La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado el cambio normativo que permitirá a más empresas ser consideradas pymes. Pero recuerda al Ejecutivo que el plazo para transponer la directiva europea venció en diciembre de 2024, lo que expone a España al riesgo de sanciones de Bruselas.
Según el organismo, estas medidas llegan con una década de retraso y permitirán que “puedan competir operadores de diferente tamaño a través de la implementación de un trato particular en favor de aquellos que presenten elementos diferenciadores, como es el caso de las pymes, que tanta relevancia tienen en nuestro país”.
El informe subraya que las pymes tienen un papel esencial en la economía española, con gran potencial de innovación y flexibilidad, pero también con mayor vulnerabilidad a los riesgos de mercado. Por ello, Competencia insiste en que aliviar su carga administrativa es clave para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y un entorno regulatorio más equitativo.
España debería haber modificado la definición de pyme antes de que terminase 2024
La Directiva delegada 2023/2775, que modifica los umbrales para definir microempresas, pequeñas y medianas empresas, debía haber sido transpuesta a la normativa nacional antes del 24 de diciembre de 2024.
Sin embargo, el gobierno español sigue sin adaptar sus leyes, a pesar de que la Comisión Europea ha recordado que los Estados miembros que incumplan estos plazos podrán ser sancionados, tal y como informó este medio.
La nueva regulación eleva en torno a un 25% los límites de facturación y balance, ajustándolos a la inflación acumulada en la eurozona durante la última década.
Cuando esta redefinición de las pymes esté vigente, miles de negocios dejarán de estar obligados a presentar cuentas anuales extensas o someterse a auditorías costosas, con un ahorro estimado por Cepyme de más de ocho millones de euros en cargas administrativas y la exclusión de unas 4.200 empresas de la obligación de auditar sus cuentas.
Competencia avala la reducción de cargas para las pequeñas y medianas empresas
El informe de la CNMC sobre el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno respalda plenamente que más sociedades puedan ser consideradas pequeñas y medianas porque “las pymes tienen un papel esencial, con un gran potencial para la innovación y la flexibilidad, pero también con mayor vulnerabilidad a los riesgos del mercado”.
Por eso, considera que establecer medidas de modulación para este tipo de empresas ayuda a fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, además de garantizar un entorno empresarial más justo.
En la práctica, la nueva regulación aumentará el número de entidades que podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, que estarán exentas de auditoría obligatoria y que serán consideradas pymes a efectos de la Ley de Auditoría de Cuentas.
La Comisión propone un mecanismo automático para evitar más retrasos
Más allá de respaldar la reforma, la CNMC también aporta algunas recomendaciones encaminadas a mejorarla. La primera tiene que ver con la capacidad de las autoridades para adaptar con agilidad los umbrales de definición de las pyme a los procesos inflacionarios, la razón de ser de este cambio normativo a nivel europeo.
De hecho, la Comisión advierte de que ha transcurrido más de una década desde la aprobación de la directiva europea pero los largos procesos legislativos, tanto comunitarios como nacionales, han llevado a que España, doce años después, todavía no los haya aplicado.
Por ello, este organismo plantea que la propia Unión Europea estudie un mecanismo de actualización automática de los criterios de tamaño empresarial cuando se den circunstancias excepcionales, como una inflación elevada que afecte al conjunto de la eurozona.
Con el instrumento sugerido por la CNMC, el marco regulatorio evitaría imponer más cargas a las pequeñas empresas como consecuencia del aumento de los precios.
La CNMC afea al Gobierno que no haya justificado suficientemente la ley
El informe también pone el foco en una carencia formal por parte del gobierno español. Y es que a pesar pasarse la fecha límite estipulada por Bruselas, a juicio de la CNMC, el Ejecutivo no ha acompañado su reforma legislativa con una justificación sólida.
El documento recuerda que la normativa comunitaria permitía a los Estados miembros fijar los umbrales máximos –7,5 millones de euros de balance y 15 millones de facturación–, opción que España ha escogido. Sin embargo, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) se limitó a señalar que la consecuencia sería liberar a un mayor número de empresas de cargas administrativas.
Para Competencia, este argumento es insuficiente. La CNMC recuerda que la flexibilización puede tener también desventajas, como una menor fiabilidad de la solvencia financiera frente a inversores o terceros.
Con todo, el organismo se apoya en otros estudios para considerar que los beneficios superan a los riesgos, pero recomienda reforzar la justificación gubernamental de la medida y complementarla con instrumentos que minimicen esos efectos, como informes alternativos de solvencia.
Competencia propone que estos cambios también permitan que las pymes reciban más ayudas
La CNMC advierte además de un tercer aspecto: el riesgo de que las modificaciones en materia contable no estén alineadas con otras regulaciones que también afectan a las pymes.
Hoy por hoy, los nuevos umbrales solo aplican a efectos de contabilidad, auditoría e información de sostenibilidad. Sin embargo, en ámbitos como las ayudas de Estado se sigue aplicando la definición de pyme fijada por la Recomendación de la Comisión de 2003.
Esto puede generar incoherencias ya que una empresa podría ser considerada pyme a efectos contables (por cumplir con los nuevos límites) y no serlo a efectos de subvenciones o programas europeos, con el consiguiente riesgo de falsear la competencia y de generar inseguridad jurídica.
Por ello, Competencia plantea que, si los Estados miembros aplican los márgenes de flexibilidad que permite la Directiva, convendría también que la UE actualizara otras definiciones de pyme para evitar desajustes y garantizar la coordinación entre las distintas políticas comunitarias.
Cuenta atrás para el Gobierno apruebe la reforma y evite sanciones
La CNMC se suma así a la creciente lista de organismos e instituciones que reclaman al Gobierno mayor rapidez en la transposición de directivas europeas. Para evitar que Bruselas abra un expediente de infracción y sancione a nuestro país, el Ejecutivo debería aprobar la nueva denominación de pyme antes de que termine 2025.
Además de las multas europeas, la Administración debe cumplir también el compromiso con el tejido productivo español formado, esencialmente, por pequeños negocios que estos últimos diez años han sufrido los estragos de la inflación.
