El Tribunal Supremo ha establecido un importante precedente en su reciente sentencia 114/2025, destacando que una absolución penal en la acusación de hurto no implica la anulación automática de un despido disciplinario por falta de confianza de la empresa en el trabajador. Este fallo, que versa sobre un proceso por la sustracción de mercancía, refuerza la autonomía entre las jurisdicciones penal y laboral, aclarando que la primera no condiciona la segunda.
La sentencia del Alto Tribunal responde a un caso en el que un trabajador fue despedido por sustraer material de la empresa. En el caso en cuestión, el demandado fue absuelto en lo penal debido a la falta de pruebas suficientes para acreditar que su comportamiento constituyera un delito de hurto, ya que no se demostró la intención de obtener un beneficio económico por parte del trabajador, requisito esencial para tipificar el hurto.
El despido por llevarse material de la empresa no se anuló por a pesar de la absolución por hurto
Aunque el empleado fue absuelto en el ámbito penal, debido a la falta de pruebas para considerar que su comportamiento constituía un delito, el despido no se anuló. En su fallo, el tribunal confirma que la absolución penal “no vincula automáticamente a los tribunales laborales”, aclaró a este diario Diego Ricardo Molinari, socio fundador de MCHM Abogados. “La sentencia aclara que, mientras el ámbito penal se rige por la presunción de inocencia, el ámbito laboral se basa en una valoración razonable de los hechos, no necesariamente vinculada a su calificación penal”.
En otras palabras, el Tribunal Supremo destaca que las decisiones tomadas en el ámbito penal, como una absolución por falta de pruebas, no afectan automáticamente a las decisiones en el ámbito laboral. En este caso, la empresa había argumentado que, aunque no se tratara de un hurto en sentido penal, la conducta del trabajador había violado la buena fe contractual, lo cual justifica el despido.
“El trabajador reconoció haberse llevado productos sin autorización, lo que constituyó una falta grave de confianza”, comentó Molinari, subrayando que este tipo de violaciones pueden ser motivo suficiente para un despido disciplinario, “incluso si no existe una condena penal”.
La sentencia también establece criterios claros sobre cuándo un despido puede ser revisado a raíz de una absolución penal. Según el letrado de MCHM Abogados, “el artículo 86.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece que sólo se puede revisar un despido si la sentencia penal absolutoria se basa en la inexistencia del hecho o en que el trabajador no participó en él”. Esto implica que, si la absolución se basa en motivos como la insuficiencia de pruebas o la falta de tipicidad penal, no procede la revisión del despido, como ocurrió en este caso.
Es una sentencia clave para los autónomos con empleados a la hora de tomar decisiones disciplinarias
La reciente sentencia del Alto Tribual es trascendental para aquellos autónomos con empleados, a la hora de llevar a cabo decisiones disciplinarias. “Si la absolución penal se fundamenta en otros motivos, como la falta de pruebas suficientes, el despido no se verá afectado”, aseguró el letrado. Para los autónomos y micropymes, esto implica que no deben temer que una absolución penal automática reabra la cuestión del despido, siempre y cuando la justificación del despido en el ámbito laboral esté bien fundamentada.
La sentencia subraya también la importancia de que las pymes tengan políticas claras y documentadas en cuanto al manejo de inventarios y los procedimientos disciplinarios. En este caso, la empresa no contaba con un protocolo formal escrito que prohibiera que los trabajadores se llevaran mercancía sin autorización, aunque existían normas implícitas. Para Molinari, “el negocio debió establecer un protocolo claro y formal para evitar disputas futuras”. Según el abogado, es fundamental “normas bien definidas sobre temas como el manejo de bienes y la sustracción de material, que estén claramente registradas, incluso en los contratos laborales”.
Además, según el experto, para evitar futuros litigios,” los autónomos con empleados deben establecer y formalizar normas claras sobre el acceso a bienes de la empresa”, recomendó Molinari. Este consejo es especialmente relevante para los autónomos y pequeñas empresas, que a menudo no cuentan con protocolos detallados y corren el riesgo de enfrentarse a situaciones complicadas si los empleados no comprenden claramente las consecuencias de sus acciones.
En este tipo de casos, la documentación probatoria es esencial. En el caso analizado, la empresa presentó grabaciones y testimonios que confirmaron que el trabajador había sacado mercancía sin autorización, lo que resultó en la justificación del despido, a pesar de la absolución penal. Según el abogado, “mantener un registro detallado de los incidentes, como grabaciones de video, informes internos y declaraciones de testigos, es crucial para respaldar la decisión de un despido”.
El caso subraya la importancia de un control adecuado sobre los incidentes ocurridos
“Es fundamental que los autónomos cuenten con evidencia documental de los hechos que justifiquen un despido, ya sea por mal comportamiento o violación de las normas internas de la empresa”, afirmó Molinari. En este sentido, los empresarios deben ser proactivos en la gestión de los conflictos laborales, asegurándose de que cualquier decisión disciplinaria esté suficientemente respaldada por pruebas.
El Tribunal Supremo también aclara que, aunque el despido fue validado, la sanción debe ser proporcional a la gravedad del incumplimiento. “En este caso, la sustracción de mercancía, combinada con la posición de confianza del trabajador, justificó la extinción del contrato», explicó Molinari, quien enfatizó que la proporcionalidad es esencial para evitar que un despido sea considerado arbitrario.
“El despido debe ser proporcional al daño causado. Si el incumplimiento es grave, como el caso del trabajador que abusó de la confianza depositada en él, el despido está justificado”. Sin embargo, explicó el experto, si el incumplimiento es menor, es recomendable aplicar sanciones graduales, como amonestaciones previas.
El Supremo también advierte sobre el peligro de utilizar la absolución penal como una forma de reabrir el debate fáctico en el ámbito laboral. Según Molinari, la sentencia “establece que no se puede usar la absolución penal como herramienta para impugnar el despido, lo que protege a los autónomos empleadores de litigios innecesarios”.
Este aspecto es fundamental para los autónomos y micropymes, ya que les permite gestionar los despidos con mayor seguridad. “El fallo refuerza la estabilidad jurídica para los empleadores, evitando que los trabajadores utilicen una absolución penal para cuestionar decisiones que ya han sido tomadas en el ámbito laboral”, concluye el socio fundador de MCHM Abogados.
