Hace tan sólo unos días que se publicó el Plan del Ministerio de Trabajo 2025-2026. En él se detallan los ámbitos en los que pondrá el foco la actividad inspectora al menos durante el próximo trienio. Ciertos negocios se encuentran ahora más que nunca en el punto de mira de la Inspección, por lo que deberán extremar las medidas preventivas para evitar requerimientos o sanciones.
Sectores como el transporte, la industria, la hostelería y la agricultura, entre otros, se encuentran entre los más observados. Algunas de las cuestiones sobre las que se incrementará la vigilancia del organismo son la parcialidad y el abuso de periodos de prueba de forma fraudulenta, las falsas cooperativas y las empresas buzón, el teletrabajo -también el internacional-, los falsos autónomos, las plataformas digitales, la discriminación y la alta siniestralidad, entre otras.
La gran novedad es que se multiplicará el cruce de datos masivo entre el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y otros organismos, lo que, en palabras de Jesús Prieto, vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS) “aumentará la eficiencia de la Inspección, ya que sabremos exactamente dónde actuar”. Además “se enviarán muchas más cartas, se harán más inspecciones y estarán mejor dirigidas”.
Sectores sobre los que se concentra la actividad inspectora
Muchos autónomos se preguntan hasta qué punto su actividad puede convertirse en un posible objetivo de la Inspección. Jesús Prieto insiste en que lo más importante no es el sector al que se pertenece sino el tipo de campañas que se estén llevando a cabo desde el organismo. Si bien es cierto que, cada una de ellas, afectan de manera heterogénea a los negocios.
En algunos casos como, por ejemplo, los casos de falsas cooperativas y empresas buzón, la mencionada resolución hace referencia a una estrecha colaboración con el Ministerio de Transportes para detectar irregularidades en este sector en concreto.
La agricultura, la pesca, el reparto de mercancías y las nuevas formas de trabajo son mencionados por el Ministerio como algunos de los más estrechamente vigilados en cuanto a riesgo de siniestralidad.
En otros casos, es necesaria la visión de campo del vocal del sindicato de inspectores de trabajo, Jesús Prieto, para arrojar luz sobre qué negocios de qué sectores estarán más vigilados.
Algo que sí está claro es que, el aumento exponencial de cruces de datos cambiará la forma en que el organismo dirigirá las inspecciones a partir de ahora. Según explicó Prieto estos intercambios masivos de información “dependerán de la campaña e investigación que tengamos que hacer. No es lo mismo accidentes, que teletrabajo, bajas en periodos de prueba o tiempos parciales”. También hay que tener en cuenta que “se harán siempre que se pueden cruzar datos”.
Fraude del uso del contrato a tiempo parcial
Según aclaró Jesús Prieto, puede que la parcialidad afecte en mayor medida a sectores como la hostelería y el comercio, donde hay una alta incidencia de contratos parciales que realmente no lo son. Pero “es un fenómeno que abarca todos los ámbitos”.
A este respecto, se mantendrá el foco de atención en este tipo de fraude y se llevarán a cabo planes de choque con cruces de datos masivos y actuaciones inspectoras.
Las mujeres siguen siendo las más afectadas por la parcialidad indeseada, que alcanza a más de un millón de trabajadoras frente a 355.000 hombres.
Despidos en periodo de prueba
Uno de los ámbitos donde la Inspección de Trabajo pondrá especial atención este año es en el uso del periodo de prueba para extinguir contratos.
Jesús prieto explicó a este diario que, se trata de una práctica que se ha extendido en los últimos años, “yo diría que, especialmente, en la industria y la logística”, donde es habitual prescindir de trabajadores recién incorporados sin justificación suficiente.
En sectores como la hostelería la situación es más compleja, ya que, como aclaró Prieto, aunque existen picos de trabajo estacionales que permiten recurrir a contratos fijos discontinuos, se han detectado también irregularidades vinculadas a periodos de prueba que encubren relaciones laborales temporales.
