- Los taxistas autónomos temen una avalancha de licencias que colapse el sector
- Los profesionales del taxi también exigen cambios normativos
- Las movilizaciones de los taxistas han empezado y se prolongarán durante todo el verano
Ayer miércoles 28 de mayo, miles de taxistas de todo el país protestaron en Madrid para denunciar la reciente concesión de 8.500 nuevas licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) a la plataforma Cabify, tal y como adelantó este medio.
Cerca de 4.000 taxis, según los convocantes, apoyados por conductores de Aragón, Galicia, Asturias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, paralizaron las principales vías de la capital, en una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) que fue respaldada por la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI).
Los taxistas autónomos temen una avalancha de licencias que colapse el sector
El detonante de la movilización fue la autorización de 8.500 licencias VTC a Cabify, concedidas tras años de litigios judiciales. Estas nuevas autorizaciones, que deben activarse de forma inmediata, duplicarían el número de VTC en Madrid, pasando de las 9.000 actuales a cerca de 17.500, superando los aproximadamente 16.000 taxis que operan en la capital.
Julio Sanz, presidente de ANTAXI, calificó la situación como un «experimento a nivel nacional» para «eliminar el servicio público del taxi». En sus declaraciones antes de la marcha, Sanz alertó sobre una presunta maniobra especulativa: «Estas licencias, que cuestan 34 o 60 euros, se están vendiendo por miles de euros incluso antes de ser concedidas». Además, denunció posibles irregularidades, incluida la falsedad documental en las solicitudes, y anunció que el sector ha presentado un expediente con pruebas ante la Fiscalía Territorial de Madrid.
Por su parte, Emilio Mosquera, presidente de la Unión de Taxistas Gallegos (UTÁga), subrayó la dimensión nacional del problema, asegurando que afecta «a todo el taxi español. Somos un servicio público que da empleo a más de 100.000 familias y está presente en cada rincón del país». Mosquera, junto a representantes de otras regiones, acudió a Madrid para apoyar la protesta, advirtiendo que la proliferación de VTC podría «secuestrar la movilidad» y generar «grave inseguridad» en las ciudades.
Los profesionales del taxi también exigen cambios normativos
Las quejas del sector no se limitan a las plataformas VTC, pues consideran que las administraciones públicas también tienen margen para intervenir en este conflicto. Según ANTAXI, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes pueden actuar mediante un decreto para frenar la autorización masiva de licencias, una medida que, según Sanz, se ha implementado rápidamente en el pasado para modificar la Ley de Ordenación del Transporte.
Los taxistas reclaman cambios normativos que garanticen la viabilidad del taxi como servicio público, protegido por una sentencia del Tribunal Supremo que lo considera un «bien público intergeneral». Además, critican a la Comunidad de Madrid por su demora en regular el sector y por imponer sanciones a las VTC que consideran insuficientes.
Las movilizaciones de los taxistas han empezado y se prolongarán durante todo el verano
La marcha, que comenzó a las 9:30 y se prolongó hasta las 13:30, generó un «colapso generalizado» en puntos clave de Madrid, según los organizadores. Usuarios y ciudadanos se vieron afectados por los cortes de tráfico, mientras que los taxistas defendieron que su lucha no busca mejores condiciones económicas, sino «seguir trabajando y mantener los puestos de trabajo».
Los portavoces de ANTAXI anunciaron que esta manifestación es solo el comienzo. A partir de junio, el sector prepara movilizaciones en toda España, con concentraciones en aeropuertos, puertos y estaciones de tren, para emular el «colapso» que, según advierten, sufrirán las ciudades si se conceden las más de 35.000 licencias a nivel nacional.
«Estamos dispuestos a llegar hasta el final para defender nuestra supervivencia», afirmó Sanz, quien instó al Gobierno a «decir basta» y obligar a las comunidades autónomas a actuar. El sector, que se declara «hastiado» de salir a la calle, espera que las administraciones escuchen sus demandas antes de que la situación derive en un conflicto aún mayor.
