La Comisión Europea ha estimado recientemente que serán necesarios 620.000 millones de euros adicionales al año para financiar la transición ecológica en todos los Estados miembros e la UE. Y quiere que los pequeños negocios y autónomos alcancen también los objetivos climáticos que se han fijado desde Bruselas, para lo cual se les impondrá unos nuevos requisitos medioambientales si solicitan ayudas públicas.
Por ese motivo, el Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles, recién aprobado por el Ministerio de Economía de España, ha creado el Consejo de Finanzas Sostenibles, la Línea ICO Verde y el desarrollo de un sandbox de sostenibilidad. Este debería ser el marco estratégico para que los pequeños negocios puedan adaptarse a las exigencias medioambientales.
El impacto directo de este Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles se verá reflejado en cómo acceden los pequeños negocios a ayudas públicas, licitaciones y financiación sostenible. Pues, según datos del propio ministerio, menos del 25% de ellos han accedido a financiación sostenible debido a que sólo se dirige a los negocios que cumplen con ciertos requisitos de sostenibilidad que las pequeñas empresas y los autónomos desconocen o son incapaces de implementar por su alto coste.
También, muchas líneas de financiación, como la Línea ICO Verde, estarán enfocadas exclusivamente a proyectos que cumplan con los criterios de sostenibilidad establecidos en la taxonomía verde europea. Esta línea cuenta con un presupuesto inicial de 3.000 millones de euros, destinado a financiar proyectos de eficiencia energética, reducción de emisiones y transición a modelos más responsables en sectores clave como transporte, agricultura e industria.
El Consejo pretende orientar a los pequeños negocios hacia prácticas sostenibles. Esto incluye la publicación de guías específicas para sectores como la agricultura, el transporte o el comercio, que ayudarán a comprender cómo cumplir con los requisitos de sostenibilidad sin afectar su rentabilidad.
La sostenibilidad es un requisito para las explotaciones agrícolas exigido por la PAC y el 30% no lo cumple
Para los autónomos y pequeños negocios rurales, la sostenibilidad ya no es solo un valor añadido: es un requisito para recibir ayudas como las de la Política Agraria Común (PAC). Estas ayudas representan 4.856 millones de euros anuales en España y están condicionadas a prácticas sostenibles como los eco-regímenes. Estas medidas incluyen la rotación de cultivos, la conservación de pastos permanentes y el uso de técnicas que reduzcan el impacto ambiental.
Sin embargo, según datos del Ministerio de Agricultura, más del 30% de las explotaciones agrícolas españolas aún no cumple con los estándares de sostenibilidad exigidos por la PAC, lo que podría poner en peligro el acceso a estas ayudas. Esto afecta especialmente a las micropymes rurales, que suelen depender de estos fondos para mantener su actividad.
El Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles refuerza la importancia de estas prácticas al conectar el acceso a ayudas europeas y nacionales con la implementación de criterios medioambientales. Por ejemplo, las pequeñas explotaciones que adopten sistemas de riego inteligente o maquinaria eficiente, además de mejorar su competitividad, garantizarán su acceso a financiación pública.
Tres de cada cuatro contratos públicos adjudicados en 2023 incluían cláusulas de sostenibilidad
Otro de los pilares del Libro Verde es condicionar el acceso a ayudas públicas y licitaciones al cumplimiento de criterios de sostenibilidad. Esto afecta tanto a autónomos como a pequeños negocios de sectores variados, desde la construcción hasta la hostelería. Según el Ministerio de Hacienda, más del 75% de los contratos públicos adjudicados en 2023 incluían cláusulas de sostenibilidad, y esta tendencia continuará al alza.
Además, el Libro Verde contempla la introducción de incentivos fiscales que beneficiarán a los pequeños negocios que adopten prácticas responsables. Estas medidas incluyen deducciones en el Impuesto de Sociedades y bonificaciones que pueden reducir los costes operativos en hasta un 15%. Por ejemplo, un comercio que instale placas solares en su establecimiento podrá acceder a ayudas directas y deducciones fiscales que reducirán el periodo de retorno de su inversión.
El ‘sandbox’ de sostenibilidad es un entorno para innovar sin riesgos
Una de las medidas más innovadoras del Libro Verde es la creación de un sandbox de sostenibilidad, un entorno de prueba controlado donde los pequeños negocios, autónomos con micropymes y entidades financieras podrán experimentar con proyectos sostenibles sin asumir riesgos significativos. Este sandbox tiene como objetivo acelerar la adopción de tecnologías y prácticas verdes, proporcionando un espacio seguro para probar nuevas soluciones antes de su implementación a gran escala.
Por ejemplo, un autónomo del sector del transporte podría utilizar el sandbox para analizar la viabilidad de transformar su flota con vehículos eléctricos, evaluando el impacto financiero, logístico y ambiental antes de comprometerse con una inversión definitiva. A su vez, los reguladores y supervisores podrán utilizar estos entornos para ajustar las normativas existentes y simplificar los trámites necesarios para fomentar la transición ecológica.
Este espacio seguro puede ser también una herramienta clave para sectores menos familiarizados con las exigencias medioambientales, como el comercio minorista o la hostelería. Según estimaciones del Ministerio de Economía, más de 100.000 pequeños negocios podrían beneficiarse de este sistema en los próximos cinco años, lo que les permitirá acceder a financiación verde y mejorar su posición en el mercado.
Además, este entorno se conectará con los datos recopilados por el Consejo de Finanzas Sostenibles, que utilizará la información generada en los proyectos piloto del sandbox para desarrollar guías sectoriales y propuestas de simplificación regulatoria que faciliten la implementación de prácticas sostenibles.
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad obliga a garantizar que los proveedores respetan estándares ambientales
Además de las ayudas públicas, la relación con las grandes empresas también estará condicionada por la sostenibilidad. Desde 2024, la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad obliga a las grandes compañías a garantizar que sus proveedores respeten estándares ambientales y sociales. Esto significa que los pequeños negocios deberán certificar que sus operaciones cumplen con estos requisitos para no quedar excluidos de las cadenas de suministro.
Por ejemplo, un pequeño productor que desee trabajar con una gran cadena de supermercados deberá demostrar que su proceso de producción utiliza materiales reciclables y cumple con los estándares de trazabilidad sostenible. Según la Comisión Europea, alrededor del 70% de los consumidores en la UE prioriza el consumo de productos con certificaciones ambientales, lo que convierte la sostenibilidad en una ventaja competitiva para los pequeños negocios.
En este sentido, el Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles incluye medidas para facilitar esta transición, como la financiación preferente para proyectos que cumplan con los requisitos de trazabilidad o incentivos para la obtención de certificaciones ambientales. El problema es que, según un informe del Consejo Económico y Social, en torno al 41% de los pequeños negocios españoles no tienen los recursos necesarios para implementar prácticas sostenibles, y el 60% considera que la carga burocrática es un obstáculo importante.
Por ello, el Consejo de Finanzas Sostenibles priorizará la simplificación regulatoria para facilitar el acceso a ayudas y financiación, incluyendo la digitalización de procesos administrativos y la creación de plataformas específicas para autónomos, donde puedan consultar su nivel de cumplimiento y las opciones disponibles para mejorar.