El problema se concentra sobre todo en puestos que requieren menor cualificación, ya que las empresas evitan aplicar esta estrategia en perfiles que exigen una formación más prolongada.
Tal y como avanzó este medio, el Plan de la Inspección 2025-2027 contempla intensificar los controles sobre los contratos extinguidos en periodo de prueba y no descarta la aplicación de sanciones económicas que, en los casos más graves, podrían alcanzar los 1.000 euros por infracción.
Alta siniestralidad laboral
La Inspección pondrá especial atención en los sectores con mayores índices de accidentes, como construcción e industria, donde “los trabajos en altura o el manejo de maquinaria siguen generando un elevado número de siniestros graves y mortales”.
Jesús Prieto advirtió de que “muchos de estos accidentes se evitarían con medidas preventivas básicas”, como la correcta protección en tejados o paneles, pero la falta de control hace que continúen repitiéndose.
El nuevo Plan prevé mantener campañas permanentes de seguridad y salud, coordinadas con los institutos autonómicos y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se investigarán no solo los accidentes graves y mortales, sino también los leves y las enfermedades profesionales, incluyendo trastornos musculoesqueléticos y riesgos psicosociales.
Además, se vigilará con más detalle a los sectores feminizados, como el sociosanitario y limpieza, donde se detecta infradeclaración de contingencias profesionales y un elevado número de bajas comunes.
Para los pequeños negocios y autónomos, esto supone que los incumplimientos en prevención de riesgos tendrán cada vez menos margen. La Inspección reforzará la investigación, el cruce de datos y el seguimiento de las medidas preventivas tras cada accidente.
Mayor vigilancia en sectores feminizados
Los negocios que operan en actividades feminizadas, como centros de cuidados, limpieza o servicios sociosanitarios, también están en el punto de mira de la Inspección. Según explicó Jesús Prieto, vocal del sindicato de inspectores de Trabajo, son sectores donde se concentran más casos de precariedad y malas condiciones laborales, lo que los convierte en otro objetivo prioritario de las campañas.
Esto significa que pequeñas empresas de limpieza, residencias, centros de día o negocios que contratan personal para tareas de cuidados deberán extremar el cumplimiento de la normativa laboral. Se revisarán aspectos como la contratación parcial, la prevención de riesgos laborales y la igualdad de trato, ámbitos donde la Inspección aplicará un mayor control.
Interesa que los autónomos y pymes que trabajan en estas áreas cuenten con contratos bien definidos, medidas de prevención actualizadas y políticas de igualdad visibles. No hacerlo puede traducirse en sanciones que, según el nuevo Plan, estarán mucho más respaldadas por cruces de datos y actuaciones específicas.
Teletrabajo y teletrabajo internacional
El teletrabajo afecta sobre todo a negocios de asesoría, publicidad, diseño, consultoría, educación online o servicios financieros y de seguros. En estos sectores, la Inspección centrará la vigilancia en el registro de jornada, los tiempos de descanso y la desconexión digital, donde suelen detectarse más incumplimientos. Sin embargo, Prieto aseguró que “aun es muy difícil para la Inspección asegurarse que se cumple con la normativa en materia de teletrabajo”.
El Plan 2025-2027 contempla un nuevo sistema interoperable de control horario y guías específicas para el teletrabajo, también en su modalidad internacional, aunque, en esta última todavía no está claro cómo se articulará de forma práctica la normativa, por la gran complejidad que conlleva, pero lo que sí se sabe es que “dependerá de si los trabajadores pertenecen o no a la Unión Europea”, aclaró Prieto.
Para los pequeños negocios que contraten en remoto, la clave será documentar correctamente los acuerdos, implantar un registro de jornada fiable y garantizar la desconexión digital, evitando así sanciones ligadas al exceso de horas y a irregularidades en la Seguridad Social.
Falsos autónomos
La Inspección de Trabajo mantendrá como prioridad la detección de falsos autónomos, una práctica que sigue extendida en sectores como el transporte, el sanitario o el legal.
