Buena parte de los autónomos y las pymes españolas nunca aplica intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago y apenas una de cada diez activa mecanismos de recobro al vencimiento de la factura. Así lo constata el último Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, a partir de más de 800 entrevistas a responsables financieros de empresas españolas.
Según el informe, el 58% de los autónomos y las pymes renuncia de forma sistemática a aplicar intereses cuando un cliente no paga a tiempo, aunque la ley se lo permita. Al mismo tiempo, sólo el 13% de los negocios inicia alguna acción de recobro justo al vencimiento. Esta actitud pasiva frente al retraso en los pagos se repite año tras año y afecta especialmente a autónomos y micropymes, con menor capacidad para asumir impagos sin comprometer su liquidez.
- La mayoría de las pymes prefiere mantener buenas relaciones con el cliente moroso
- Cuatro de cada diez autónomos y pymes sí que toma medidas para recuperar lo adeudado
- No hay una evolución hacia prácticas más firmes en la gestión del riesgo
La mayoría de las pymes prefiere mantener buenas relaciones con el cliente moroso
El interés legal de demora, que hasta 2022 era del 8%, ha llegado a superar el 12% en el último año, lo que representa un coste significativo para quien soporta el retraso. Sin embargo, el estudio refleja que sólo el 6% de los autónomos y las pymes lo aplica siempre, y apenas un 2% lo hace conforme al tipo legal.
El resto, en el caso de llegar a aplicarlo, lo hace por debajo de los tipos establecidos, en un intento por mantener la relación comercial con el cliente.
Aunque reclamar intereses o recurrir al recobro es perfectamente legal, muchas empresas evitan hacerlo por temor a perder ventas futuras. La necesidad de conservar al cliente lleva a tolerar retrasos que, en ocasiones, se cronifican. El informe detecta además un alargamiento deliberado de los plazos: el 36% de las empresas no considera una factura como morosa hasta pasados 90 días desde su vencimiento.
Entre los autónomos y pequeños negocios, este comportamiento puede tener efectos especialmente graves. A diferencia de las grandes empresas, que suelen contar con colchones financieros y departamentos especializados en gestión de cobros, muchos autónomos asumen el retraso como parte habitual de su actividad. Esta normalización del impago contribuye a agravar los problemas de tesorería que arrastran muchos de estos profesionales.
Cuatro de cada diez autónomos y pymes sí que toma medidas para recuperar lo adeudado
Pese a esta tolerancia generalizada, un 42% de los autónomos y las pymes sí que toma algún tipo de medida para recuperar lo adeudado. La mayoría recurre al envío de reclamaciones amistosas (25%) o gestiona el impago a través del propio departamento financiero (17%).
Sólo una de cada cuatro utiliza servicios profesionales: el 8,5% recurre a empresas especializadas en recobro, y el 18% a despachos de abogados. Estas cifras, sin embargo, varían mucho en función del tamaño del negocio, siendo las micropymes, como es lógico pensar, las menos propensos a delegar esta tarea.
El retraso en la activación de estas medidas también es relevante. Apenas el 13% actúa en el momento en que la factura vence. Un 22% espera al menos 30 días, y el 36% deja pasar tres meses antes de iniciar cualquier gestión. Este retraso en la respuesta dificulta el éxito en la recuperación y genera una sensación de impunidad que, según los expertos en crédito, puede alentar nuevos impagos.
Los impagos son, además, acumulativos. En muchos sectores, especialmente los más afectados por la inflación o el descenso de la actividad, los retrasos de unos clientes terminan afectando a toda la cadena de proveedores. En este contexto, la decisión de no aplicar intereses o de postergar el recobro tiene consecuencias que van más allá de la relación puntual entre proveedor y cliente.
No hay una evolución hacia prácticas más firmes en la gestión del riesgo
El informe también señala que la mayoría de empresas que sí aplican intereses lo hacen de forma excepcional, como última medida. Solamente un 4% de los autónomos y las pymes entrevistados afirmó que su política de gestión de cobros incluye sistemáticamente la recaudación de intereses de demora.
Esta cifra se mantiene estable respecto a ediciones anteriores del estudio, lo que confirma que no hay una evolución hacia prácticas más firmes en la gestión del riesgo de crédito.
En el caso de los autónomos, la situación es aún más compleja. Al no disponer de estructuras específicas para gestionar el cobro, la posibilidad de reclamar intereses o poner en marcha acciones legales se reduce a situaciones extremas. Además, el coste emocional de reclamar a un cliente con el que se tiene una relación personal o directa actúa como freno adicional.
A esto se suma el desconocimiento sobre los derechos legales que amparan a los proveedores en caso de impago. Muchos negocios ignoran que la ley permite aplicar un tipo de interés de demora sin necesidad de que esté recogido expresamente en el contrato.
Incluso que basta con demostrar el vencimiento para que empiece a devengarse. Esta falta de información contribuye a que se perpetúe la costumbre de no reclamar lo que legalmente les corresponde.
