Atender a los clientes, gestionar pedidos y asumir las tareas administrativas. En el día a día de un pequeño negocio es habitual que una misma persona asuma roles muy distintos. Sin embargo, una nueva obligación aprobada por el Gobierno va a romper con esta flexibilidad operativa: a partir de ahora, autónomos y pymes estarán obligados a elegir una sola ocupación principal para cada trabajador y comunicársela formalmente a la Seguridad Social.
El Real Decreto 643/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concede, a partir de hoy -1 de agosto de 2026-, a todos los empresarios un plazo de seis meses para informar a la Tesorería General de la Seguridad Social del código de ocupación laboral de los empleados que tengan de alta, salvo que ese dato ya hubiera sido comunicado.
La dificultad aparecerá en aquellos negocios donde los empleados realizan distintas tareas, cambian de funciones o pueden encajar en más de un código de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. “Se están solicitando estos datos sin haber analizado previamente las particularidades de cada empresa”, advirtió Teresa Silleras, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid.
Los graduados sociales alertan de que una elección incorrecta puede hacer que la ocupación declarada no coincida con el trabajo real del empleado y generar problemas posteriores, especialmente cuando se valore si sus funciones son compatibles con una incapacidad. Además, el código podría quedar desactualizado si el trabajador cambia de puesto o asume nuevas responsabilidades dentro de la empresa.
Las pymes tendrán seis meses para identificar la ocupación principal de toda su plantilla
La nueva obligación no afectará únicamente a las próximas contrataciones. Autónomos y pymes deberán revisar a los trabajadores que ya tengan de alta y comprobar si la Seguridad Social dispone del código que identifica la ocupación que desempeña cada uno de ellos.
El Real Decreto 643/2026 obliga a todos los empresarios a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ocupación laboral única o principal de sus empleados, conforme a la Clasificación Nacional de Ocupaciones vigente.
La medida alcanza a todos los trabajadores por cuenta ajena que estén de alta en cualquiera de los códigos de cuenta de cotización de la empresa. Sólo quedarán fuera de esta revisión aquellos cuyo código de ocupación ya haya sido comunicado anteriormente a la Tesorería.
Los negocios dispondrán de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto para completar el trámite. Como la norma comienza a aplicarse el 1 de agosto de 2026, las empresas tendrán que aprovechar ese periodo para revisar su plantilla y determinar qué ocupación representa mejor el trabajo que realiza cada empleado.
El código comunicado no será un dato meramente estadístico. El propio BOE explica que la Seguridad Social lo necesita para elaborar los informes relacionados con el eventual reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en ocupaciones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y con elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Por tanto, aunque formalmente la nueva obligación consista en enviar un código, las pymes tendrán que analizar previamente qué trabajo desarrolla realmente cada miembro de su plantilla. La elección se vuelve más delicada cuando un empleado realiza varias funciones, ya que la norma obliga a comunicar una sola ocupación o identificar cuál de todas ellas es la principal.
Elegir un código incorrecto puede generar problemas para empresas y trabajadores
La principal dificultad no estará en enviar el dato, sino en decidir qué código refleja de verdad el trabajo que realiza cada empleado. En muchas pymes, esta revisión puede resultar sencilla cuando el trabajador ocupa un puesto claramente definido, pero se complica cuando una misma persona asume tareas distintas según el puesto que ocupa y las necesidades del negocio.
“Un mismo trabajador puede desempeñar distintas funciones y, por tanto, podría encajar en varios códigos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones”, explicó Silleras. En estos casos, la empresa tendrá que determinar cuál es la ocupación principal, aunque las tareas estén repartidas entre varios puestos o no exista una correspondencia evidente con un único código.
A juicio de la graduada social, esta elección exige analizar las funciones que el trabajador desarrolla realmente y no limitarse a trasladar de forma automática una denominación genérica. El problema es que la Administración, según advirtió, no ha profundizado suficientemente en las particularidades de cada empresa ni en las situaciones en las que un empleado combina varias ocupaciones.
La clasificación también puede quedar desactualizada con el paso del tiempo. Un trabajador puede cambiar de puesto, asumir nuevas responsabilidades o dejar de realizar algunas de las funciones que desempeñaba al inicio de la relación laboral.
“Las funciones del trabajador pueden cambiar a lo largo de la relación laboral, por lo que el código comunicado inicialmente podría dejar de reflejar su ocupación real”, señaló Silleras.
La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid alertó, además, de que la ocupación declarada puede tener relevancia cuando se valore si las tareas del empleado son compatibles con una incapacidad temporal o permanente. Una misma limitación física podría permitir desarrollar una ocupación, pero impedir el desempeño de otra diferente.
“Comunicar un código incorrecto puede generar riesgos, porque una ocupación podría ser compatible con una limitación física y otra no”, explicó. Por ello, una clasificación que no coincida con las funciones reales puede introducir dificultades posteriores tanto para la empresa como para el propio trabajador.
Con la información disponible no puede afirmarse que un error vaya a provocar automáticamente una sanción o la pérdida de una prestación. Silleras sí reclamó que se aclare qué consecuencias tendrá comunicar un código equivocado o presentar la información fuera del plazo establecido.
La nueva obligación añadirá, además, una decisión compleja a la gestión laboral de los negocios. Aunque el empresario es el responsable de comunicar el dato, en la práctica muchas pymes recurrirán a sus asesorías o graduados sociales para seleccionar los códigos de toda la plantilla y actualizar la información cuando cambien las funciones.
“Nuevamente, se traslada a los profesionales la responsabilidad de comunicar una información compleja, en un contexto de creciente carga administrativa”, lamentó Silleras. A su juicio, ni las empresas ni quienes gestionan estas obligaciones deberían asumir las consecuencias derivadas de las exigencias o de la falta de previsión de la Administración.
