El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) envió esta semana una propuesta al Parlamento para impulsar una modificación de la Ley General de Subvenciones y que no se conceda ninguna ayuda de este tipo a las empresas que no cumplan con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Esta cuota obliga a las empresas con más de 50 empleados a reservar, al menos, un 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad. Desde el CERMI argumentan que los poderes públicos no deberían ayudar a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos en situación de protección reforzada.
Así lo puso de relieve el Comité en una propuesta de modificación de la Ley General de Subvenciones, que ha remitido a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, en la que se hace hincapié en que la obtención de cualquier ayuda pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
El CERMI pide que tampoco se incluya en las ayudas a las empresas sancionadas por cuestiones de igualdad
Igualmente, la entidad plantea que haber sido sancionado en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley General de Discapacidad, sea también motivo para no poder recibir ayudas de administraciones públicas.
Además de estos apartados, el CERMI reclama que se introduzca como motivo de exclusión de la posibilidad de recibir subvenciones haber sido sancionado en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.
Las infracciones laborales graves deberían impedir las ayudas, según el CERMI
Según el CERMI, «sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como ‘premio’ a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes».
Es más, «en otros ámbitos, como el de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, se ha excluido de cualquier subvención o ayuda a aquellas que promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas”, apuntó el Comité en su propuesta.
