La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya asumía su derrota en el Congreso a primera hora esta mañana para sacar adelante la reducción de jornada a las 37,5 horas. La negativa de Junts a retirar las enmiendas a la totalidad del texto deja zanjado el final del proyecto de ley, no sin que la ministra de Trabajo asegurara que la votación en contra «perseguirá» en las calles a PP, Vox y la formación catalana.
Ante la negativa de los tres partidos, la vicepresidenta ha movilizado a los sindicatos, que han salido a las calles este miércoles para protestar “en defensa” de la norma, pese a que tanto economistas como las patronales vienen argumentando los efectos negativos que tendría actualmente aplicar la reducción laboral para los negocios de menor tamaño.
Según declaró la diputada y portavoz de Junts, Míriam Nogueras, la negativa del partido «no es a la reducción de jornada», sino a su puesta en marcha sin llegar a un acuerdo con la mesa del diálogo social, asegurando que la formación catalana está más a favor aún de “mantener el Estado de bienestar”.
Nogueras también aseguró que la reducción de la jornada perjudicaría a los pequeños negocios, sin tener en cuenta su realidad económica y generando importantes desigualdades en el tejido empresarial, lo que podría llevar a las empresas de menor tamaño a cerrar, y generando una diferencia de en torno a 900 euros en el coste por empleado que supondría la medida en función del tipo de negocio, en línea con la patronal catalana Foment del Treball.
- El Foment de Treball estimó que la reducción de jornada habría costado 23 millones a las empresas españolas
- Díaz quiere poner en marcha el Real Decreto para aumentar el control de registro horario
El rechazo a la reducción de jornada evita un aumento del 7% de los costes laborales
Por su parte, tanto las patronales CEOE y Cepyme, como la patronal catalana, argumentaron a lo largo del año que su puesta en marcha habría provocado un incremento del 7% en los costes laborales, un dato emitido por el propio Ministerio de Trabajo.
Asimismo, la patronal catalana emitió en un comunicado a mediados del verano que, de salir adelante la reducción, habría sido “el error económico más grave en 46 años de democracia” , provocando un impacto estimado de 23.000 millones de euros para las empresas españolas, una cifra que Cepyme fijó en 11.800 millones en costes directos.
El Foment del Treball también publicó un manifiesto titulado Por la productividad, por el diálogo social, donde señaló la necesidad de recuperar el consenso político. En este documento, donde se posicionó firmemente en contra de la reducción de jornada sin negociación colectiva, se incluye un decálogo en defensa de la productividad, agradeciendo a PP, Vox y Junts que presentaran la enmienda a la totalidad en contra de la propuesta “y a pesar de las presiones”.
Díaz quiere poner en marcha el Real Decreto para aumentar el control de registro horario
La vicepresidenta ya anunció que si decaía el texto para la reducción de jornada tramitaría como alternativa la parte del aumento del control horario electrónico por la vía del Real Decreto.
La nueva ley podría llevar a que autónomos y empresas con asalariados a cargo tuvieran que eliminar el papel como vía para acreditar la asistencia de sus trabajadores al puesto y pasar a un registro completamente digital, lo que podría incurrir en un nuevo sobrecoste para muchos pequeños negocios.
Éste, como ya avanzó este medio, estaría conectado a la Inspección telemáticamente, y obligaría a registrar e informar del desarrollo de la jornada laboral con mayor detalle; por ejemplo, de las pausas o interrupciones que realizasen los empleados a lo largo de su tiempo de trabajo.
