En España, el volumen de horas que no se trabajan por ausencias se corresponde a que 1.252.377 asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo. La cifra no es una exageración, sino una estimación recogida en el último informe del Adecco Group Institute sobre absentismo laboral.
Para entender la magnitud del problema es como si, cada día, desapareciera de golpe el equivalente a toda la población de Zaragoza y Sevilla. Un fenómeno que, lejos de remitir, sigue creciendo.
La tasa de absentismo alcanzó el 7,4% en el último trimestre de 2024, un incremento interanual de 0,2 puntos porcentuales. Pero lo más grave es la evolución subyacente: el absentismo derivado de Incapacidad Temporal (IT) se sitúa ya en el 5,8%. Esta situación, que afecta gravemente a grandes empresas, tiene un efecto devastador sobre pymes y autónomos con personal contratado.
“El absentismo laboral es un verdadero quebradero de cabeza para las micropymes y para los autónomos que tienen gente contratada. Porque, cuando tienes un equipo pequeño, la ausencia de una sola persona se nota muchísimo. No es como en una gran empresa donde puedes reorganizar tareas o tirar de otros departamentos. Aquí, si alguien falta, muchas veces se para todo”, remarcó María Blanco, profesora de Economía en la Universidad San Pablo-CEU.
El absentismo es un lastre para la competitividad de las pymes, y no deja de aumentar
Según el II Informe Hiscox de Pymes y Autónomos en España, el 86,3% de estas empresas reconoce tener problemas de absentismo en 2025, frente al 50,5% del año anterior. El crecimiento del problema es alarmante ya que supone un 35,8% más que en el registrado en 2024. Y de éstas, más de un 34% consideran que la falta injustificada de sus trabajadores les afecta bastante o mucho en su actividad diaria.
Como recordó la profesora Blanco, las pymes –que representan el 99,8% del tejido empresarial español– “no suelen tener margen económico para cubrir esas ausencias. Contratar a alguien temporal, pagar horas extra o simplemente asumir que se va a producir menos… todo eso cuesta dinero, y muchas veces no se lo pueden permitir”.
El último análisis histórico de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) revela que el número de procesos de baja por contingencias comunes ha crecido un 121,5% en los últimos diez años, un dato difícilmente justificable incluso teniendo en cuenta el crecimiento de la afiliación. En paralelo, la duración media de los procesos también se ha alargado, y ya hay más de 133.000 procesos activos con duración superior a un año.
El impacto económico es demoledor. Solo en 2024, el coste total del absentismo para el Estado y las empresas se situó en casi 29.000 millones de euros, un 14,5% más que el año anterior. De esa cifra, más de 13.900 millones deben asumirlos las empresas en sus cuentas de resultados: prestaciones, complementos y cotizaciones que deben seguir abonando mientras su plantilla está de baja.
“Y no solo es un tema económico. También hay un desgaste personal. El resto del equipo –o el propio autónomo– tiene que hacer malabares para sacar el trabajo adelante, y eso genera estrés, cansancio y, en algunos casos, más bajas. Es como una bola de nieve”, alertó María Blanco.
La radiografía territorial del absentismo muestra diferencias importantes, según el estudio de Adecco. Comunidades como Asturias, Aragón o País Vasco encabezan el ranking de absentismo por incapacidad temporal, mientras que Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha presentan los niveles más bajos.
Por sectores, la industria sigue siendo el más golpeado, con tasas que superan el 8%. Pero el crecimiento más acusado se da en actividades sanitarias y en la fabricación de vehículos, donde las tasas de absentismo alcanzan un inasumible 16,6%.
“Y no hay que olvidar lo que pasa en determinados sectores. Por ejemplo, en la hostelería o el comercio, donde el trato con el cliente es directo, si no puedes atender bien porque te falta personal, eso se nota. Y los clientes lo perciben”, concluyó María Blanco.
Los autónomos y los pequeños empresarios piden mayor control sobre las bajas
Si bien las bajas laborales justificadas son un derecho reconocido y necesario, en los últimos años se ha incrementado otro tipo de absentismo que, por ejemplo, se concentra en días específicos de la semana. A este respecto, cada vez son más las voces empresariales que lamentan que no se esté prestando la atención debida a un problema creciente al que tienen que hacer frente.
En concreto, Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), explicó recientemente en un desayuno informativo para resumir esta casuística que “los lunes y viernes no hay baja laboral, hay ‘bajaciones’. Esto no es una enfermedad, es un cachondeo”.
Amor denunció que muchos pequeños empresarios “no pueden más” porque están “hartos” de las trabas administrativas, del creciente coste de las bajas, y de un sistema que protege al absentista y deja desamparado al empleador. Para solucionarlo propuso que la Seguridad Social se hiciera cargo de la baja del trabajador desde el cuarto día y aseguró que “si en vez de que la empresa se haga cargo del pago lo tuviera que hacer la Seguridad Social, se acabaría el problema” porque “habría un mayor control”.
El presidente de ATA se declaró “muy crítico con quien es insolidario con sus compañeros, y utiliza bajas laborales, entre comillas, fraudulentas” comparando la gravedad del asunto con aquellas empresas que no retribuyen las horas extras. Además, lamentó que “la administración dirige los controles hacia un lado y no hacia el otro” y añadió que “si en el COVID los médicos de las mutuas daban altas y bajas no entiendo cómo no puedan tener la misma capacidad ahora”.
En definitiva, mientras el sistema actual parece diseñado para soportar el absentismo crónico en grandes estructuras, ha mostrado su debilidad para proteger a las que cuentan con tres o diez empleados. Como indican las últimas estadísticas publicadas, y alertan tanto los expertos como los empresarios, el absentismo ya no es un problema puntual ni una anécdota. Es un fenómeno estructural que erosiona la competitividad, penaliza la eficiencia y castiga especialmente a quienes más arriesgan: los pequeños empresarios y los autónomos que generan empleo.
