Protección de datos: los autónomos tienen 72 horas para informar de un ciberataque o ser sancionados

En los últimos años, la ciberseguridad de los autónomos y negocios es una amenaza latente y que no deja de crecer, a medida que se depende más y más de la tecnología. Aunque a veces se piensa que los hackers solamente apuntan a grandes corporaciones, los pequeños negocios son blanco frecuente debido a su menor preparación en ciberseguridad.

De hecho, según un estudio de Accenture, casi el 43% de los ciberataques están dirigidos a micropymes, y apenas un 14% de estas se consideran preparadas para defenderse. Esto convierte a los pequeños negocios en un objetivo atractivo para el robo de información y las estafas online.

Además, un ciberataque no sólo genera pérdidas económicas inmediatas, sino también consecuencias legales que pueden poner en peligro la viabilidad de un negocio. Las sanciones por incumplimientos normativos, aunque menores que las aplicadas a grandes empresas, pueden ser significativas. En España, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto multas de entre 3.000 a 50.000 euros a micropymes por no cumplir con los requisitos, en plazo y forma, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a la hora de denunciar un robo de datos.

¿A qué organismos deben informar los autónomos y negocios tras un ciberataque?

Cuando un autónomo o un pequeño negocio sufre un ciberataque, es esencial saber a quién notificar para minimizar las consecuencias legales y mitigar los daños. Estos son los pasos clave:

1. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

   • Es el organismo principal en España para reportar brechas de datos personales.
   • El plazo para informar es de 72 horas desde que se detecta el incidente.
   • El informe debe incluir detalles como el tipo de datos afectados, el alcance del ataque y las medidas adoptadas para controlar la brecha.

2. Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)

   • Aunque no impone sanciones, es un recurso importante para recibir orientación técnica y asesoramiento.
   • El Computer Emergency Response Team (CERT), es su “brazo armado” y ofrece herramientas gratuitas para pequeños negocios, como guías de actuación y formación en ciberseguridad.

3. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

   • Si el ciberataque implica actividades delictivas como extorsión o fraude (por ejemplo, ransomware), es fundamental presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.
   • Ambos organismos cuentan con unidades especializadas en ciberdelincuencia.

4. Clientes y usuarios afectados

   • Según el RGPD, si el ataque supone un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, es obligatorio notificarles.
   • Esta notificación debe ser clara y precisa, explicando el impacto y las medidas que se están tomando para protegerlos.

¿Cómo prevenir los efectos legales de un robo de información por Internet?

Prevenir las consecuencias legales de un ciberataque no solamente implica proteger los sistemas, sino también adoptar un enfoque estratégico. Los expertos señalan algunas medidas preventivas que los autónomos y pequeños negocios deberían implementar:

1. Invertir en ciberseguridad básica.
   • Usar antivirus, firewalls y sistemas actualizados para cerrar puertas de entrada a los hackers.
   • Las actualizaciones automáticas son clave para parchear vulnerabilidades conocidas.
2. Formar al personal.
   • Muchos ciberataques se aprovechan de errores humanos, como caer en correos de phishing.
   • Capacitar a los empleados o colaboradores en ciberseguridad reduce significativamente el riesgo de incidentes.
3. Realizar copias de seguridad periódicas.
   • Almacenar datos en sistemas seguros fuera de línea para garantizar su recuperación en caso de pérdida o daño.
   • Idealmente, realizar backups diarios o semanales según la cantidad de datos manejados.
4. Contratar un seguro cibernético.
   • Existen pólizas diseñadas para cubrir los costes derivados de un ciberataque, incluyendo asesoría legal, recuperación de datos y posibles sanciones.
   • Es una inversión estratégica para reducir los riesgos financieros.
5. Elaborar un plan de respuesta.
   • Contar con un protocolo claro para actuar rápidamente tras un ataque es esencial.
   • Este plan debe incluir pasos como identificar el tipo de ataque, informar a los organismos competentes y mitigar el daño.
6. Auditorías regulares de seguridad.
   • Revisar periódicamente la infraestructura tecnológica del negocio para detectar posibles vulnerabilidades.
   • Estas auditorías son una herramienta preventiva clave para garantizar que los sistemas cumplen con la normativa.
7. Revisar y actualizar contratos.
   • Si se trabaja con proveedores o socios que manejan datos sensibles, es necesario asegurarse de que cumplen con el RGPD y otras normativas aplicables.
   • Establecer cláusulas de responsabilidad, protege el negocio ante problemas legales derivados de terceros.

Un ciberataque supone un problema técnico, pero también tiene consecuencias legales

Un informe de Kaspersky reveló que dos tercios (el 64%) de las pymes a nivel mundial han sido víctimas de ataques de ransomware, lo que refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas. No actuar, además de exponer a los negocios a pérdidas económicas, los pone en riesgo de sufrir también problemas legales que pueden ser igual o más perjudiciales aún.

Puesto que, a fin de cuentas, un ciberataque es un problema técnico, pero también legal. Las sanciones por incumplimientos normativos, si bien son menores que para grandes empresas, son significativas para autónomos y pequeños negocios. Por lo que, tras sufrir un incidente de este tipo, informar a tiempo a los organismos estatales adecuados, y contar con medidas preventivas básicas, puede marcar la diferencia entre recuperarse o cerrar definitivamente el negocio.