- El Gobierno está corrigiendo el proyecto del control horario a partir de las observaciones del Consejo de Estado
- Algunas de las cuestiones que abordó el Consejo sobre el nuevo control horario
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el registro horario se aprobará “lo antes posible”. Pero no ha garantizado que se vaya a aprobar durante este mes.
Así lo comunicó durante el cierre institucional de la 40 edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Según avanzó, el gabinete se encuentra aún “en proceso de contestar” y corregir el proyecto de real decreto a partir de las observaciones del Consejo de Estado; un informe que resultó desfavorable a la propuesta del Ministerio de Trabajo.
Entre estas recomendaciones, el órgano consultor incidía en la falta de diferenciación por sectores, en la necesidad de aclarar cómo se van a comunicar y proteger los datos personales de los empleados y en el impacto económico que la medida tendrá sobre las pymes, que cuentan con menor capacidad para asumir nuevos costes.
En este sentido, el coste se había fijado inicialmente en 867 millones de euros, aunque esa estimación no incluía la implementación, la formación de los trabajadores ni el mantenimiento.
El Gobierno está corrigiendo el proyecto del control horario a partir de las observaciones del Consejo de Estado
Como añadió el vicepresidente primero, a partir de estas observaciones al proyecto que presentó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, van a definir hacia dónde van las correcciones que trasladará Economía tras haber reformado el texto.
Aunque Cuerpo afirmó que el texto se aprobará “cuanto antes” y “en cuanto se pueda”, su respuesta supone un nuevo revés a los sindicatos UGT y CCOO, que se pronunciaron tras las declaraciones de Cuerpo para asegurar que no cumplir con la previsión supondría una ruptura del diálogo social.
Algunas de las cuestiones que abordó el Consejo sobre el nuevo control horario
Coste para las pymes
Una de las principales cuestiones que abordó el Consejo de Estado fue que la memoria de impacto económico no justificó el coste real supondría la implantación de la medida para las pymes.
Aunque el proyecto presentado inicialmente por Trabajo parte de la premisa de que la mayor parte de las empresas de más de 50 trabajadores utilizan ya sistemas digitales, el consejo acreditó que no era posible asumir el coste previsto por empleado. En especial, en el caso de las empresas de menor tamaño y con menos capacidad para afrontar nuevos gastos.
Además, en ese cálculo no se habían incorporado otros costes inevitables, como la implantación del sistema, la formación de los trabajadores o su mantenimiento.
Asimismo, el dictamen recordó que, según los datos oficiales utilizados en el propio expediente, el 94,07% de los trabajadores presta servicios en pequeñas y medianas empresas, por lo que serán estas las principales afectadas por la reforma. Precisamente por ello, entiende que el impacto económico no puede calificarse como poco significativo.
La memoria calcula un coste de 4,62 euros mensuales por trabajador (55,4 euros al año). Asimismo, avisa del impacto sobre la competitividad de los pequeños negocios al aplicar estas medidas y añade que las nuevas obligaciones no se limitan a adquirir una aplicación informática.
Deberán elaborar un protocolo de organización y documentación del registro, formar a los trabajadores que utilicen el sistema y mantener el registro permanentemente actualizado y accesible para la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores. Todo ello supone cargas adicionales que, a juicio del Consejo, no han sido correctamente valoradas en la memoria de impacto.
Adaptación de la norma por sectores
El Consejo de Estado también consideró que el proyecto no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de situaciones existentes entre los distintos sectores productivos.
Recoge favorablemente la observación formulada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que menciona que una imposición homogénea de las nuevas obligaciones no responde a la realidad de sectores, con características y necesidades distintas para poder adaptarse a la norma.
En concreto, el dictamen destaca que deberían contemplarse especialidades sectoriales o dispensas justificadas para actividades como el empleo del hogar, los sectores regulados sobre jornadas especiales, el trabajo agrario, el transporte o la construcción.
En estos ámbitos, se producen desplazamientos continuos de los empleados, trabajo itinerante, falta de conectividad o una elevada imprevisibilidad de la jornada, dificultando el uso de los sistemas digitales con la previsión que se desarrolla en el texto. Por ello, se incluye en el documento a partir del análisis ministerial, entre otras valoraciones del consejo, una revisión por sectores en el marco del diálogo social.
La protección de datos
Como ya avanzó este diario, la protección de datos es otro de los asuntos que mantienen en vilo a las asociaciones de autónomos y empresarios, como ATA y CEOE, debido a la preocupación sobre el cumplimiento de la normativa con los datos personales que se van a tratar con el nuevo registro.
En ese sentido, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), emitió un informe desfavorable acerca del nuevo registro, siendo esta una de las cuestiones planteadas en el dictamen del consejo.
La preocupación de la AEPD se centró en diferentes cuestiones acerca de la regulación planteada inicialmente para el control horario, como una insuficiente definición del tratamiento de datos, el impacto que pudiera tener en la protección de datos el acceso directo y en tiempo real de la Inspección de Trabajo, o la proporcionalidad en el uso y la protección de los datos en el empleo de sistemas como la biometría y la geolocalización.
Por último, también señaló que la regulación de esta parte de la normativa referente al tratamiento de datos no puede establecerse únicamente mediante un real decreto, sino que requiere norma con rango de ley.
