La proposición de ley para que los autónomos que cotizan en mutualidades pasen a integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) comienza su trámite parlamentario. Hoy, 6 de mayo, se votará su toma en consideración en el Congreso de los Diputados. Si obtiene los votos suficientes, la propuesta será remitida a la comisión correspondiente para trabajar en la mejora del texto, así como presentar enmiendas en un plazo de 15 días. Con este cambio, se busca que estos trabajadores por cuenta propia puedan mejorar la cuantía final de sus bajas pensiones, una demanda desde hace años de esta parte del colectivo para poder mejorar la cuantía de su jubilación.
Según el presidente de la Abogacía, Salvador González, quien se ha estado reuniendo con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre la cuestión, el grupo socialista –que presenta la proposición y la defenderá durante la jornada en el Pleno– se habría comprometido a “tramitar la norma con la máxima urgencia”, mientras que los populares se habrían mostrado favorables a trabajar para encontrar una solución a la problemática que arrastran estos trabajadores por cuenta propia.
Desde hace décadas, los profesionales que desarrollan una actividad económica de manera independiente deben darse de alta en el RETA, pero muchos colegios profesionales mantienen la opción de cotizar en mutualidades propias y asociaciones de profesionales que, de manera similar a la cotización por el sistema público, financian prestaciones como la jubilación o la incapacidad temporal.
En concreto, los acogidos a este sistema de previsión social –tradicionalmente común entre las profesiones liberales– se encuentran percibiendo pensiones muy bajas cuando acceden a la jubilación; con muchos de estos profesionales están cobrando prestaciones que apenas alcanzan los 500 euros mensuales. Al respecto, González denunció que las aportaciones requeridas por el Estado que fueron realizando estos autónomos durante décadas eran supervisadas por la Seguridad Social.
Así, los mutualistas se encontraba a la espera de esta proposición de ley, que incluye los avances que señaló la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su primera comparecencia ante el Senado el año pasado, entre los que se incluye la desaparición de las mutualidades como sistema de previsión alternativo al RETA a partir del 1 de enero de 2027.
La problemática también fue debatida hace unas semanas con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, a fin de estudiar, entre otras cuestiones, la situación de esta parte del colectivo para garantizar soluciones, quienes piden que el cambio normativo se tramite lo antes posible.
La proposición de ley prevé establecer una aportación mínima y la futura desaparición de la cotización alternativa
Para llevar a cabo esta iniciativa parlamentaria –una vez que el texto definitivo salga adelante, según se prevé–, se llevaría a cabo una modificación en la Ley de la Seguridad Social, realizando los cambios sobre las mutualidades alternativas reguladas en las disposiciones adicionales 18ª y 19ª del Real Decreto Legislativo 8/2015.
Por el momento, la iniciativa parlamentaria recoge una mejora de la cobertura de las mutualidades, para lo que se fija una cuota mínima a ingresar y un porcentaje mínimo de prestaciones, afectando directamente a dicha cobertura. Para ello, no podrán situarse por debajo del 80% de la pensión mínima del sistema público, fijada este 2025 en 874,40 euros mensuales para jubilados de 65 años o mayores y en 1.127,60 euros para aquellos con cónyuge a cargo (por tanto, 699,50 euros y 902 euros, respectivamente).
También, se establece la pasarela, dirigida a aquellos autónomos que, cumpliendo con unos requisitos, quieran entrar al sistema público. La finalidad es que puedan trasvasar sus cotizaciones directamente al RETA computando los años de su carrera de cotización. Es decir, que mutualistas actuales podrían seguir en este sistema o pasar todas sus aportaciones a la Seguridad Social.
Asimismo, se recoge la supresión de la posibilidad de acogerse a una mutualidad de previsión social como alternativa al sistema público a partir del próximo 1 de enero de 2027, obligando a todas las nuevas personas profesionales que se den de alta como autónomos desde esa fecha a integrarse obligatoriamente en el RETA de la Seguridad Social.
Las plataformas de mutualistas demandan que el trámite parlamentario se lleve a cabo lo antes posible
González también se reunió recientemente con las principales plataformas de mutualistas -una serie de encuentros que se vienen produciendo desde el verano pasado- para tratar cómo solucionar las dificultades para los trabajadores por cuenta propia que actualmente se encuentran cotizando por este sistema alternativo, donde los representantes demandan evitar que el número de pensionistas con una prestación escasa continúe creciendo, ya que se espera que se jubilen cerca de 35.000 profesionales en los próximos 20 años.
“Sabemos que en la mayoría de los casos no alcanzan la pensión mínima a la que cualquiera autónomo tendría derecho por aplicación del complemento a mínimos, lo cual supone un trato discriminatorio a los mutualistas pasivos, que no podemos admitir. Nos consta que hay compañeros y compañeras que están percibiendo en concepto de percepción mensual cantidades que rondan los 500 euros, y algunos incluso por debajo de los 300 euros”, señalaron desde La Abogacía.
Por el momento, González ha aclarado que los principales grupos parlamentarios se han mostrado favorables a alcanzar consenso sobre la materia para sacar la modificación legislativa adelante, e incluso, en el caso de los socialistas, a tramitar la medida con la máxima urgencia, como se ha mencionado.
Esto responde a las demandas que los miembros de las plataformas realizaron al presidente de la Abogacía, quienes mostraron preocupación por la demora en el tiempo que estaba llevando la tramitación de esta proposición de ley, dado que el asunto “se agrava” conforme se van jubilando nuevos mutualistas. “Son miles cada año, con lo cual el problema no hace más que aumentar”.
Además, el presidente de La Abogacía avanzó que presentó un requerimiento ante las instituciones europeas por este asunto, al cual el Parlamento Europeo respondió por carta que ha encargado a la Comisión Europea una investigación preliminar sobre la situación.
