El pasado 4 de junio, el Instituto Juan de Mariana (IJM) presentó en Madrid su informe La Curva de Laffer Regulatoria, que analiza el impacto del exceso de regulación en la economía española. Según el estudio, esta carga actúa como un «impuesto oculto» que genera un coste económico de 70.000 millones de euros anuales, equivalente a 1.470 euros por ciudadano o 4.410 euros por hogar.
Un sobrecoste que, según expusieron los ponentes, limita especialmente la competitividad e innovación de los autónomos y las pymes.
Y es que el informe destaca que España «aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista” y desde el IJM expusieron que “el propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10 por ciento generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros.”
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Las CCAA con menor carga regulatoria tienen mejor desempeño económico
- La burocracia perjudica especialmente a los negocios más pequeños y a los autónomos
- El pequeño comercio, entre los sectores más perjudicados por la hiperregulación
- Los economistas del IJM proponen simplificar normas y ajustarlas al tamaño de cada empresa
Las CCAA con menor carga regulatoria tienen mejor desempeño económico
El informe introduce el concepto de la Curva de Laffer Regulatoria, explicando que “un nivel moderado de regulación aporta seguridad jurídica y fomenta la actividad económica”. Sin embargo, señala que “superar un umbral crítico –estimado en unas 450 normas anuales por comunidad autónoma– genera efectos negativos”.
En España, este límite se ha rebasado ampliamente y el estudio indica que, entre 2015 y 2022, el Índice de Complejidad Regulatoria cayó un 50%, de 26,11 a 13,17 puntos. Lo que sitúa al país en la antepenúltima posición entre 63 economías desarrolladas y emergentes.
El informe destaca que la descentralización española, comparable a países federales como Canadá o Alemania, ha dado a las comunidades autónomas amplias competencias legislativas. Sin embargo, apunta que “esto ha derivado en una proliferación normativa desigual”.
Por ejemplo, “Cataluña, con 766 normas anuales, supera el umbral de equilibrio, situándose en el tramo descendente de la Curva de Laffer Regulatoria”, mientras “regiones como Madrid o País Vasco, con menos carga normativa, muestran mejor desempeño económico”. El estudio añade que “el volumen de regulación por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en estas regiones”.
El director del IJM, Manuel Llamas, explicó a este medio que “la combinación de subidas de impuestos e hiperregulación explica, en gran medida, ya no sólo el estancamiento económico que ha sufrido España en los últimos años, sino el gradual empobrecimiento de los españoles. España, por desgracia, se ha convertido en un infierno fiscal, pero también en un infierno regulatorio”.
La burocracia perjudica especialmente a los negocios más pequeños y a los autónomos
El informe subraya que las pymes y autónomos, tienen menos margen para cumplir las normativas complejas por lo que son los más afectados por esta sobrecarga burocrática.
Durante la presentación, Grant Hunter, exministro de Desregulación de Alberta (Canadá), afirmó que “las pymes son quienes crean dos de cada tres nuevos empleos y, al mismo tiempo, son las pymes y los emprendedores los que más y peor afectados se ven por la burocracia. Así que, si eliminamos la burocracia, veremos más actividad empresarial, más dinamismo”.
Otro de los economistas que participaron en el acto, Daniel Lacalle, lamentó que “en España, un empresario tenga que dedicar al menos 49 días al año exclusivamente a cumplir con trámites burocráticos” lo que equiparó a “casi dos meses de trabajo perdidos al año” y calificó como “inaceptable además de ineficiente”. Una problemática que afecta especialmente a los trabajadores por cuenta propia que no tienen departamentos especializados ni personal para encargarse de estas tareas.
El pequeño comercio, entre los sectores más perjudicados por la hiperregulación
El estudio detalla que la regulación excesiva eleva los costes de cumplimiento, reduce la flexibilidad operativa y desincentiva la inversión, afectando a sectores clave del tejido productivo:
Vivienda
Según el informe, “la complejidad normativa y la lentitud administrativa retrasan el desarrollo de obra nueva entre 10 y 14 años, generando un déficit de 423.000 viviendas”, lo que encarece el mercado y afecta a pequeños promotores.
Pequeño comercio
Hay alrededor de 390 normas diferentes que afectan a los pequeños negocios y España es uno de los países de la Unión Europea que impone más barreras al comercio minorista, explican desde el IJM. Además, calculan que se podría generar un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros si se redujera una décima parte de estas regulaciones.
Salud
El estudio señala que la nueva Ley del Medicamento, con 400 alegaciones por opacidad, y los 500 días para registrar fármacos complican la operativa de pequeños laboratorios y de los farmacéuticos. Además, el Plan Antitabaco, criticado por la CNMC y países como Suecia o Italia, restringe, sin evidencia empírica, productos alternativos que podrían reducir parte de los daños causados por el tabaquismo.
Energía
El informe compara lo que ocurre en España con lo que sucede en otros países de nuestro entorno: “las trabas a la nuclear y las seis normas ambientales por cada una que hay en Francia no reflejan en un mejor desempeño ambiental” ya que España ocupa el puesto 22 del Índice de Yale, frente al 12 de Francia. Para la empresas esto se traduce en un sistema con mayor vulnerabilidad y aumento de costes.
Economía Colaborativa
Según el estudio, las restricciones a plataformas como Uber, Airbnb o el reparto a domicilio (Ley Rider) limitan oportunidades para los autónomos. Para justificar este argumento cita un análisis del Instituto IZA que indica que “la Ley Rider redujo el empleo un 7%, los salarios un 3% y las horas trabajadas un 2,5%”.
Los economistas del IJM proponen simplificar normas y ajustarlas al tamaño de cada empresa
El informe aboga por una política de mejora regulatoria que “simplifique normas, elimine duplicidades y se base en evidencia empírica” y recuerdan que la Comisión Europea ya ha recomendado a España reducir su exceso de legislación y mejorar el clima empresarial para fortalecer su competitividad económica. Para lograrlo proponen “la simplificación de la regulación en función del tamaño de las empresas en ámbitos como el laboral, la auditoría y la fiscalidad, con el objetivo de optimizar la asignación de capital y mano de obra, fomentar la inversión y mejorar la productividad”.
Para pymes y autónomos, esto significaría, según el estudio, “menos burocracia, menores costes y un entorno más propicio para crecer”. Y concluye que “la reducción de la carga normativa podría liberar recursos equivalentes a la recaudación del IVA, impulsando la inversión y la competitividad sin aumentar impuestos”.
En un país donde las pymes y los autónomos sustentan el 99% de tejido productivo, el informe del Instituto Juan de Mariana presentado en Madrid subraya que simplificar la regulación es una “necesidad” inaplazable.
El director del IJM fue muy contundente: “Nos jugamos todo en este reto, tanto el presente como, sobre todo, el futuro de nuestro país. España tiene que reducir el tamaño del Estado y rebajar impuestos, sí, pero también eliminar de forma drástica y contundente la maraña de normas, reglamentos y prohibiciones absurdas que impiden un crecimiento sólido y sano”.
