El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que permite que los contratos laborales que realicen los autónomos o pequeños negocios puedan ser revocados directamente por la Seguridad Social. Lo que conlleva importantes implicaciones, porque acelera los trámites de la Tesorería en estos supuestos de “falsos” contratos al no tener que acudir a los tribunales, al ser directamente la administración quien toma la decisión, y cambia el proceso judicial que deben seguir los negocios a los que se anule algún contrato.
Normalmente, cuando la Seguridad Social entiende que hay una «falsa relación laboral» puede ser, según los expertos, por dos causas. La primera porque se estén intentando generar prestaciones de manera fraudulenta para un empleado. La segunda, porque la empresa necesite elevar su plantilla por distintos motivos, como el acceso a licitaciones o ayudas públicas. En ambos casos, y tras la sentencia del Supremo, la Tesorería ya puede anular de oficio estos contratos y dar de baja la afiliación del empleado.
En enero de 2023, el Gobierno modificó la Ley General de la Seguridad Social, dando potestad a la Tesorería para que revise y anule afiliaciones o contratos falsos sin necesidad de acudir a los tribunales. Sin embargo, hasta hace poco no había habido ninguna sentencia del Tribunal Supremo que ratificase este cambio normativo. Según el abogado laboralista Jaume Barcons, con esta sentencia, el Supremo cambia de criterio y adapta la jurisprudencia a la nueva ley, por lo que ya se da plena potestad a la Administración para anular un contrato sin pasar por tribunales cuando se considere falso. Sin que ello, lógicamente, impida que el trabajador o empresa pueda reclamar.
Según apuntó Jaume Barcons, antes de la variación de la norma, si la Tesorería detectaba una relación laboral falsa, debía ir a un tribunal social. Con esta nueva instrucción, puede actuar directamente por vía administrativa, lo que agiliza los procedimientos. Esto, en la práctica, puede suponer que los contratos que puedan resultar sospechosos para la Seguridad Social sean anulados con mayor celeridad.
Los negocios afectados tendrán que recurrir directamente a los tribunales contencioso-administrativos
Esta modificación es especialmente relevante para los autónomos y pequeños negocios por varias razones, ya que, en los casos en los que exista duda sobre si un contrato es o no fraudulento será directamente la Administración quien pueda tomar las medidas pertinentes para revisar y, en su caso, revocar la firma de dichos acuerdos quedando estos anulados.
Concretamente, la celeridad será mayor porque, el nuevo procedimiento evita procesos judiciales. A partir de ahora, la Seguridad Social puede actuar sin la necesidad de una demanda, lo que reduce costes y tiempos en estos casos.
Además, esta medida también facilita que la Tesorería pueda actuar directamente contra la figura del “falso autónomo”, es decir, trabajadores dados de alta como autónomos, pero en condiciones laborales propias de empleados. Como es habitual, la Seguridad Social puede pasar automáticamente y sin necesidad de acudir a Tribunales a estos trabajadores por cuenta propia al Régimen General. Esto podría afectar a negocios que contratan los servicios de autónomos, como pueden ser los de repartidores o colaboradores independientes, existiendo -o al menos para la Tesorería- una relación laboral real.
Según los expertos consultados, en caso de que un autónomo o empresa no esté de acuerdo con la anulación de una afiliación o contrato, puede recurrir a la vía contencioso-administrativa, en lugar de la jurisdicción social. Es decir, ya no sería un tribunal laboral, sino un tribunal administrativo el que revisaría estas reclamaciones.
Consecuencias para los negocios que incumplan la normativa
Con este cambio, la Tesorería puede actuar con más rapidez para anular afiliaciones falsas. Evidentemente, esta medida se ha diseñado para combatir el fraude laboral y evitar que algunas personas reciban prestaciones de manera indebida, o que las empresas hagan pasar empleados por autónomos o becarios sin reconocer una relación laboral real.
Esta agilización de los procedimientos sancionadores podría resultar en que, aquellos negocios que realicen contrataciones que se consideren fraudulentas, ya sea por no haber revisado bien la normativa o por actuar de mala fe, podrían enfrentar sanciones o anulaciones de contratos de forma inmediata.
Mayor control sobre falsas contrataciones
Normalmente, las falsas contrataciones suelen llevarse a cabo cuando un negocio necesita elevar el número de trabajadores porque les permite acceder a subvenciones, beneficios fiscales, o cumplir con requisitos legales específicos. Por ejemplo, un pequeño negocio podría recibir ayudas por la creación de empleo, o acceder a mejores condiciones en ciertas licitaciones públicas que requieren un mínimo de personal en plantilla.
O, en ocasiones, si alguien necesita estar dado de alta y cotizando para cumplir con requisitos mínimos de acceso a prestaciones, aunque no tenga una verdadera relación laboral con el autónomo, se pueden dar acuerdos -fraudulentos- para acceder a ciertos beneficios del sistema de Seguridad Social, como el desempleo, incapacidades temporales, o cotizaciones que le permitan, por ejemplo, acercarse a la jubilación.
La medida recientemente ratificada por el Supremo añade presión para formalizar estas relaciones laborales adecuadamente. El impacto es especialmente importante en trabajos promovidos por plataformas digitales y otros sectores de la economía colaborativa, donde contratar autónomos es una práctica muy extendida.
