Dentro de apenas un mes, el próximo 2 de diciembre de 2024 entra en vigor, tras sucesivos aplazamientos, el Real Decreto 933/2021. Esta norma impondrá la obligación para los negocios de recopilar y transmitir información detallada de los clientes a las autoridades, pues tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilegales en el sector turístico.
La normativa exige que los autónomos del turismo, sean propietarios de un hospedaje, de una agencia de viajes o de una oficina de alquiler de vehículos, recaben datos personales de sus clientes, como nombre completo y nacionalidad, número de documento de identidad o similar, y diferentes detalles sobre la estancia o el contrato específico de alquiler que firma. Lo que incrementa su volumen de trabajo y les aleja de los clientes que, a su juicio, podrían desconfiar de tantas obligaciones y exigencias informativas.
El Ministerio del Interior se mantiene firme en su aplicación. A pesar de que, para cumplir con esta normativa, los negocios deberán gestionar y enviar todos los datos mencionados a través de una plataforma habilitada por dicho organismo. Y los problemas técnicos en el funcionamiento de dicha plataforma han sido una de las mayores quejas del sector, ya que muchos negocios han denunciado que el sistema no está plenamente operativo, lo que incrementa los riesgos de errores y sanciones. Todo ello se suma a la «inseguridad jurídica» que, según fuentes del sector, genera esta norma. Ya que, para las principales organizaciones sectoriales contactadas por este diario, no detalla muchos de los datos que deberán empezar a remitir los negocios en apenas un mes.
Las multas podrían afectar a muchos negocios que no puedan cumplir con los plazos o requisitos técnicos
Además de estos posibles problemas del sistema, se da la circunstancia, denunciada por los autónomos del turismo, de que la normativa es «confusa» y que muchos negocios podrían incumplirla sin intención, debido a la complejidad de los requisitos. De manera que esta falta de claridad en la implementación del Real Decreto 933/2021 está generando una situación de inseguridad jurídica en el sector.
Las multas podrían afectar a muchos negocios que no puedan cumplir con los plazos o que se enfrenten a problemas técnicos están sobre la mesa. La imposibilidad de transmitir los datos correctamente, ya sea por falta de capacitación o por fallos en la plataforma, podría derivar en sanciones significativas, impactando gravemente en la estabilidad financiera de autónomos con negocios de alojamientos, agencias de viajes o alquiler de coches.
Los alojamientos turísticos y oficinas de alquiler, las actividades con más obligaciones informativas
De hecho, el impacto del Real Decreto 933/2021 varía entre los distintos subsectores de la actividad turística, debido a las diferencias en la operativa de cada uno:
Alojamientos turísticos
- Los negocios de hospedaje, especialmente los pequeños y los autónomos dedicados al alquiler vacacional, se enfrentan a una mayor carga administrativa al tener que registrar y enviar los datos de cada huésped a la plataforma. La complejidad del registro afecta especialmente a los establecimientos con alta rotación de clientes (alojamientos turísticos).
- La confusión sobre las obligaciones de almacenamiento y protección de datos personales aumenta el riesgo de sanciones, especialmente en pequeños negocios, carentes de departamentos específicos de tecnología o de cumplimiento normativo.
Agencias de viajes
- Los autónomos que organizan viajes se ven afectados porque, al gestionar reservas de múltiples servicios, deben recopilar y procesar datos de clientes de manera detallada y adaptarse a la nueva normativa sin afectar la experiencia del cliente.
- Las patronales de las agencias argumentan que este requisito es desproporcionado, ya que las ellas no siempre tienen una relación directa con los establecimientos de hospedaje, ni control sobre la gestión de los datos que se requieren.
Oficinas de alquiler de coches
- Las empresas de alquiler de vehículos deben recopilar datos tanto del arrendatario como de los conductores adicionales y reportar estos datos a las autoridades, lo que incrementa sus obligaciones de gestión y protección de datos.
- Para las oficinas pequeñas, el impacto administrativo es considerable, sobre todo en temporadas altas. La falta de adecuación tecnológica también es un desafío importante, ya que muchos de estos negocios operan con sistemas menos sofisticados que las grandes cadenas de alquiler.
