La llamada tasa turística –el impuesto que los viajeros deben abonar por cada noche de estancia en alojamientos– se empieza a extender por diferentes puntos de la geografía española, como ya lo hiciese en su momento por toda Europa. Así, a Baleares y Cataluña, que la impusieron hace ya más de una década, se le sumarán en breve territorios autonómicos, como el País Vasco o la Comunidad Valenciana, e incluso poblaciones individuales, como Toledo o Santiago de Compostela, por poner sólo un par de ejemplos.
De hecho, en la Europa comunitaria, este tipo de recargo comenzó hace ya más de medio siglo, en Países Bajos, y en la actualidad se aplica en siete de cada diez municipios holandeses. Más adelante, París (1994), Dubrovnik (2009) o Roma (2011) siguieron tímidamente sus pasos, y en la actualidad se aplica ya sin debate público en 19 de los 27 países que conforman hoy la UE, a los que cabe añadir Suiza y Reino Unido.
La puesta en marcha de la nueva tasa turística en ciertos territorios enfrenta dos posturas dentro del sector: la económica, de la que dependen millones de negocios en España, y la humana, que implica la convivencia entre viajeros y residentes. Precisamente este último aspecto, teniendo en cuenta el volumen actual de visitas que soportan determinados destinos, está generando una creciente “turistofobia”, hasta el punto de que las autoridades se plantean soluciones como la tasa turística para combatir los efectos de la llegada masiva de visitantes a ciertos destinos.
En España hay más de 400.000 negocios turísticos: muchos tendrán que pedir a sus clientes una nueva tasa
La finalidad de este canon es financiar mejoras en infraestructuras turísticas, preservar el patrimonio cultural y mitigar los efectos negativos de la masificación. Pero en España, más de 400.000 negocios están relacionados directamente con el turismo, incluyendo alojamientos, restaurantes, guías turísticos y actividades complementarias, todos ellos potencialmente afectados por esta medida.
Las cifras récord de España en turismo internacional, con la llegada de más de 88,5 millones de visitantes en los primeros 11 meses del pasado año, han impulsado significativamente la economía. No en vano, el sector turístico aporta ya un 13,4% al PIB nacional. Sin embargo, la masificación turística ha generado tensiones cada vez en más localidades, llevando a las autoridades a considerar la implementación de la tasa turística como medida para mitigar los efectos negativos y financiar mejoras en infraestructuras.
Así, la tasa turística ya está vigente en algunas regiones y poblaciones, y se está considerando en otras:
- Cataluña. Implementada en 2013, con tarifas que varían entre 0,45 y 2,25 euros por noche, según el tipo de alojamiento y su ubicación.
- Islas Baleares. Introducida en 2016, con importes que oscilan entre uno y cuatro euros por persona y noche, dependiendo de la categoría del alojamiento y la temporada.
- Comunidad Valenciana. Aprobada en 2024, entrará en vigor en 2025, con tarifas de 0,50 a dos euros por noche según el tipo de establecimiento.
- País Vasco. El Ejecutivo autonómico está preparando una tasa turística de ámbito regional, con intención de activarla en 2025.
- Santiago de Compostela. La localidad coruñesa ha solicitado a la Xunta de Galicia la autorización para establecer un canon de este tipo en la ciudad.
- Toledo. El ayuntamiento de la ciudad castellano manchega planea aplicar una tasa turística a lo largo de 2025.
- Aragón. Municipios históricos, con elevado tránsito turístico, como Biescas, están evaluando la viabilidad de implementar dicha tasa.
Incluso algunas otras comunidades autónomas, tradicionalmente ligadas al turismo, como Andalucía e Islas Canarias, debaten la posibilidad de instaurar este recargo a sus visitantes. Aunque el debate lleva tiempo servido entre quienes quieren poner coto a la llegada masiva de viajeros y la oposición por parte de asociaciones empresariales y de alojamientos turísticos.
Los autónomos dedicados al alojamiento turístico advierten las complicaciones que supone la tasa para sus negocios
La implementación de la tasa a los viajeros conlleva una serie de complicaciones y desventajas para los alojamientos turísticos, especialmente para los pequeños negocios:
- Gestiones administrativas adicionales. Los autónomos con este tipo de negocios deben registrar las pernoctaciones, calcular el importe de la tasa, recaudarlo de los clientes y presentar declaraciones periódicas ante las autoridades. Esto supone una carga extra para los pequeños negocios, que ya lidian con numerosos trámites.
- Actualización de sistemas. Para cumplir con la normativa, muchos tendrán que adaptar sus sistemas de reservas y facturación. Este tipo de actualizaciones puede ser costoso para los establecimientos de menor tamaño.
- Transparencia hacia los clientes. Los negocios turísticos deben informar claramente a los visitantes sobre la tasa, lo que podría generar confusión o incluso rechazo. Su inadecuada explicación podría afectar la experiencia del cliente.
- Aumento de costes para los turistas. Al incrementarse el precio total de las estancias, algunos viajeros podrían optar por destinos más económicos. Lo que afecta especialmente a los pequeños negocios que compiten en precio.
- Cumplimiento y sanciones. Los autónomos con alojamientos turísticos deben cumplir estrictamente con la normativa para evitar sanciones, lo que supone una presión adicional, que se añade a normativas recientes como el registro de clientes, para quienes a menudo no tienen capacidad para asumir multas.
Las asociaciones de alojamientos turísticos se muestran escépticas con el recargo
Diversas asociaciones del sector han expresado su preocupación respecto a la implantación de la tasa turística en sus territorios. Así, fuentes de la Asociación de Hostelería de Galicia señaló a este diario que el canon “podría suponer una carga desproporcionada para los pequeños alojamientos rurales y de gestión familiar, impactando directamente en su sostenibilidad económica”. Por lo que antes de implantarla de forma unilateral “debería estudiarse con detenimiento las consecuencias”.
Por su parte, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid cuestionó la eficacia de la medida, argumentando que podría disminuir la competitividad de la capital “frente a otros destinos europeos sin tasa turística”. Además, insistieron en que los fondos recaudados “no siempre se destinan de manera eficiente a mejorar la situación del turismo local, lo que genera dudas sobre el impacto real de la medida.
Y por último, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol también mostró su oposición, destacando que esta tasa contribuirá a desincentivar a los turistas nacionales, que representan una parte importante del mercado en la región. Y subrayaron que el turismo interno es clave para muchas localidades, especialmente en temporadas bajas.
