Según un nuevo estudio de lnforma D&B sobre el Análisis del Comportamiento de Pago Empresarial el número de empresarios que aplica intereses de demora por los retrasos en los pagos de sus clientes ha repuntado en el último año. Aunque sigue siendo un porcentaje bajo en comparación al total, los encuestados que afirmaron aplicar estos recargos legales pasaron del 12,26% al 13,65%.
Estos intereses que se pueden reclamar a la sociedad o al administrador junto con la deuda también se han incrementado para el segundo semestre de 2026, pasando del 10,15% al 10,40%, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de junio.
Se trata de un recargo muy superior al del interés legal del dinero, que los autónomos y las pymes pueden cobrar junto con los gastos por reclamación a sus clientes, como permite la Ley/2004 de lucha contra la morosidad. Por ejemplo, para una deuda de 6.000 euros, el autónomo podría reclamar un sobrecoste de 624 euros por intereses junto con el importe adeudado y dichos gastos de reclamación.
Sin embargo, en la práctica, la reclamación de estos derechos se restringe por diferentes factores; entre ellos, el temor a deteriorar las relaciones con los clientes.
- El número de pymes que cobran intereses de demora a sus clientes repunta tras varios años de caída
- Las pymes piden aplicar un régimen sancionador contra la morosidad
- El régimen “sancionador” europeo sigue atascado en el Consejo de la UE
- La hostelería, la Administración y la agricultura: los sectores que más se retrasan
El número de pymes que exigen intereses de demora a sus clientes repunta tras varios años de caída
El repunte en el número de empresarios que exigen intereses de demora se produce tras varios años en los que se ha ido reduciendo este porcentaje desde la pandemia, según revelan otras series de Informa D&B.
Otros estudios, como el de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) disponen de series con porcentajes, por lo general, bastante más reducidos, si bien sus datos también concentran una tasa de reclamaciones de los intereses ligeramente superior durante el período atribuible a la pandemia.
Sin embargo, este porcentaje, que continúa siendo muy bajo frente al total, convive con la demanda en el tejido empresarial de un reglamento sancionador que permita poner coto al impago de las facturas que sufren miles de empresas, y que afectan con mayor crudeza a los pequeños negocios.
Las pymes piden aplicar un régimen sancionador contra la morosidad
Así, otro dato relevante del documento es acerca de las soluciones que piden los autónomos al frente de las pymes para paliar el problema de los impagos. Pese a la mejora en el número de pagos que se realizan a tiempo (un 46% de pagos puntuales en el último año según el documento), más de la mitad aún se producen fuera de plazo y más del 50% de los negocios encuestados sufrieron algún impago durante el ejercicio 2025.
Además, el retraso medio de las empresas españolas ofreció la mejor cifra desde 2019, con un retraso medio de casi 14 días, pero la media se mantiene también por encima de la europea desde entonces.
Asimismo, un 55% de los encuestados cerró el año pasado con un riesgo alto o medio alto de pagar a más de 90 días. “El 54% de las empresas que tuvieron algún impago en 2025 ya habían registrado retrasos de más de 30 días en 2024, y el 71% de estos superaban los 90 días de demora”, detalla el informe.
En este marco, autónomos y empresarios piden principalmente la aplicación de un régimen sancionador para frenar la morosidad, siendo la medida más demandada entre los encuestados (una cuarta parte de los consultados).
Esta aparece seguida de «premiar a los buenos pagadores», así como «publicar los malos pagadores», «obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales», y otorgar «más préstamos y mejores ayudas», en ese orden. También aparecen, con menor fuerza, soluciones como mejorar la formación a los empresarios sobre gestión de cobros, servicios de mediación y códigos de conducta sectoriales.
El régimen “sancionador” europeo sigue atascado en el Consejo de la UE
La posibilidad de establecer un régimen de recargos obligatorio (aunque no un régimen sancionador) por los impagos apareció en el Parlamento europeo en 2024, fijando como criterio único 30 días de plazo para el abono de las facturas.
Los primeros ejes de la normativa preveían una cantidad a tanto alzado por los costes administrativos y de cobro como vía para poder reclamar la deuda, obligatorios y sin posibilidad de renuncia, así como un sistema de intereses de demora tampoco renunciable por el acreedor. Sin embargo, dos años después, este continúa en proceso en el Consejo Europeo.
El Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea reflejó, por su parte, que el 31% de las empresas europeas reconocía haber retrasado sus propios pagos porque ellas también estaban sufriendo impagos que les impedían hacer frente al abono de sus facturas.
Este escenario en el que muchos negocios piden el régimen para paliar la morosidad, convive, como se ha mencionado, con los porcentajes muy bajos de reclamación de los derechos por impagos, tanto del cobro de los intereses de demora mencionados, como de las indemnizaciones de 40 euros por factura que se pueden solicitar.
Los expertos de Informa D&B (así como los de la PMcM, y otros) señalan que se debe a que disponer de estos derechos formales no es un efectivo suficiente en la práctica porque autónomos y empresarios temen perder a sus clientes, o no pueden afrontar el coste de las reclamaciones. En ese sentido, establecer un régimen sancionador o, al menos, el régimen de recargos obligatorios, permitiría hacer frente a los impagos sin deteriorar las relaciones comerciales.
La hostelería, la Administración y la agricultura: los sectores que más se retrasan
El documento también apunta que la hostelería es el sector con el mayor retraso medio en sus pagos (23,54 días) y el único que crece con respecto a 2025 (2,40 días).
Le siguen la Administración (23,11 días de demora) y la agricultura (19,48 días de retraso). Como contrapunto, por debajo de la media se sitúan la industria (10,15 días), el comercio (12,41 días), las industrias extractivas (12,51 días), el sector de las comunicaciones (12,80 días) y construcción y actividades inmobiliarias (13,48 días).
Además, se produjeron descensos significativos al cierre de 2025 en la Administración y en el sector de los transportes, entre otros.
