La ministra de trabajo ha decidido aplazar la aprobación del decreto que rebajaría la jornada de los trabajadores a 37,5 horas entre otras obligaciones –como el registro de jornada digital– para los autónomos, al constatar que no tendría el apoyo suficiente para sacarlo adelante.
Según Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el aplazamiento supone “un respiro momentáneo” para miles de autónomos y pequeños negocios que soportarían 12.000 millones de euros de costes al tener que rebajar la jornada de sus trabajadores. Como ya avanzó este diario, ni la patronal ni las organizaciones de autónomos se oponían a esta rebaja pero sí pedían analizar su aplicación teniendo en cuenta el tamaño de cada negocio.
La intención de Diaz continúa siendo someter esta medida a la votación del Congreso tras el verano. Para ello, el Ejecutivo necesitaría el apoyo de Junts, grupo parlamentario con el que se reunió esta misma semana y que de momento no ha mostrado su disposición a votar a favor.
- Imponer la reducción de jornada por ley a los pequeños negocios supondría aumentar los costes laborales
- El aplazamiento da un respiro a los autónomos pero mantiene la incertidumbre
Imponer la reducción de jornada por ley a los pequeños negocios supondría aumentar los costes laborales
Según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que ahora no exista mayoría en el Congreso para aprobar la reducción de jornada es un “respiro momentáneo para más de 900.000 autónomos empleadores”. Entre otras cosas porque «supone un incremento de más de 12.000 millones al año de coste para los autónomos con trabajadores”.
Tanto ATA como las patronales CEOE y CEPYME llevan meses advirtiendo que esta reforma no puede imponerse de forma generalizada a todos los sectores productivos, sin causar perjuicios en el empleo y la viabilidad de miles de negocios. “Confiamos en que la reducción de jornada se siga negociando donde se tiene que negociar, en la negociación colectiva”, insistió Amor.
Tal como ya recogió este medio, los autónomos con empleados se enfrentarían a un doble reto: reorganizar los turnos para cumplir con la nueva jornada y asumir el aumento de costes sin ayudas específicas, ni bonificaciones, ni compensaciones. En sectores como la hostelería, el pequeño comercio o los servicios personales, la reducción de horas puede obligar a contratar más personal o recortar plantilla.
El aplazamiento da un respiro a los autónomos pero mantiene la incertidumbre
Aunque el aplazamiento aleja temporalmente la entrada en vigor de la medida, la incertidumbre persiste. Desde el Ministerio de Trabajo mantienen su intención de sacar adelante la reforma esta legislatura, pero por ahora no cuentan con el respaldo necesario en el Parlamento. ERC, PNV y Junts han expresado dudas sobre los efectos de la medida en las pymes y el empleo, y exigen ajustes y más diálogo antes de darle luz verde.
El Gobierno había planteado aplicar la primera fase de la reducción en 2025, bajando de 40 a 38,5 horas semanales, y una segunda fase en 2026, hasta las 37,5. La norma afectaría a cualquier relación laboral, sin diferenciar por tamaño de empresa, lo que generó una fuerte oposición entre los pequeños empleadores.
Como ya explicaron a este medio los afectados, una reducción de jornada sin reducción salarial implica automáticamente un aumento del coste por hora trabajada. Para muchos autónomos empleadores, eso supondría una factura anual difícil de asumir. ATA estima que el impacto global de la medida superaría los 12.000 millones de euros anuales, una cifra que podría traducirse en destrucción de empleo, subidas de precios o cierre de negocios.
Por ahora no hay una nueva fecha para retomar el debate pero como pronto, se retomará en septiembre tras el descanso estival de los diputados. Todo dependerá de la evolución de las negociaciones políticas y de si el Gobierno está dispuesto a introducir modificaciones en el texto original tal y como le han pedido algunos grupos políticos.
