Desde hace un par de semanas, cualquier comunidad de vecinos o edificio de oficinas que pase la inspección periódica obligatoria de su ascensor debe cumplir ya los nuevos requisitos impuestos por la normativa vigente.
Esta norma, que obliga a que todos los ascensores tengan un contrato de mantenimiento formalizado, con una periodicidad más estricta y documentación detallada. Además, se intensifican las inspecciones obligatorias: una revisión mensual por parte del autónomo o empresa mantenedora, una inspección general cada cuatro años para edificios residenciales y cada dos en inmuebles de uso público.
Lo que está provocando un enorme repunte de actividad para miles de autónomos y pequeños negocios vinculados tanto al mantenimiento, la modernización y la inspección de ascensores, como a los relacionados con esta actividad: electricistas, negocios de reformas, empresas de control autorizadas e incluso las gestorías que deben tener al tanto a las comunidades de vecinos de las novedades respecto a este tema.
- España es el país con más ascensores por habitante del mundo, aunque envejecidos
- Comunidades de vecinos y edificios de oficinas tienen como fecha límite para las adaptaciones julio de 2028
- Una gran oportunidad para los pequeños negocios del sector de fidelizar clientes y ofrecer servicios adicionales
España es el país con más ascensores por habitante del mundo, aunque envejecidos
En España casi de 1,2 millones de aparatos elevadores en funcionamiento. En concreto, la ratio es de 20,3 ascensores por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media europea (13 aparatos), debido principalmente al tipo de urbanismo y a la alta densidad de edificios de varias plantas construidos desde los años Sesenta.
El problema –y la oportunidad para los negocios– es la antigüedad de dichos elevadores. De hecho, este reglamento busca precisamente equiparar la seguridad de los equipos más antiguos con los nuevos, incorporando dispositivos de protección y sistemas de comunicación bidireccional obligatorios, entre otros cambios.
Y es que los expertos calculan que alrededor de medio millón de aparatos del parque español no cumple con las nuevas exigencias. Y los expertos del sector calculan que las adaptaciones podrían costar entre 3.000 y 12.000 euros por ascensor, lo que supone un volumen de negocio potencial de entre 1.500 y 6.000 millones de euros para los autónomos y los pequeños negocios profesionales mencionados.
Una de las novedades más visibles es la exigencia de instalar cortinas fotoeléctricas que impidan el cierre si hay obstáculos en lugar de las tradicionales células de un solo haz. Este sistema impide el cierre de la puerta si detecta un obstáculo y es obligatorio en ascensores con puertas automáticas. También deberán incorporarse mecanismos de nivelación precisa para evitar el desnivel entre la cabina y el rellano, un problema frecuente que puede provocar caídas.
El real decreto introduce también medidas contra desplazamientos incontrolados del ascensor con las puertas abiertas, un fallo poco habitual pero extremadamente peligroso. Otra exigencia nueva es la mejora de los sistemas de comunicación bidireccional en caso de emergencia, lo que implica renovar interfonos y cuadros de maniobra en muchos ascensores antiguos.
Comunidades de vecinos y edificios de oficinas tienen como fecha límite para las adaptaciones julio de 2028
Estas reformas técnicas requieren intervenciones de otros profesionales, más allá de los técnicos de mantenimiento de ascensores. Electricistas para adaptar cuadros; negocios de reformas para ensanchar marcos o modificar suelos; carpinteros metálicos, pintores y hasta empresas de rehabilitación de edificios están recibiendo encargos derivados de esta normativa. Además, las gestorías de fincas deben estar informadas de los plazos, presupuestos y pasos legales para asesorar correctamente a las comunidades.
Para valorar el nuevo marco normativo, IFMA España, la filial española de la International Facility Management Association, ha publicado el documento Movilidad Vertical: normativa a tener en consideración. Como explicaron a este diario en esta organización, España cuenta con uno de los parques de ascensores más envejecidos de su entorno, ya que más del 50% de los aparatos superan los 20 años de antigüedad.
El texto legal establece que los trabajos deben realizarse en un plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor, lo que sitúa la fecha límite para las adaptaciones en julio de 2028. Sin embargo, en la práctica, los ascensores que pasen inspección a partir de ahora ya deben cumplir con estas exigencias, de lo contrario se emitirán actas desfavorables con plazos de subsanación.
Las comunidades que no acometan las reformas se enfrentarán a sanciones. Según los expertos, muchas inspecciones están comenzando a detectar incumplimientos que antes no eran obligatorios, lo que está llevando a un aumento en la demanda de presupuestos y visitas técnicas por parte de empresas instaladoras.
Una gran oportunidad para los pequeños negocios del sector de fidelizar clientes y ofrecer servicios adicionales
La normativa establece un cambio estructural en el mantenimiento de ascensores hacia un modelo permanente y planificado. Para muchos pequeños negocios, esto supone una fuente de ingresos sostenida en el tiempo.
La nueva ley recoge los siguientes cambios en los elementos de seguridad:
Puertas automáticas
Incorporación de dispositivos de protección en un plazo de seis meses a un año.
Comunicación bidireccional
Obligatoria en todas las cabinas en un plazo de un año.
Dispositivo de sobrecarga
Que impide el funcionamiento en caso de sobrecarga en cabina, con un plazo de un año.
Precisión de nivelación
Requiere precisión de parada y nivelación estricta en un plazo de seis meses a un año.
Movimientos incontrolados
Instalación de medidas efectivas para evitar los movimientos incontrolados de los ascensores.
El mantenimiento en ciudades medianas, zonas rurales o edificios antiguos suele recaer en pequeñas empresas y técnicos autónomos. Estos profesionales están viendo un aumento del volumen de llamadas, inspecciones y solicitudes de adaptación.
De ahí que también esté creciendo el interés por las ayudas a la accesibilidad del Plan Estatal de Vivienda, que en algunos casos permiten financiar parte de las obras si se instalan o mejoran ascensores en edificios residenciales. Los gestores deben valorar con sus clientes la posibilidad de acogerse a estas líneas de subvención.
Aunque las reformas exigidas por el nuevo decreto son menos costosas, suponen un esfuerzo económico significativo para muchas comunidades. En todo caso, los expertos recomiendan revisar los contratos de mantenimiento y anticiparse a los plazos de inspección. Lo que supone una buena oportunidad para los autónomos y pequeños negocios del sector de fidelizar clientes, ofrecer servicios adicionales y posicionarse en un mercado que está en plena transformación.
