- Según los economistas, nuestra normativa está desfasada en comparación al marco europeo
- Demandan que se ofrezca seguridad jurídica para cumplir la nueva normativa europea
El Consejo General de Economistas de España (CGE) envió al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y a los grupos parlamentarios un posicionamiento institucional para solicitar «una transición normativa clara» en materia de sostenibilidad para los negocios.
La remisión del documento por parte del CGE analiza el estado actual de la regulación en cuanto a la información de sostenibilidad y los informes corporativos que deben llevar a cabo las empresas, junto con el marco legislativo vigente y las iniciativas que se han puesto en marcha desde la UE, para pedir “claridad, rigor técnico y seguridad jurídica”.
Según los economistas, nuestra normativa está desfasada en comparación al marco europeo
En ese sentido, el marco regulatorio español dispone de la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad “obliga a determinadas empresas a reportar sus impactos medioambientales, sociales y de gobernanza”. Pero, según los economistas, se trata de una norma desfasada en comparación al resto del marco europeo.
Asimismo, la transposición de la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), que se encuentra actualmente en periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados, provocará un impacto en el tejido empresarial en cuanto al cumplimiento de los requerimientos en sostenibilidad.
La normativa afectará a miles de empresas y profesionales próximamente, por lo que el Consejo Asesor en Sostenibilidad del CGE ha elaborado el informe con una serie de recomendaciones enfocadas a que empresas y, especialmente, pymes, puedan cumplir de forma “efectiva y homogénea” con la misma, a fin de transitar hacia una economía más verde.
Demandan que se ofrezca seguridad jurídica para cumplir la nueva normativa europea
El nuevo texto amplía el número de empresas sujetas a su cumplimiento, endurece los criterios exigidos y obliga a aplicar una serie de estándares homogéneos a escala europea.
Según trasladó el CGE, hay un total de 20 países que ya han traspuesto esta Directiva de manera definitiva, mientras que España y otros seis países se encuentran en procedimientos de consulta pública, y tres no han llegado a esta parte de los trámites parlamentarios.
“Esta situación evidencia una transposición desigual en el conjunto de la Unión Europea, y de los Países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en sus siglas en inglés), que puede afectar la comparabilidad y la implementación efectiva del marco europeo común”.
A su vez, la aprobación del denominado “Paquete Ómnibus” por el Consejo de la Unión Europea quiere cambiar algunos aspectos de la CSRD definitivos, como es dilatar los plazos de aplicación, excluir a ciertas empresas de obligaciones de reporte, y adaptar a las empresas no obligadas, pero parte de la cadena de valor, la norma voluntaria de elaboración de informes de sustentabilidad para pymes.
Estos cambios, en discusión y tramitación, tienen la finalidad de simplificar su implementación para dar al nuevo marco regulador mayor equilibrio, a fin de poner progresar hacia la nueva estrategia de competitividad europea.
Sin embargo, para poder avanzar hacia esta nueva normativa, los economistas demandan seguridad jurídica para acompañar a los negocios, de forma que la adaptación se produzca “con garantías y sin improvisaciones”.
“España no puede permitirse ni retrasos que perjudiquen la comparabilidad europea y con otras jurisdicciones, ni imponer exigencias desproporcionadas que ahoguen la capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas, que representan el grueso de la economía productiva española”.
Algunas recomendaciones del CGE
- Mientras se traspone la Directiva CSRD al ordenamiento jurídico español, incorporando asimismo los nuevos acuerdos y modificaciones de las medidas del “Paquete Ómnibus”, los economistas consideran conveniente apostar por la facilidad y simplificaciones ya conocidas, procurando que no existan grandes cambios adicionales para las empresas y los profesionales, para evitar cambios que puedan ser revertidos a corto plazo.
- Estén o no obligadas, que las empresas que ya hayan comenzado a aplicar los ejes fundamentales de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS/NEIS) continúen haciéndolo. “Esto contribuye a la comparabilidad de la información no financiera en el entorno europeo y fortalece las capacidades internas de reporte y gobernanza”.
- Tener en cuenta las recomendaciones dadas por el ICAC y la CNMV en cuanto a los verificadores; seguir las directrices del COESA, la norma internacional ISSA 5000 y la futura norma técnica nacional del ICAC.
- En el caso de las pequeñas y medianas empresas que reporten de forma voluntaria, aconsejan utilizar el borrador de normas voluntarias para pymes (VSME), “dado el consenso existente en que dichas normas no sufrirán cambios sustanciales y se consolidarán como un estándar reconocido a nivel europeo”.
- De esta forma, se alinearán de manera más óptima las relaciones comerciales con las grandes empresas, financiadoras y otros agentes sujetos a la Directiva, facilitando el acceso a financiación sostenible y evitando a esta parte del tejido empresarial incurrir en obligaciones de información excesivas, cuando formen parte de la cadena de valor.
