Hace dos años, entró en vigor la reforma de la Ley Concursal, que despertó en su momento grandes expectativas. Su objetivo principal era dotar a los negocios, especialmente a los pequeños y medianos, y también a los autónomos, de herramientas más ágiles y efectivas para afrontar situaciones de insolvencia y reestructuración.
Sin embargo, el balance de este segundo aniversario, a juicio de los abogados consultados por este diario, arroja más sombras que luces. Los expertos coinciden en que, lejos de haber dotado a los negocios de herramientas sencillas para saldar sus deudas, la reforma ha generado un aumento de los conflictos judiciales.
La Ley Concursal trajo algunas novedades importantes para el colectivo, como el aumento a 20.000 euros del importe que pueden exonerar los autónomos por sus deudas con Hacienda y Seguridad Social. Sin embargo, según los expertos, el conjunto de medidas -como por ejemplo, el procedimiento específico para microempresas y los planes de reestructuración de deuda- no habrían generado el impacto esperado.
Tres de cada cuatro concursos no habrían logrado acuerdo y requieren la intervención de un juez
La promesa de agilizar los procesos y fomentar soluciones consensuadas entre acreedores y deudores se ha visto empañada por una realidad diferente. “Los planes sin un pacto representan las tres cuartas partes de los casos analizados, lo que supone un cambio de tendencia respecto al año anterior”, explica un informe del conocido bufete Cuatrecasas.
Un fenómeno que, lejos de facilitar acuerdos, ha propiciado un aumento de la litigiosidad y una mayor intervención de los jueces. Jorge Fernández, socio del despacho AF Legis, coincidió en este diagnóstico: “la reforma no ha sido ni práctica ni eficaz, y los procedimientos son más lentos y farragosos de lo esperado”.
Una tendencia que reflejó también a este diario, aunque con matices, José Vicente Roldán Martínez, socio responsable del Área de Reestructuraciones de Estudio Jurídico y Asociados (Ejaso). Si bien reconoce que “la experiencia de dos años y el control más férreo de los jueces han incrementado la sensación de litigiosidad”, también subraya que esta percepción está sobredimensionada “debido a la amplia difusión mediática de ciertos casos conflictivos”. En todo caso, su postura, matizada, refleja la complejidad del escenario actual.
La plataforma y los concursos especiales para microempresas tienen «fallos frecuentes»
Sin ir más lejos, la reforma incluía medidas concretas para facilitar el acceso de las microempresas a procedimientos más ágiles. “El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) supone una gran herramienta para los pequeños y medianos negocios, dado que favorece alcanzar acuerdos con los acreedores y que estos se protejan u homologuen judicialmente”, apuntó a este diario Antonio Fernández Guerra, socio director de Bilvem Estrategia SG. Sin embargo, estas herramientas no han cumplido su cometido. Jorge Fernández señala que la plataforma diseñada específicamente para microempresas carece de eficiencia, con fallos frecuentes al cargar datos y trámites más lentos que los de un concurso ordinario”.
Por su parte, José Vicente Roldán consideró que la clave “radica en la necesidad de prontitud en la toma de decisiones; los negocios llegan tarde al proceso, cuando la deuda ya es insostenible”. Los procedimientos de microempresas han supuesto un verdadero fiasco en el sector debido a errores técnicos y la falta de claridad en las notificaciones, lo que ha desincentivado su uso”, añadió Antonio Fernández Guerra.
El procedimiento especial para microempresas, contemplado en el artículo 684 del TRLC, se perfilaba como una solución óptima. “Es un marco muy ágil que podría ser suficiente si se eliminan las duplicidades”, aseguró Roldán. Sin embargo, añade que “para las microempresas, los bajos importes de deuda y la falta de incentivos de las entidades financieras complican el uso efectivo de los planes”.
La creación de tipos de acreedores ha generado tensiones entre bancos y pequeños negocios
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la creación de clases de acreedores. Esta medida, pensada para facilitar acuerdos, ha generado tensiones entre entidades financieras y pequeños negocios. Roldán explicó: “Imponer clases artificiales para arrastrar a las entidades genera malestar y lleva a impugnaciones. Los pequeños y medianos negocios necesitan el apoyo de los bancos, y los planes forzados solo agravan el problema”.
Este escenario también está vinculado a los requisitos de homologación de los planes de reestructuración. “La inobservancia de transparencia y realismo en los planes de reestructuración inevitablemente conlleva un aumento de los conflictos judiciales, complicando aún más los procesos”, según Fernández Guerra. En palabras de Jorge Fernández, “las quitas desproporcionadas y la falta de acuerdos viables han llevado a un aumento de la oposición entre las partes, complicando aún más los procesos”. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de ajustes legislativos que garanticen mayor equidad.
Y si bien la reforma ha generado un aumento de la litigiosidad, también se han registrado algunos casos de éxito. Un ejemplo destacado es el de Alimentos El Arco, una pequeña cadena asturiana de supermercados que logró evitar el concurso de acreedores gracias a un plan de reestructuración homologado en 2024. Este caso muestra el potencial de la reforma cuando se aplica correctamente.
Sin embargo, otros negocios no han tenido la misma suerte, debido a la falta de apoyo financiero o a planes poco viables. La diversidad de resultados pone en evidencia que las herramientas ofrecidas por la reforma, aunque útiles en ciertos casos, no han sido adoptadas de manera uniforme por todos los sectores.
Los expertos piden simplificar los procedimientos y acompañar más a los pequeños negocios
Además, los abogados consultados señalan que los sectores más afectados suelen ser aquellos que requieren un alto nivel de circulante, como el comercio minorista o los servicios. En estos ámbitos, la falta de financiación adecuada y los largos plazos de negociación dificultan la viabilidad de los planes.
Los expertos consultados por este diario coinciden en que la Ley Concursal tiene un potencial significativo, pero requiere ajustes para ser efectiva. José Vicente Roldán propone simplificar los procedimientos y fomentar un mayor acompañamiento a los negocios. “Con una validación externa del plan de negocio y asesores legales adecuados, las entidades financieras serán más receptivas”, aseguró.
Por otro lado, la promoción de herramientas como los sistemas de alerta temprana y la mejora de las plataformas digitales podría marcar una diferencia clave para los pequeños negocios. Jorge Fernández insiste además en la necesidad de mejorar la eficiencia técnica de las plataformas existentes, “eliminando duplicidades y asegurando que los trámites sean realmente ágiles”.
Por último, es crucial que las administraciones promuevan una mayor formación en las herramientas disponibles y fomenten una cultura de planificación financiera temprana. Sin estas medidas, la reforma seguirá siendo objeto de las mismas críticas que hoy, dos años después de su entrada en vigor.
