La Comisión Europea ha decidido dar un giro en su estrategia de competitividad global, con una medida que beneficiará directamente a los pequeños negocios: las pymes y micropymes europeas tendrán prioridad en la contratación pública en sectores estratégicos.
Este cambio forma parte de la llamada Brújula de Competitividad, una iniciativa que –en base al Informe Draghi, que identificó los principales desafíos económicos de Europa y propuso reformas estructurales para mejorar sus capacidades– busca reducir la carga burocrática y aligerar la normativa para mejorar el acceso de los pequeños negocios continentales a licitaciones y financiación.
Este movimiento responde a la creciente competencia de potencias como Estados Unidos y China, que han reforzado el apoyo a sus industrias nacionales con regulaciones más flexibles y medidas proteccionistas. Con la nueva estrategia, Bruselas busca evitar que las pequeñas y medianas empresas europeas queden en desventaja, facilitando su acceso a contratos públicos en áreas clave como energía, tecnología y defensa.
Se revisarán las normas de contratación para dar prioridad a las pymes europeas
Uno de los puntos más relevantes de la estrategia es la revisión de las normas de contratación pública para priorizar a las empresas europeas en sectores estratégicos como energía, defensa y tecnología. Esto supone un cambio de rumbo en la política de contratación de la UE, que hasta ahora no favorecía de forma explícita a las pymes del continente frente a proveedores de terceros países.
Nador Aguirregabiria, profesora del Instituto Europeo de Innovación y Negocios (IEIN), explicó a este diario que esta medida podría aumentar “la participación de las micropymes en licitaciones públicas, dándoles más oportunidades para acceder a contratos con administraciones nacionales y europeas. A largo plazo, esta reforma busca fortalecer la industria europea y reducir la dependencia de proveedores externos”.
Esto es especialmente importante para sectores donde las pequeñas empresas han tenido tradicionalmente dificultades para competir en licitaciones públicas, ya sea por falta de recursos o por normativas que beneficiaban a grandes corporaciones. Con esta medida, Bruselas busca nivelar el terreno de juego y permitir que más pymes accedan a contratos públicos en igualdad de condiciones.
La UE reducirá un 35% la carga administrativa para que las pymes puedan competir
Hasta ahora, muchas pymes y micropymes quedaban fuera de los procesos de contratación pública debido a exigencias administrativas y requisitos de reporte que sólo podían cumplir las grandes empresas. La Comisión Europea ha decidido cambiar esta situación con la reducción del 35% de la carga administrativa para pymes y un 25% para el conjunto de las empresas.
Nador Aguirregabiria, profesora del Instituto Europeo de Innovación y Negocios (IEIN), explicó a este diario que “esta reducción permitirá que los pequeños negocios se concentren en su actividad principal, en lugar de perder tiempo en trámites complejos”. La clave, según esta experta, está en “liberar a las micropymes de regulaciones que, hasta ahora, las equiparaban a grandes corporaciones, permitiéndoles operar con normas más proporcionales a su tamaño”.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban las micropymes era la multiplicidad de normativas nacionales y europeas, que generaban duplicidades y sobrecarga administrativa. La nueva estrategia busca homogeneizar requisitos y agilizar trámites para que el cumplimiento normativo no sea un obstáculo para los negocios más pequeños.
También se flexibilizarán los requisitos para que las pymes puedan acceder a financiación
Otra medida clave de la Brújula de Competitividad es la creación de un mercado de capitales más integrado, que podría movilizar hasta 470.000 millones de euros para facilitar la financiación empresarial. Hasta ahora, uno de los grandes obstáculos para el crecimiento de las pymes era la dificultad de acceder a capital en condiciones competitivas.
La experta señaló que esta reforma permitirá “una estandarización y simplificación de los procesos de acceso a financiación”; aunque advierte que las exigencias de sostenibilidad seguirán presentes. “La diferencia es que se adaptarán a la capacidad real de las pequeñas empresas, evitando que los requisitos medioambientales se conviertan en una barrera de entrada”.
El acceso a financiación es una de las grandes preocupaciones de los pequeños negocios en Europa, y la CE ha detectado que la falta de liquidez es un freno importante para la innovación y la digitalización. Con este nuevo marco, se espera que las pymes tengan acceso a instrumentos financieros más flexibles, que les permitan competir con mayor facilidad en mercados nacionales e internacionales.
La Brújula de Competitividad incluye la reforma de dos directivas clave: la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD). Estas normativas obligaban a muchos negocios a destinar tiempo y recursos a informes complejos que, en muchos casos, eran redundantes.
El objetivo ahora es eliminar duplicidades y mejorar la coherencia entre normativas, ajustando los requisitos a las necesidades de los inversores y reduciendo la carga administrativa para las pymes. Nador Aguirregabiria destacó que esta simplificación “permitirá reducir costes y facilitar el desarrollo e implantación de prácticas sostenibles, sin afectar la operatividad de los negocios medianos y sobre todo pequeños”.
Esto supone un alivio para los autónomos con pequeñas empresas, que muchas veces carecen de los recursos suficientes para asumir los costos derivados del cumplimiento normativo. La CE ha reconocido que, sin una adecuación realista de estas exigencias, muchas pymes podrían verse excluidas de sectores donde la sostenibilidad es un requisito clave para operar.
La hoja de ruta del plan tiene además un calendario de implementación
Las medidas de la Brújula de Competitividad no serán inmediatas, sino que se aplicarán progresivamente a lo largo de 2025 y 2026. Entre las primeras iniciativas está la implantación de un Plan de Acción para una Energía Asequible, que busca reducir los costes energéticos para las empresas y agilizar la concesión de permisos en sectores en transición.
Además, se lanzarán proyectos como las «Gigafábricas de IA» y programas para la adopción de inteligencia artificial en sectores clave. Bruselas también planea desarrollar un régimen jurídico único para empresas, con el objetivo de reducir el coste de los fracasos empresariales y garantizar un marco normativo estable para la innovación y el crecimiento.
