El Ministerio de Trabajo ha vuelto a lanzar una nueva propuesta en la mesa de negociación para la reducción de jornada a 37,5 horas, que el Gobierno tiene intención de aprobar antes de final de año. Esta vez, la medida consistiría en ofrecer ayudas directas a los autónomos y empresas más pequeñas de algunos sectores como ‘compensación’ para reducir los sobrecostes que va a generar la rebaja de las horas que pueden trabajar como máximo los empleados.
Según avanzó El País y confirmó este lunes en declaraciones a los medios la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Ejecutivo ha lanzado una tercera propuesta a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para alcanzar «cuanto antes» un acuerdo en la mesa de negociación para reducir la jornada de trabajo en nuestro país, primero a 38,5 horas semanales y luego a 37,5.
Como ya avanzó este diario, la primera propuesta que trasladó el Gobierno hace unos meses a la patronal para compensar el sobrecoste de esta medida entre los pequeños negocios -que se estima en más de 40.000 millones, según cifras de CEPYME- consistía en flexibilizar la manera en la que los negocios podrían repartir las horas de trabajo de su plantilla. Así, en los meses con más sobrecarga de trabajo, los autónomos y empresarios podrían utilizar una mayor cantidad de horas, y reducir la jornada en otros momentos con menos actividad.
Tras esta medida, que no fue suficiente para acercar a la patronal, el Ministerio de Trabajo lanzó una segunda propuesta consistente en bonificar los contratos que suscriban los negocios a causa de la reducción de la jornada. Una medida que sólo afectaría a la primera contratación durante los seis meses siguientes a la aprobación de la rebaja y a actividades con menos de diez empleados. Además, tal y como avisó la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de los principales problemas de estas bonificaciones es que irían destinadas solamente a nuevos contratos o ampliaciones, por lo que los autónomos tendrían tan solo dos opciones: ampliar o contratar a un nuevo trabajador para paliar la reducción de jornada -lo que les supondría un sobrecoste- o seguir con los mismos empleados y asumir el sobrecoste de la reducción de jornada a través de horas extra, sin beneficiarse de las bonificaciones.
Las ayudas por la reducción de jornada irían destinadas a los pequeños negocios de cuatro sectores
Por último, Díaz anunció este mismo lunes una nueva medida que, esta vez sí, consistiría en una inyección económica para paliar los sobrecostes que asumirían los pequeños negocios con la reducción de jornada. Una propuesta que, según declaró la ministra de Trabajo es «clara» y podría «ayudar a las pequeñas empresas españolas con ayudas directas para que aprovechen la oportunidad del cambio de la reducción de jornada para modernizarse y mejorar su productividad”.
La medida consistiría en subvenciones destinadas a los autónomos y negocios de algunos sectores. En un principio, cobrarían estas ayudas-cuya cuantía todavía no ha trascendido- aquellas actividades que tengan cinco o menos empleados en plantilla. Es decir, tan solo trabajadores por cuenta propia y algunas microempresas.
Además, estas nuevas ayudas directas irían solamente destinadas a cuatro sectores de actividad, que serían el comercio, la hostelería, la limpieza y las peluquerías. Si bien es cierto que estos negocios podrían ser los más afectados por la reducción de la jornada, según explicaron fuentes del Consejo General de Economistas (CGE), la rebaja de horas supondría también «la puntilla» para «otras muchas actividades como los talleres, los transportistas y demás empresas vinculadas».
Las ayudas tendrían que superar los 150 euros al mes para compensar el sobrecoste
Según el Estatuto de los Trabajadores, la cuantía a percibir por cada hora extra “no podrá ser en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria”, aunque numerosos convenios colectivos establecen un recargo sobre esta cantidad. Por ejemplo, un 50% más del valor de la hora ordinaria.
Siguiendo este ejemplo, un asalariado que cobre el salario medio en 2024, que ronda los 2.100 euros, percibiría una media de 20 euros por cada hora extra. En el supuesto de que el negocio quisiera cubrir exactamente las dos horas que se rebajaría la jornada de cada trabajador semanalmente, debería pagar ocho horas extra mensuales. O, lo que es lo mismo, una media de 160 euros más para cubrir ese tiempo de un solo empleado.
Por lo tanto, para que estas ayudas directas compensaran realmente el sobrecoste asumido por los negocios más pequeños, tendrían que consistir en una cuantía de en torno a 160 euros al mes o cerca de 2.000 euros al año por trabajador.
Trabajo quiere aprobar la reducción de jornada por “vía urgente”
Según avisó este lunes en declaraciones a los medios la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «estamos en la recta final” de la negociación y «vamos a reducir la jornada laboral y tenemos que saber si la patronal española da una respuesta a la nueva propuesta del Ministerio de Trabajo”.
Como ya avanzó este diario, la intención del Ejecutivo sigue siendo alcanzar “cuanto antes” el acuerdo para reducir la jornada, primero a 38,5 horas y luego a 37,5. Esto se quiere llevar a cabo con el mismo calendario que se estableció en un primer momento: la primera fase para 2024 y la segunda para 2025.
Aunque los trámites parlamentarios parecen complicar la entrada en vigor de esta norma para final de año, la ministra avisó que aprobará el anteproyecto de Ley por vía urgente.
Según confirmaron distintos abogados laboralistas, la celeridad para aprobar la norma dependerá de si ésta se tramita como Real Decreto o como Proyecto de Ley. José Carlos Piñero, director del Área Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), afirmó que “parece difícil saber cuándo entrará en vigor exactamente esta medida, siendo que no hay acuerdo. Y, en caso de haberlo, la reforma podría llevar distintos cauces”.
En cualquiera de los casos, cambiar la obligación del registro de jornada supondría reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este deber. Para ello, según Piñero, habría dos posibles cauces: el primero sería mediante Real-Decreto Ley, que suele ser el más rápido, pero que en principio sólo se debería usar en casos de necesidad y urgencia.
Ahora parece que la ministra ha dejado claro que será por vía de anteproyecto de Ley que, habitualmente, suele tardar entre seis meses y un año en entrar en vigor. Pero al tramitarse por vía de urgencia, según confirmaron distintos expertos , se podrían acortar los plazos considerablemente.
