Los negocios deben prepararse para un mayor control en los próximos años. El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca las líneas de actuación de los inspectores en los próximos años, y concentra sus esfuerzos varias actuaciones que podrían afectar a miles de autónomos y pymes. Como apuntó Jesús Prieto, vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), no es sólo un documento, “da pistas de dónde se centrarán los esfuerzos de la Inspección”.
El documento avanza que se reforzará la vigilancia sobre prácticas habituales como el exceso de horas extraordinarias, los contratos fraudulentos a tiempo parcial, el empleo en “B” o los falsos autónomos. La novedad es que, a diferencia de planes anteriores, la Inspección basará buena parte de estas actuaciones en cruces masivos de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, lo que reducirá los márgenes de opacidad para las empresas.
Esta hoja de ruta incorpora además un nuevo frente: el control del teletrabajo internacional, cada vez más extendido, en el que compañías con sede en España contratan en el extranjero con sueldos más bajos. El plan también mantiene el acento en cuestiones como la igualdad de género, el acoso y los colectivos vulnerables. Al mismo tiempo, se prevé la modernización nuevas herramientas digitales y una mayor coordinación con las CCAA. “No podemos multiplicar inspecciones de forma ilimitada, pero el simple hecho de que el empresario sepa que controlamos hace que cumpla”, apuntó Prieto.
- Control de las horas extra y los contratos parciales
- Falsos autónomos y plataformas digitales
- Teletrabajo internacional bajo la lupa
- Cotización de autónomos y nuevas obligaciones en la Seguridad Social
- Sectores de mayor vigilancia: transporte, construcción y logística
Control de las horas extra y los contratos parciales
Tal y como explicó a este medio Jesús Prieto, el exceso de horas extraordinarias y el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial vuelven a situarse entre las prioridades de la Inspección. Según el nuevo Plan Estratégico, se trata de una de las prácticas más extendidas entre los pequeños negocios, ya que permite abaratar costes salariales y de cotización, pero a costa de un alto riesgo de sanción.
La novedad respecto al plan anterior es que, en los próximos años, se desplegarán planes de choque específicos y un mayor uso de cruces masivos de datos para identificar indicios de fraude. No obstante, desde la Inspección advierten de que, aunque, “ahora se utilizan más algoritmos y herramientas informáticas para detectar la subdeclaración de horas, lo importante sigue siendo la visita del inspector.”
La idea es detectar con mayor precisión a aquellas empresas que declaran jornadas muy inferiores a las realmente realizadas por sus trabajadores. Este tipo de controles se apoyará en la comparación con nóminas y bases de cotización y, sobre todo, en el registro horario, obligatorio desde 2019.
“El fraude en el tiempo parcial está bastante extendido. Si no se lleva el registro diario de jornada, la ley presume que el contrato es a tiempo completo”, aclaró Prieto. Para autónomos y pymes, el mensaje es claro: si los contratos parciales no reflejan con exactitud la jornada real o no se documentan correctamente las horas extraordinarias, existe un riesgo importante de ser multados.
Además, las consecuencias no se limitan sólo a sanciones económicas, sino que también alcanzan la obligación de regularizar cotizaciones atrasadas y el posible pago de recargos.
Falsos autónomos y plataformas digitales
El nuevo Plan Estratégico vuelve a situar en el punto de mira a los falsos autónomos, una figura que, según advirtió la Inspección, sigue siendo utilizada por algunas empresas para abaratar costes laborales y reducir cotizaciones. En este caso, la novedad es el refuerzo del cruce de información entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que permitirá detectar de manera más sistemática aquellos casos en los que la relación laboral encubierta es evidente.
Tal y como recordó Jesús Prieto en conversación con este medio, el fenómeno de los falsos autónomos no se limita a las grandes plataformas, también afecta a pequeños negocios que podrían utilizar colaboradores externos sin cumplir los requisitos legales. Se contemplan además actuaciones específicas en sectores donde es más frecuente recurrir a estas figuras para eludir un contrato laboral ordinario, como el transporte, la mensajería, la hostelería y la economía digital.
Esta especial vigilancia se extiende también a las plataformas digitales. La Inspección se apoyará en las nuevas obligaciones de información derivadas de la normativa europea, que obliga a remitir a Hacienda los pagos realizados a personas físicas que venden o prestan servicios a través de estas aplicaciones. Con esos datos se podrán iniciar actuaciones conjuntas con la Seguridad Social para aflorar empleo no declarado o detectar encuadramientos indebidos.
Teletrabajo internacional bajo la lupa
Una de las principales novedades del Plan Estratégico 2025-2027 es el control del teletrabajo internacional. La Inspección advierte que, aunque aún se trata de algo residual, cada vez más empresas están contratando en el extranjero a profesionales que realizan desde allí las mismas funciones que un trabajador en España, pero con sueldos más bajos y sin cotizar al sistema español.
El documento oficial señala que se reforzará la cooperación entre la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para identificar estas situaciones. El objetivo es determinar si esos trabajadores deben estar incluidos en el sistema de Seguridad Social español y exigir la regularización de las cotizaciones cuando corresponda. Para ello, se elaborará una guía de actuación específica y se formará a los inspectores en esta materia.
Tal y como explicó Jesús Prieto a este medio, este tipo de prácticas generan una pérdida de derechos para el trabajador –a la vez que suponen una merma en los ingresos de la Seguridad Social-. Para los pequeños negocios, el mensaje es claro: los acuerdos de teletrabajo deben formalizarse por escrito, indicar con precisión el lugar de prestación de servicios y garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y fiscales.
Cotización de autónomos y nuevas obligaciones en la Seguridad Social
El nuevo Plan Estratégico dedica un apartado específico a los trabajadores autónomos, que estarán bajo una vigilancia más intensa en los próximos años. La Inspección ha anunciado una campaña conjunta con la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar que las cotizaciones se ajustan al sistema de ingresos reales, en vigor desde enero de 2023.
Este sistema obliga a los autónomos a cotizar en función de los rendimientos netos obtenidos cada año natural, lo que implica variaciones trimestrales en la base de cotización. Según explicó Jesús Prieto, “la Inspección quiere asegurarse de que las cuotas se corresponden realmente con lo que se declara a Hacienda, porque ahí es donde pueden aflorar discrepancias”.
Además de este control, la hoja de ruta incluye la revisión de la nueva cotización adicional de solidaridad para las bases máximas, así como una campaña para vigilar la correcta aplicación de bonificaciones y reducciones en las cuotas. “Se van a cruzar más datos para comprobar que las bonificaciones se aplican correctamente, porque estamos hablando de miles de millones de euros”, puntualizó Prieto.
Los expertos avisan de que una buena planificación fiscal, así como una correcta elección de las bases de cotización, puede evitar ajustes posteriores, sanciones o la pérdida de incentivos.
Sectores de mayor vigilancia: transporte, construcción y logística
El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027 identifica a varios sectores donde el riesgo de fraude laboral es más elevado. Entre ellos destacan el transporte, la construcción y la logística, actividades en las que es habitual recurrir a cadenas de subcontratación o a figuras de dudosa legalidad, como las empresas buzón o las falsas cooperativas.
Por tanto, autónomos y pymes que operan en estas actividades estarán más expuestas a ser objeto de inspección. “El caso más conocido fue el de las cárnicas, donde el Supremo dio la razón a la Inspección. Esa sentencia abre la puerta a perseguir de la misma manera a otras cooperativas utilizadas para abaratar costes laborales y cotizaciones, en sectores como transporte o logística”, señaló Jesús Prieto.