Así, aunque todos estos sectores deben adaptarse a la normativa, los alojamientos turísticos y las oficinas de alquiler de coches soportan un impacto más directo en la operativa diaria debido a la naturaleza de sus servicios. Por su parte, las agencias de viajes consideran que los requisitos son innecesarios en su caso, dado que no gestionan directamente los alojamientos, ni el transporte en muchos casos, y han solicitado ser excluidas de la normativa.
La sobrecarga administrativa hará que muchos pequeños negocios necesiten ampliar horarios de trabajo o sobrecontratar
Dada su inmediatez, esta entrada en vigor ha generado gran controversia en el sector turístico; en especial, como es lógico entre los pequeños negocios que gestionan todo tipo de alquileres vacacionales, que se encuentran ante una sobrecarga administrativa que amenaza con dificultar su operatividad, cuando no su propia viabilidad.
De ahí que todas las asociaciones profesionales que agrupan los interesas de estos tres sectores del turismo hayan solicitado de manera insistente una nueva prórroga: la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur); la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV); y la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval).
Las patronales de los tres subsectores han advertido que, para cumplir con las nuevas exigencias, muchos autónomos y pequeños negocios necesitarán ampliar los horarios de trabajo de su personal o incluso contratar nuevos empleados, algo que resulta inviable para quienes ya se enfrentan desafíos económicos importantes. Además, la adaptación tecnológica que requiere la normativa supone una inversión considerable, en especial para los negocios que no disponen de infraestructura digital avanzada.
Las patronales avisan de que la nueva situación afectará al recién iniciado programa de viajes del Imserso
Frente a esta situación, las principales asociaciones del sector han solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio del Interior que se aplace la entrada en vigor del decreto o, en el mejor de los casos, que se excluya a las agencias de viajes de su aplicación. Argumentan que la normativa es desproporcionada e innecesaria, además de contravenir algunas directivas europeas de protección de datos y privacidad.
En una reunión reciente, representantes de todas ellas explicaron al Ministerio la dificultad que supone aplicar las exigencias de la ley y el alto riesgo de incumplimiento. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha reiterado que la normativa entrará en vigor el 2 de diciembre sin más prórrogas, dejando al sector en una situación complicada.
Las patronales de hostelería han mostrado su apoyo a las de las agencias de viajes en esta lucha contra la normativa. Denuncian que el Real Decreto no sólo afecta la operatividad de los negocios de turismo, sino que también supone una invasión de la privacidad de los clientes, especialmente en lo que respecta a los datos que deben recabarse y transmitirse a las autoridades. Argumentan que el decreto incumple las normativas europeas de privacidad, lo que podría generar desconfianza entre los turistas, especialmente entre los extranjeros que visitan España.
Además, las patronales hosteleras y las de las agencias de viajes destacan que el decreto afectará especialmente al recién iniciado programa de viajes del Imserso, diseñado para los jubilados. Las dificultades administrativas y la incertidumbre en torno a la normativa podrían comprometer la gestión de los viajes y reducir el interés de los turistas mayores en participar en el programa, lo que afectaría a miles de negocios pequeños que dependen de este tipo de turismo.
En la mayoría de la UE no se estarían imponiendo requisitos tan estrictos
Las asociaciones y patronales también señalan que esta normativa coloca a las empresas españolas en una situación de desventaja competitiva frente a otros países europeos. En la mayoría de los países de la Unión Europea, no se imponen requisitos tan estrictos para la recopilación de datos de los turistas. Esto podría hacer que algunos turistas internacionales opten por otros destinos en los que la normativa sea menos invasiva, afectando la competitividad de España como destino turístico.
Así, no es de extrañar que, en el ámbito europeo, organizaciones como la European Travel Agents and Tour Operators Association (ECTAA) hayan expresado su apoyo a las reivindicaciones de las agencias de viajes españolas. En este sentido, han llevado el caso ante la Comisión Europea, solicitando que se revise la legalidad de la normativa basándose en las directivas de privacidad y protección de datos de la UE.
En todo caso, la falta de respuesta del Ministerio a las peticiones del sector incrementa la tensión, en un momento en el que muchos de estos negocios intentan recuperarse de las pérdidas sufridas durante la pandemia. Sin una prórroga o una adaptación de la normativa, el impacto en los autónomos del turismo podría ser significativo, aseguran los expertos del sector.
