación ya está en marcha y el daño comercial está hecho.”
Por eso, el profesor de EAE recomienda a las pequeñas empresas adoptar un enfoque preventivo: contratar asesoramiento especializado o utilizar plataformas digitales que permitan verificar si un cliente o un país están incluidos en las listas de sanciones internacionales. Existen herramientas que, con una simple búsqueda, cruzan nombres y operaciones con las bases de datos de la Unión Europea, Naciones Unidas y Estados Unidos.
El problema, señala Pedraza, es que este tipo de servicios supone un coste adicional. “La reforma con seguridad va a suponer un aumento de costes y de cargas administrativas para estas empresas”, advierte. Si lo unimos al exceso de regulación y fiscalización que ya afecta al tejido productivo español, el resultado será un incremento de la complejidad de su día a día. Aun así, reconoce que la normativa europea prevé ayudas y programas de acompañamiento para facilitar la adaptación, aunque de momento su alcance es limitado.
El gasto en ‘compliance’ pasa a ser una inversión necesaria y estratégica
Zion, en cambio, considera que el impacto económico será moderado si las pymes apuestan por soluciones digitales adaptadas a su tamaño. El gasto en compliance puede parecer un lastre, pero en realidad es una inversión razonable. A la larga, reduce riesgos, mejora la reputación y facilita el acceso a financiación o contratos internacionales.
Ambos coinciden en que los economistas y asesores externos tendrán un papel clave en esta etapa. Pedraza recuerda que “los requisitos legales de información pueden ser complejos y costosos, e incluso un obstáculo para el crecimiento de las empresas”. Por eso aconseja que las pequeñas se pongan en manos de asesores que las adapten a la regulación y les lleven el día a día. Las medianas, añade, podrían permitirse un departamento propio, aunque siempre resultará más eficiente recurrir a expertos externos.
Zion incide en esa misma línea: “Más de la mitad de las pymes españolas no tienen director financiero. Si operan con terceros países, necesitan apoyo profesional para evaluar los riesgos antes de cerrar una operación.” El refuerzo del cumplimiento puede convertirse en una ventaja competitiva, porque las empresas que acrediten transparencia y control tendrán más fácil acceder a licitaciones o clientes internacionales.
Una reforma que marcará un antes y un después en la cultura empresarial española
En el fondo, tanto Pedraza como Zion coinciden en que el cambio marca un antes y un después en la relación de las pymes con la normativa internacional. Las pequeñas empresas ya no podrán alegar desconocimiento, ni podrán operar al margen de las obligaciones europeas. El cumplimiento deja de ser una cuestión de imagen y pasa a ser una exigencia legal con consecuencias penales.
Como resume Antonio Pedraza, solo con preparación y asesoramiento podrán las empresas superar este reto unificador europeo. Y Ricardo Zion añade una advertencia final: “El cumplimiento normativo ya no es opcional. En un mercado global cada vez más regulado, ignorar las reglas puede salir mucho más caro que cumplirlas.”
