Desde diciembre de 2024, hoteles, casas rurales, pensiones y agencias de viaje gestionados por autónomos tienen la obligación de recopilar y remitir al Ministerio del Interior hasta 32 datos de cada cliente.
Un coste burocrático difícil de asumir para los pequeños negocios que, además, les ha cargado con sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El conocido como registro de viajeros entró en vigor a través del Real Decreto 933/2021 sin la orden ministerial que debía aclarar su aplicación. Así, a día de hoy, todavía no se ha publicado.
- Los hoteleros denuncian el disparate jurídico del Gobierno
- Los pequeños negocios sufren el mal funcionamiento de la plataforma oficial
- Ningún otro país europeo ha impuesto controles tan exhaustivos como España
- El registro de viajeros ha creado una ‘trampa burocrática’ para los autónomos
- Bruselas vigila a España, a la espera de la rectificación de Interior
Los hoteleros denuncian el disparate jurídico del Gobierno
El decreto entró en vigor en diciembre de 2024 tras varios aplazamientos, pero el sector sigue a la espera de la Orden Ministerial que debía concretar su aplicación. Interior respondió a este medio que los servicios técnicos trabajan en ella para publicarla “a la mayor brevedad posible” pero sin concretar fechas ni plazos.
Para los afectados, la explicación es insuficiente, ya que “han pasado nueve meses desde que prometieron publicarla en enero. No hay borrador, no hay calendario y la Comisión Europea sigue esperando. Esto es un disparate jurídico”, declaró a este medio Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Pese a las críticas del sector turístico, fuentes del ministerio sostuvieron que el número de datos exigidos es “proporcional y compatible con la normativa europea de protección de datos”.
Todo ello, llevó a Estalella a asegurar que todas las respuestas de la oficina de comunicación eran “mentira”. De hecho, asegura que “no lo consideran proporcional ni la legislación española, ni la Agencia de Protección de Datos, ni la Comisión Europea, ni las patronales”. Y recordó que “España está incumpliendo las directivas de libre circulación y de tratamiento de datos personales”.
Los pequeños negocios sufren el mal funcionamiento de la plataforma oficial
Autónomos y pymes deben introducir uno a uno o “por lotes” los 32 datos que recogen de sus clientes en través de una aplicación web llamada Ses.Hospedajes, que mantiene Interior.
A pesar de que las fuentes de este ministerio consultadas defendieron que dicho servicio “ha tenido un buen funcionamiento y no ha sido necesario acometer operaciones técnicas de envergadura”, los hoteleros les contradicen y relatan todo tipo de incidencias en una plataforma que “funciona muy mal”.
Estalella detalló que el sistema oficial en el que están obligados a subir la información “se ‘cuelga’, no valida, no permite registrar documentos en caracteres no latinos”. Y aunque el servicio prevé una opción para hacer consultas, lo único que los profesionales obtienen a cambio es un mensaje automático que en el que se explica que, dado el gran número de estas, no pueden atenderles.
“Esa es la ayuda que recibe un empresario que se juega multas de hasta un millón de euros”, resumió el secretario general de CEHAT. Quién también remarcó que habilitaron que este trámite pudiera hacerse a través del DNI digital, pero tuvieron que quitarlo al día siguiente, porque no funcionaba.
Ante este panorama, los representantes de las pymes y autónomos afectados por el registro de viajeros piden un diálogo oficial con el Gobierno, porque denuncian que no han tenido ninguna reunión desde noviembre y “no contestan a nada”. Y ello a pesar de que “prometieron una reunión en enero, sacaron incluso una nota de prensa, y nueve meses después seguimos esperando”.
Pese al incumplimiento de la convocatoria, Interior aseguró a este medio que “mantiene abiertos todos los canales de comunicación con el sector turístico”. “¿Qué canales?”, replicó Estalella al conocer la respuesta oficial.
Ningún otro país europeo ha impuesto controles tan exhaustivos como España
El departamento de comunicación del Ministerio insistió en que el registro “contribuye a mejorar los estándares de seguridad de España”.
Un argumento que el sector turístico no comprende. Ya que, con esta lógica, según Estalella, “también mejoramos la seguridad si ponemos controles de policía cada dos kilómetros y cacheamos a todo el mundo, como en Mauritania. O si encerramos a la gente en sus casas como en la pandemia. Claro que habría menos delitos. Pero vivimos en un Estado de derecho y hay directivas europeas que cumplir”.
Además, hizo hincapié en que la legislación comunitaria solo permite recoger datos de viajeros en casos concretos de amenaza terrorista, con autorización judicial y por un tiempo limitado. “No se puede controlar masivamente a toda la población que entra en un hotel o agencia”.
De hecho estas críticas ya han traspasado fronteras. La patronal de agencias ACAVE y la europea ECTAA han trasladado ya su preocupación a Bruselas. La Comisión Europea ha advertido de que espera la orden ministerial para pronunciarse, pero en sus reuniones con el Ejecutivo español ha dejado claro que el Real Decreto genera dudas de legalidad.
“Somos el único país de Europa que obliga a recopilar estos datos. Ni Alemania, ni Francia, ni Italia lo hacen. ¿De verdad la policía española necesita lo que no necesitan en ningún otro sitio?”, se preguntó Estalella.
El registro de viajeros ha creado una ‘trampa burocrática’ para los autónomos
La contradicción se multiplica con las sanciones. Interior aún no ha multado a nadie, pero la Agencia Española de Protección de Datos sí lo hace por escanear documentos de forma indebida.
El dirigente hotelero detalló el dilema al que se enfrentan miles de autónomos al tener que elegir entre qué sanción prefieren: la de Interior o la de la Agencia de Protección de Datos. “Es todo absurdo, es una trampa burocrática”, concluyó.
Esa situación ha dejado al sector en un limbo jurídico. Como explicó Estalella, mientras no exista la orden ministerial o Interior no imponga sanciones, los hoteleros no tienen base legal para recurrir el decreto ante los tribunales. “Ojalá sancionen, porque entonces podremos llevarlo a la Justicia y pedir la suspensión de la norma. Pero por eso no sancionan”, lamentó el secretario general de CEHAT.
Bruselas vigila a España, a la espera de la rectificación de Interior
Más de medio año después de que entrara en vigor el decreto, Interior ha incumplido sus compromisos y se aferra un discurso de seguridad y proporcionalidad que contradice al de las instituciones europeas.
Al otro lado, los profesionales afectados denuncian un “disparate jurídico” y un sistema que convierte a los hoteleros en policías bajo amenaza de sanción.
Entre tanto, la Comisión Europea espera un borrador que nunca llega y son los autónomos y pequeñas empresas las que tienen que lidiar en su día a día con la inseguridad jurídica.
“Es todo un sinsentido. Y lo peor es que afecta al turismo, el motor económico de España. No se puede jugar así con el futuro de miles de autónomos y pequeños negocios”, concluyó Estalella.
