Una proposición de ley registrada en el Senado plantea liberar del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a todas los autónomos y las pymes que facturen menos de dos millones de euros anuales. La medida supondría duplicar exactamente el umbral actual de exención, fijado en un millón, y permitiría además que quienes sí estén obligados a pagarlo puedan deducírselo en el Impuesto de Sociedades.
En España hay entre 40.000 y 60.000 pymes que facturan menos de dos millones de euros y que podrían beneficiarse de esta medida si se plantease para todo el Estado, pero la propuesta ha llegado la Cámara Alta impulsada por los intereses del tejido empresarial catalán, que lidera el segmento de pymes industriales o exportadoras con dicha facturación y una estructura contenida.
El texto también garantiza que los ayuntamientos, principales perceptores del IAE, no pierdan ingresos (ya que el Estado central asumiría el coste fiscal de la reforma), lo que responde al interés de preservar la financiación municipal en grandes municipios como Barcelona, Sabadell o Girona.
El IAE es un tributo local que se aplica a negocios con ingresos anuales superiores a un millón de euros. Aunque está parcialmente olvidado por los autónomos que no lo alcanzan, puede suponer un coste relevante para microempresas y pymes pequeñas o despachos profesionales con alta facturación. Las tarifas se calculan en función de la actividad y otros elementos como el número de empleados o la potencia instalada.
- De aprobase para todo el Estado, la exención del IAE beneficiaría a miles de empresas
- La disposición prevé adaptar la cuota del IAE a situaciones de crisis empresarial
- La proposición fue registrada a finales de mayo y ha superado ya el primer filtro
La inmensa mayoría de los autónomos ya no pagan el IAE gracias a una reforma que entró en vigor en 2003, fruto de una propuesta impulsada por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Ello eliminó una carga fiscal fija, que muchos consideraban injusta por no tener en cuenta los beneficios reales del negocio.
De aprobase para todo el Estado, la exención del IAE beneficiaría a miles de empresas
Muchos negocios que ahora están obligados a tributar quedarían directamente exentos a partir del 1 de enero de 2026, siempre que la ley se apruebe –como así parece por falta de oposición– antes de finalizar este año. Las pymes que superen ese nuevo límite seguirían abonando el IAE, pero podrían descontar su importe en el impuesto de sociedades, hasta el límite de la cuota íntegra correspondiente.
La deducción no implicaría devolución de dinero, pero sí un ahorro relevante para empresas con márgenes ajustados o con fuerte presión fiscal. En caso de que lo pagado por el IAE supere lo que corresponda en sociedades, el exceso podrá aplicarse en los diez años siguientes. Para poder acogerse a esta deducción, será necesario acreditar el pago del impuesto mediante los justificantes emitidos por las haciendas locales.
La propuesta tiene un segundo elemento clave: el Estado compensaría esta deducción sin que los ayuntamientos pierdan ni un euro de recaudación. A través de una modificación en la Ley de Haciendas Locales, se garantiza que los municipios seguirán ingresando íntegramente el IAE. La carga se traslada a los presupuestos del Estado mediante una menor recaudación del impuesto de sociedades.
Este diseño responde a las prioridades fiscales de muchos ayuntamientos con fuerte presencia empresarial, especialmente en Cataluña. La norma protege su recaudación, en un momento actual de creciente demanda de servicios públicos municipales. El interés por asegurar ingresos locales explica que el texto haya sido diseñado con especial cuidado para evitar resistencias desde los consistorios.
La disposición prevé adaptar la cuota del IAE a situaciones de crisis empresarial
Aunque se aplicaría en toda España, el tipo de empresa que más se beneficiaría de esta medida es el que más abunda en Cataluña: pymes industriales, exportadoras o tecnológicas con estructuras ligeras, ingresos elevados y gran concentración urbana. Negocios de entre uno y dos millones de euros anuales, que no siempre tienen recursos para una planificación fiscal sofisticada, pero que sostienen buena parte del empleo local.
Además de subir el umbral de exención y permitir la deducción, la proposición de ley introduce cambios técnicos que afectan al modo en que se calcula el impuesto. En particular, se redefinen los criterios sobre qué se considera potencia instalada tributable, un aspecto relevante en actividades industriales. Quedan fuera del cómputo elementos como la climatización, sistemas de seguridad o instalaciones auxiliares que no están directamente ligados a la producción.
También se contempla que equipos de ensayo o bancos de pruebas sólo tributen por un 10% de su potencia real. Y en el caso de maquinaria de reserva que no esté en uso efectivo, se establece que no se tenga en cuenta a efectos del IAE. Estas correcciones buscan adecuar la base del impuesto a la actividad real y evitar que se penalice a las empresas por instalaciones infrautilizadas.
Otra disposición prevé adaptar la cuota del IAE a situaciones de crisis empresarial. Si un negocio atraviesa un proceso de reconversión con un plan aprobado, podrá solicitar que su tributación se calcule en función de la actividad efectiva del año anterior. Es una medida pensada para aliviar la carga fiscal de sectores en transformación que no han cesado su actividad, pero que operan a menor ritmo.
La proposición fue registrada a finales de mayo y ha superado ya el primer filtro
El Gobierno no ha ejercido el veto presupuestario, ni ha presentado una alternativa; lo que ha permitido su admisión a trámite. Actualmente está pendiente de que se fije fecha para el debate de toma en consideración, que podría celebrarse antes del receso de verano si los grupos lo permiten.
Aunque la autoría política de esta iniciativa es de Junts, la iniciativa ha sido presentada como una medida transversal a favor del tejido productivo. El Gobierno ha dejado claro que está dispuesto a apoyarla como parte de sus acuerdos con distintos grupos, y fuentes parlamentarias consideran probable que salga adelante este mismo año. Si el Senado la aprueba, pasará al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación en comisión.
La deducción en sociedades y la ampliación de la exención quedarían vigentes desde el 1 de enero del año siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que sólo podría aplicarse en 2026 si la ley se aprueba antes de final de 2025. El plazo es ajustado, pero técnicamente viable si cuenta con el apoyo de los principales partidos.
En las últimas semanas, los impulsores de la propuesta han insistido en que ni el PSOE ni el PP deberían oponerse a una medida que reduce la presión fiscal sin dañar la financiación local. En este sentido, el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, no ha anunciado su posición, aunque ha defendido históricamente la supresión o reducción del IAE en distintos programas.
Los cálculos más conservadores estiman algo más de 40.000 empresas dejarían de pagar el IAE si se eleva el umbral de facturación hasta los dos millones de euros. A ellas se sumarían miles de negocios con facturación superior que podrían deducirse el importe. De modo que, para muchos autónomos y micropymes que han crecido por encima del millón de euros, el cambio supondría una mejora fiscal inmediata.
Además, el IAE no se calcula sobre beneficios, por lo que muchas empresas se ven obligadas a pagarlo incluso en ejercicios con resultados modestos. Al eliminar este peaje fijo o permitir su deducción, se alivia una de las cargas más visibles para quienes superan cierto umbral de facturación sin haberse consolidado aún como grandes compañías.