Se trata de profesionales dados de alta en el RETA que, en realidad, trabajan bajo condiciones propias de un asalariado -horarios fijos, medios proporcionados por la empresa, dependencia económica o instrucciones directas- sin los derechos ni las coberturas de un contrato laboral.
El nuevo Plan 2025-2027 refuerza los cruces masivos de datos entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para identificar empresas que recurren a esta fórmula y regularizar su situación. Trabajo recomienda que si la relación laboral reúne las notas de ajenidad y dependencia, debe formalizarse como contrato de trabajo.
Como explicó en anteriores declaraciones Jesús Prieto, vocal del sindicato de inspectores, “tener un móvil de empresa, facturar siempre a un único cliente o no asumir el riesgo de la actividad son indicios claros de que no existe autonomía real”.
Para los negocios, las sanciones por recurrir a falsos autónomos pueden llegar hasta los 12.000 euros por trabajador, reclamaciones de cotizaciones atrasadas e incluso responsabilidades penales en los casos más extremos. Además, la Seguridad Social tiene capacidad para sacar del RETA a un falso autónomo sin necesidad de pasar por los tribunales.
Plataformas digitales y economía colaborativa
La Inspección va a intensificar las actuaciones en plataformas y comercio digital con dos objetivos: aflorar empleo no declarado y corregir encuadramientos indebidos en Seguridad Social.
Con la DAC7 ya vigente, Hacienda dispone de información de quién vende y cuánto ingresa en marketplaces; esos datos se cruzarán con la Seguridad Social para localizar perfiles que deberían estar dados de alta (RETA o Régimen General, según dependencia/ajenidad) y para detectar cotizaciones por debajo de lo debido.
Además, la nueva Directiva europea sobre condiciones laborales en plataformas elevará el listón de control sobre relaciones que, bajo apariencia de autónomos, funcionan como trabajo por cuenta ajena (organización ajena de rutas, algoritmos, horarios, precios, etc.).
Jesús Prieto explicó que es habitual que un autónomo con furgoneta pequeña encaje en relación laboral si trabaja bajo una aplicación móvil, con rutas y medios organizados por la empresa, como es el caso de Uber y Glovo.
Qué deben hacer los pequeños negocios que operan en plataformas (venta, reparto o servicios digitales):
- Revisar el encuadramiento: si hay instrucciones, horarios, control por app/algoritmo y precios fijados por la plataforma, contrato laboral; si hay verdadera autonomía, alta en RETA y obligaciones fiscales plenas.
- Cuadrar fiscalidad y cotizaciones con lo reportado por la plataforma (DAC7): incoherencias disparan cartas inspectoras.
- Documentar la relación (contratos, acuerdos de prestación, evidencias de autonomía/medios propios) y mantener trazabilidad de pagos y facturas.
- Cuidar tiempos de trabajo y prevención en servicios prestados vía plataforma (desconexión, riesgos psicosociales, PRL en repartos).
Falsas cooperativas y empresas buzón
El Plan de la Inspección 2025-2027 intensificará la vigilancia sobre las falsas cooperativas, especialmente en transporte por carretera. Jesús Prieto explicó que “algunas cooperativas rotan las autorizaciones de los camiones entre socios sin que el trabajador sea el titular real, lo que encubre una relación laboral por cuenta ajena”.
Esta práctica, ya detectada en sectores como el cárnico, genera infracotización a la Seguridad Social y competencia desleal frente a negocios que cumplen con la normativa. La Inspección advierte a los pequeños transportistas y empresas que trabajen en este sector de que utilizará cruces masivos de datos y colaborará con Transportes para identificar este tipo de fraudes.
También se reforzará el control sobre las llamadas empresas buzón, compañías sin actividad real en España que contratan en un país de la UE y desplazan a sus empleados a otro con el único fin de abaratar costes laborales y fiscales.
Este modelo, cada vez más presente en logística y transporte internacional, pone en riesgo a los negocios que sí cumplen. La Inspección actuará junto a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad para detectar estas prácticas, regularizar a los trabajadores desplazados y sancionar a las empresas implicadas.
