Para cualquier autónomo, recibir una notificación de la Agencia Tributaria puede convertirse en una auténtica pesadilla, al transformar una inspección en sanción e, incluso, la imputación de un delito fiscal.
Llegado a este punto el trabajador por cuenta propia se enfrenta a un dilema: ¿mejor pactar y cerrar el capítulo rápido o plantarle cara a Hacienda?
El fiscalista Esaú Alarcón, socio del despacho barcelonés Gibernau, explicó a este medio que no hay una única respuesta. Y que conviene entender bien todas las opciones que existen y sus consecuencias.
- El pacto administrativo: conformidad casi por defecto
- ¿Merece la pena litigar contra Hacienda?
- Del contencioso a la vía penal: qué pasa si hay delito fiscal
El pacto administrativo: conformidad casi por defecto
Todo arranca con la inspección. En esta etapa, el Fisco revisa declaraciones, facturas, gastos y cruza datos del profesional. Si detecta discrepancias, suele proponer una liquidación adicional con sanción incluida. Para Alarcón, en este punto es donde el autónomo debe tomar a la primera gran decisión: firmar en conformidad o plantarse.
“Para la Administración, la conformidad es la vía preferida. Le permite cerrar el expediente rápido, cobrar antes y evitarse litigios”, expuso el fiscalista. De hecho, según sus cálculos, aproximadamente ocho de cada diez actas se firman en conformidad, gracias a los incentivos que la ley ofrece: reducciones en la sanción por aceptar la propuesta y por pronto pago.
Sin embargo firmar una conformidad no es sólo aceptar la interpretación de la norma, sino “admitir los hechos que Hacienda imputa”. Esto significa que después no hay vuelta atrás. Si más adelante aparecen argumentos nuevos, ya no se pueden usar. “Es cómodo y rápido, sí, pero hay que estar seguro de que la propuesta de Hacienda es correcta”, advirtió Alarcón.
¿Merece la pena litigar contra Hacienda?
Si el autónomo no está de acuerdo con la propuesta de la inspección, puede optar por firmar el acta en disconformidad. Eso abre la puerta a pelear: primero, mediante recursos ante los Tribunales Económico-Administrativos, y si hace falta, ante la jurisdicción contenciosa.
Los datos que manejan los fiscalistas apuntan a que Hacienda pierde aproximadamente la mitad de los casos en vía económico-administrativa. Además, una parte de los que pierden ahí se confirman después en la vía contenciosa ante jueces, aclaró el experto. En total, según el Instituto de Estudios Económicos, el 60% de los contribuyentes que recurren logran que los tribunales les den la razón frente a Hacienda.
Para Alarcón, Hacienda pierde muchos de estos casos porque “la técnica legislativa es muy deficiente, muchas sanciones están mal motivadas y, además, la Administración es cada vez más agresiva a la hora de interpretar la ley. Esto genera resoluciones frágiles, que se caen cuando un tribunal entra al fondo de la cuestión”.
Eso sí, tampoco es aconsejable litigar en todos los casos, según el fiscalista. Los importes pequeños no suelen compensar el coste de abogado y tiempo invertido. Pero a partir de “cifras de cinco o seis dígitos”, pelear es una opción rentable. “Las grandes cantidades merecen un recurso bien armado, porque muchas veces la razón acaba dándola el tribunal”, resumió Alarcón.
Del contencioso a la vía penal: qué pasa si hay delito fiscal
A veces, la inspección va más allá de una simple regularización y detecta indicios de delito fiscal. Esto ocurre cuando la cuota supuestamente defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año. En ese momento, la inspección remite el caso a la Fiscalía y emite una liquidación vinculada a delito, lo que abre un nuevo escenario: la vía penal.
Aquí aparece una paradoja que sorprende a muchos contribuyentes según Esaú Alarcón: a menudo, pactar un acuerdo penal sale más barato que aceptar la sanción administrativa. El Código Penal contempla el llamado “acuerdo de conformidad”, que reduce drásticamente la pena de prisión y rebaja la multa penal hasta el punto de que “puede ser más baja que la sanción administrativa original”.
Aunque en algunos casos, aceptar la conformidad penal puede ser una decisión pragmática, Alarcón recuerda una vez más que intervienen otros factores.
Primero, para pactar hay que tener liquidez inmediata. “Si no tienes patrimonio, no puedes cerrar el acuerdo. Es un chantaje legal encubierto que favorece al contribuyente con recursos y deja en peor situación al pequeño empresario que no puede pagar al momento”, apuntó Alarcón.
Además, aceptar la conformidad penal tiene un precio reputacional: en España, pactar se interpreta como reconocer la culpa, aunque en realidad sea solo una estrategia para pasar página. En países como Estados Unidos está más normalizado, pero en España estas estrategias cargan con “una ‘pena social’ de declararse culpable”, señaló el fiscalista.
Por último, conviene tener en cuenta que no todos los perfiles de contribuyentes encajan en la misma estrategia. “No es lo mismo un autónomo de 80 años que puede estirar el proceso hasta que la causa prescriba, que alguien de 40 con muchos años de negocio por delante. Cada caso necesita un traje a medida”, resumió.
La conclusión de Alarcón es clara: cada persona y cada fase requieren una decisión informada y asesoramiento profesional, ya sea con un fiscalista o con un penalista. Firmar sin pensar, litigar a ciegas o pactar sin entender las consecuencias puede salir muy caro a un autónomo.
