La mayoría de los recursos presentados por personas físicas contra resoluciones tributarias de Hacienda acaban en derrota judicial. Sin embargo, esto no impide que muchos autónomos sigan recurriendo: más por defender sus derechos que por la expectativa real de ganar; es decir, más por dignidad que por dinero.
Es lo que refleja el “Informe sobre la Justicia Administrativa 2024”, elaborado para el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid, y que analiza la litigiosidad en materia tributaria a lo largo de una década: procesos de inspección, sanciones, liquidaciones, derivación de responsabilidades…
Existe un nivel alto de recursos, incluso cuando las estadísticas están en contra del contribuyente
Más del 50% de los pleitos que presentan las personas físicas –entre las que se incluyen la mayoría de los autónomos– tienen una cuantía inferior a los 25.000 euros. No se trata de grandes sumas, sino de reclamaciones, en muchos casos simbólicas, derivadas de sanciones, devoluciones indebidas o pequeñas liquidaciones tras una inspección. Pero pese a ese perfil modesto, los autónomos no dejan de dar la batalla. El informe concluye que “se mantiene un nivel alto de recursos, incluso cuando las estadísticas están en contra del contribuyente”.
El dato más llamativo tiene que ver con el IRPF, el impuesto que afecta directamente al bolsillo de los autónomos. Sólo el 20% de los recursos judiciales sobre IRPF son estimados. Es decir, apenas uno de cada cinco acaba con una sentencia favorable para el recurrente. Y en algunos años, como 2017, ese porcentaje cayó por debajo del 10%. Aun así, el número de recursos no disminuye. Y la lectura que hacen los investigadores del informe es clara: los autónomos reclaman por sus derechos, más que por su dinero, puesto que no siempre esperan ganar. Pero consideran que es necesario resistirse a lo que consideran injusto.
Otro dato relevante es que, a medida que el proceso judicial avanza, los autónomos se van quedando fuera. En las instancias superiores, como la apelación o la casación ante el Tribunal Supremo, los que continúan en la batalla son sobre todo las personas jurídicas, que cuentan con más recursos y asesoramiento legal. En casación, por ejemplo, el 60% de los recursos proceden de negocios, mientras que las personas físicas apenas representan el 35%. Es decir, los autónomos están sobrerrepresentados en los primeros pasos del proceso, pero se ven superados cuando el litigio se encarece económicamente o se demora en el tiempo.
Sanciones y devoluciones de ingresos indebidos están entre las actuaciones de la AEAT más frecuentes
El informe también analiza qué tipo de actuaciones de la Agencia Tributaria provocan más recursos. Las derivaciones de responsabilidad, las sanciones y las devoluciones de ingresos indebidos son las tres categorías más frecuentes, y en todas ellas destacan las personas físicas como principales recurrentes. La interpretación que hacen los autores del informe es que este perfil responde a casos en los que el contribuyente “siente que ha sido tratado de forma automática o injusta por la Administración, sin suficiente oportunidad de defensa”.
En cuanto al resultado de los procedimientos, las cifras tampoco son alentadoras para los autónomos. El 54% de los recursos en vía judicial son desestimados totalmente, mientras que un 8% reciben una estimación parcial. El porcentaje de victorias completas es bajo en casi todos los tributos, salvo el IVA, donde hay cierta estabilidad con estimaciones en torno al 30%, algo más favorable que en el IRPF o el Impuesto de Sociedades. En resumen, la Justicia suele dar la razón a Hacienda en más de la mitad de los casos; aunque no siempre de forma rotunda.
La cuestión de las costas judiciales también juega en contra de los pequeños. La condena en costas se produce con más frecuencia en pleitos de cuantía elevada, pero incluso en procesos modestos, el temor a tener que asumir los gastos del contrario puede disuadir a muchos autónomos de continuar. Los datos del informe muestran que las costas se imponen con más frecuencia cuando la cuantía supera los 450.000 euros, lo que afecta más a pymes que a autónomos, pero el simple hecho de que exista esa posibilidad genera una sensación de riesgo y desigualdad.
Un detalle especialmente interesante del informe es cómo han cambiado los porcentajes de éxito con el tiempo. En los primeros años del periodo analizado, los contribuyentes ganaban entre el 30% y el 40% de los pleitos en IRPF. Sin embargo, esa cifra se desplomó a partir de 2014 y tocó fondo en 2017, con menos del 10%. En 2020 repuntó ligeramente, por encima del 20%, pero ha vuelto a caer en los últimos años. Los investigadores no se explican a qué se debe esta evolución, pero sí constatan que no hay un patrón claro que permita al recurrente anticipar su probabilidad de éxito.
Los expertos admiran el que muchos recursos se presenten sin respaldo de grandes bufetes o asesores fiscales especializados
Frente a esta realidad, la lectura que hacen los expertos fiscales es que existe un nivel notable de persistencia y compromiso con la defensa de derechos por parte de los contribuyentes individuales. Muchos recursos se presentan sin contar con grandes bufetes, ni asesores fiscales especializados, lo que hace aún más meritorio el hecho de mantener el pulso judicial. “En muchos casos, lo que se busca no es tanto ganar como no dejar pasar una injusticia”, se recoge entre las conclusiones del estudio. La resistencia tiene también un valor simbólico, incluso cuando el resultado no acompaña.
En comparación con las empresas, los autónomos aparecen como los litigantes más activos en los primeros tramos del proceso, aunque también los más vulnerables. Los negocios cuentan con más experiencia en procesos largos y costosos, y están mejor equipados para llevar los casos hasta el final. De hecho, cuando se analizan los recursos en segunda instancia, el desequilibrio se acentúa: la mayoría de las personas físicas abandonan, no por falta de razón, sino por agotamiento de recursos.
Precisamente, una parte del problema está en la complejidad del lenguaje jurídico y tributario. Muchos autónomos no entienden con claridad las resoluciones que reciben, ni los motivos por los que han sido sancionados o se les deniega una devolución, lo que provoca frustración y decisiones impulsivas. El informe no entra en este aspecto de forma directa, pero lo sugiere al destacar el tipo de actos impugnados y la frecuencia con la que se recurre por cuestiones de procedimiento más que de fondo. Es decir, que muchas veces no se discute si el tributo está bien calculado, sino si el proceso fue respetuoso o comprensible.
Finalmente, los investigadores insisten en que estos datos no deberían interpretarse como una llamada a la resignación, sino como una evidencia de que el sistema debería ser más accesible y transparente para los pequeños contribuyentes. La alta tasa de desestimaciones no debería inhibir la voluntad de reclamar, sino estimular una reflexión institucional sobre cómo se puede garantizar que los autónomos tengan una vía justa y efectiva de defensa. Reclamar no siempre es rentable, pero sigue siendo necesario.
