Las comunidades autónomas siguen incumpliendo el plazo legal para abonar las facturas a los negocios y los trabajadores por cuenta propia que trabajan para estas administraciones. Así lo mostraron los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, que cifran en 31,71 días el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) registrado en noviembre.
La Ley de Contratos del Sector Público limita a 30 días el plazo de pago que tienen las administraciones públicas para pagar sus facturas a las miles de pymes que trabajan para ellas realizando servicios como la limpieza y jardinería, el transporte de viajeros o el desarrollo y mantenimiento de sus sedes electrónicas, entre otras.
Sin embargo, sólo diez comunidades autónomas estarían cumpliendo con el plazo establecido en la ley. Por su parte, la Administración Central cuenta con un PMP de 21,75 días, mientras que las entidades locales -los ayuntamientos- pagan sus facturas en una media de 29 días.
Las CCAA reducen su plazo de pago a los negocios, pero siguen incumpliendo la ley
Como repasaron desde Hacienda, en las comunidades autónomas “el Periodo Medio de Pago a Proveedores se situó en noviembre de 2024 en 31,71 días, lo que supone un descenso de 0,37 días respecto al mes anterior, un 1,15%”.
En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 23,47 días y la de operaciones pendientes de pago en 42,56 días. Ello supone una bajada de 1,92 días en la ratio de operaciones pagadas y un aumento de 2,49 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior, respectivamente.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las que presentaron un PMP superior a 30 días en noviembre, como se refleja en la siguiente tabla:
Por el contrario, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja presentaron plazos medios de pago inferiores a 30 días, por lo que se encuentran dentro del PMP legal establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Los autónomos piden que los contratos públicos queden indexados a las subidas del SMI
El retraso en los pagos de los contratos públicos, así como el hecho de que llevan congelados varios años, está provocando que miles de licitaciones queden desiertas al año en España. Por ello, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevan años reclamando que su precio quede indexado a las subidas en los costes aprobadas por el Gobierno, como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, prometió recientemente incrementarlos en la misma medida de las subidas del SMI, que han subido un 58% desde que ella está al frente de Trabajo.
“Esa Ley de Desindexación del señor Montoro y de Mariano Rajoy es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado. Relación tóxica. Lo digo alto y claro.”, explicó Díaz en el Congreso de ‘Ahora Más Industria’, celebrado el pasado miércoles.
La citada norma está presente desde 2015. Fue aprobada en un contexto totalmente diferente al actual, y desvinculó los precios de los servicios públicos del Índice de Precios de Consumo (IPC) y de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
