Desde el pasado 14 de febrero, Portugal ha implementado estrictas medidas anticorrupción, que afectan directamente a las empresas españolas con presencia en su territorio. Estas nuevas normas afectan de lleno a los pequeños y medianos negocios, dado que el mercado vecino es el tercero en importancia para las pymes españolas, después del alemán y el francés.
Así, las cerca de 2.300 pymes españolas que, según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), tienen presencia en suelo luso –ya sea mediante filiales, sucursales u otras formas de establecimiento–, y cuentan con más de 50 empleados, están ahora obligadas a adoptar programas de cumplimiento normativo para prevenir la corrupción, enfrentándose a multas que pueden alcanzar los 45.000 euros en caso de incumplimiento.
Esta iniciativa forma parte del Régimen General de Prevención de la Corrupción (RGPC), establecido mediante el Decreto Ley 109-E, que entró en vigor el 7 de junio de 2022. El RGPC portugués exige a los negocios españoles la implementación de un conjunto de medidas destinadas a identificar y mitigar riesgos relacionados con la corrupción y delitos conexos.
Todos los negocios con presencia en Portugal deberán cumplir las nuevas obligaciones
“Aunque tanto Portugal como España cuentan con marcos legales dirigidos a la prevención de la corrupción, existen diferencias notables en su enfoque y aplicación”, explicó a este diario una investigadora del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) que prefiere mantener el anonimato.
Según esta experta, en España, “el desarrollo de programas de cumplimiento normativo es considerado una medida atenuante o eximente de responsabilidad penal para las personas jurídicas, según lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal. Sin embargo, no todas las empresas están obligadas a contar con dichos programas”, y su adopción es, según ella, “en muchos casos, voluntaria”.
Por el contrario, el RGPC portugués establece la obligatoriedad de implementar programas de cumplimiento para todas las empresas con 50 o más empleados que operen en su territorio, con independencia de su origen. Esta diferencia implica que los negocios españoles con presencia en Portugal deben prestar especial atención a las especificidades de la normativa lusa para garantizar su cumplimiento y evitar sanciones.
De hecho, en el país vecino, la supervisión del cumplimiento de estas obligaciones recae en el Mecanismo Nacional Anticorrupción (MENAC), un organismo público independiente con potestad sancionadora.
Esta entidad señala que el RGPC obliga a los negocios a desarrollar e implementar un programa de cumplimiento normativo que debe incluir, entre otros, los siguientes cinco elementos:
- Un Plan de Prevención de Riesgos de Corrupción e Infracciones Conexas (PPR). Este plan debe identificar y analizar los riesgos de corrupción específicos del negocio, evaluando su probabilidad e impacto, y estableciendo medidas preventivas y correctivas adecuadas.
- Un Código de Conducta. Un documento que establezca los principios y normas éticas que rigen la actuación de la empresa y sus empleados, promoviendo una cultura de integridad y transparencia.
- Un Canal de Denuncias. Mecanismo confidencial que permita a empleados y terceros reportar posibles irregularidades o conductas indebidas relacionadas con la corrupción.
- Distintos programas de formación y comunicación. Iniciativas dirigidas a capacitar a los empleados y directivos en materia de prevención de la corrupción, asegurando que estén informados sobre las políticas y procedimientos establecidos.
- Un Procedimientos de Evaluación Previa. Procesos de diligencia debida para evaluar y gestionar los riesgos asociados a terceros, como proveedores y socios comerciales, garantizando que sus prácticas se alineen con los estándares anticorrupción del negocio.
De modo que, para los negocios españoles con filiales o sucursales en Portugal, “la entrada en vigor del RGPC implica la necesidad de revisar y, en su caso, adaptar sus políticas y procedimientos internos para cumplir con las nuevas exigencias”, continuó la experta. Para quien esto “conlleva la asignación de recursos adicionales y la creación de sistemas de control más rigurosos”.
Es fundamental que estos negocios realicen una evaluación exhaustiva de sus operaciones en suelo luso para identificar posibles áreas de riesgo y establecer las medidas preventivas correspondientes. Además, deberán designar a un responsable de cumplimiento que supervise la aplicación efectiva del Programa de Cumplimiento Normativo y actúe como enlace con el MENAC.
Las multas por incumplir las nuevas obligaciones pueden ascender a 45.000 euros
Como organismo encargado de supervisar la aplicación del RGPC y de imponer las sanciones correspondientes, en caso de incumplimiento, el MENAC ha anunciado que las multas pueden ascender hasta 44.891 euros para los negocios que no adopten las medidas exigidas por la normativa. “Además de las sanciones económicas, las empresas infractoras se arriesgan a otras consecuencias, como como la pérdida de contratos públicos o la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas”, recordó la investigadora del GRECO.
Dado que el MENAC tiene la facultad de realizar inspecciones y requerir información a las empresas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, es esencial que los negocios mantengan una documentación adecuada y actualizada, que evidencie la implementación efectiva de su programa de cumplimiento normativo.
Para los autónomos y pymes españolas que operan en Portugal, especialmente aquellas con estructuras empresariales que superan los 50 empleados, es crucial adoptar una serie de medidas para alinearse con el RGPC:
- Una evaluación de riesgos. Realizar un análisis detallado de las áreas susceptibles a riesgos de corrupción dentro del negocio y en sus interacciones con terceros.
- El desarrollo e implementación del programa de cumplimiento normativo. Diseñar un programa que contemple todos los elementos exigidos por la normativa, adaptado a la realidad y necesidades específicas de la empresa.
- Una formación continua. Capacitar regularmente a toda la plantilla en materia de ética empresarial y prevención de la corrupción, fomentando una cultura corporativa basada en la integridad.
- Un cierto monitoreo y actualización. Establecer mecanismos de seguimiento y revisión periódica del programa para asegurar su eficacia y adecuación a posibles cambios legislativos o en el entorno empresarial.
La implementación de estas medidas, además de permitir cumplir con las obligaciones legales en suelo portugués, fortalecerán la reputación y competitividad de los negocios españoles en aquel mercado, promoviendo prácticas empresariales responsables y sostenibles; algo que empieza a ser cada vez más demandado por organismos públicos, entidades bancarias y clientes.
