La aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) marcará, según los expertos, un antes y un después en la regulación de las denuncias de infracciones normativas en España. Este organismo permitirá a los trabajadores, y a cualquier ciudadano en general, reportar cualquier tipo de irregularidad: incumplimientos en contratos laborales, falta de medidas de seguridad, retrasos en pagos salariales, discriminación, acoso laboral, incumplimientos contables, fraudes fiscales o incluso delitos medioambientales en el caso de ciertas actividades empresariales.
Además, busca proteger a quienes se atrevan a informar sobre estas situaciones, asegurándoles confidencialidad y seguridad frente a represalias. Este nuevo marco afecta directamente a los autónomos y negocios, que deberán estar preparados para responder ante posibles denuncias realizadas por empleados, colaboradores e incluso terceros.
En Francia, la implementación de un sistema similar ha supuesto un 30% más de denuncias de irregularidades
La existencia de este sistema podría provocar que se incrementen notablemente las últimas cifras disponibles, de 2023, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) gestionó más de 607.000 actuaciones, lo que permitió regularizar la situación de casi 1,03 millones de trabajadores.
Además, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indicaron algo más de 1.800 sentencias en casos de acoso laboral que llegaron a los tribunales, muchas de ellas vinculados a condiciones de trabajo precarias o discriminatorias. De las cuales aproximadamente el 60% resultaron en condenas a los negocios.
En Francia, tras la implementación de un sistema similar con la Ley Sapin II, las denuncias de irregularidades aumentaron un 30% en solo dos años. Lo que marca una tendencia que España, según los expertos, podría replicar. De hecho, Felipe García Hernández, abogado en ejercicio, socio del bufete Círculo Legal y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association, señaló a ese diario que las infracciones laborales, “especialmente las relacionadas con el acoso sexual y la discriminación, serán las más numerosas dentro de estos canales de denuncia”.
Los abogados anticipan un aumento de la presión contra los negocios que no adopten buenas prácticas
No obstante, antes de la creación de la AAI ya existían canales para realizar denuncias, incluso de forma anónima, como los gestionados por la ITSS, las fiscalías anticorrupción o la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, la nueva autoridad supone un cambio fundamental al introducir varias novedades:
- Protección integral del denunciante. La AAI garantiza sanciones para los negocios que tomen represalias contra los denunciantes, incluyendo despidos, recortes salariales, traslados forzosos o incluso bloqueos en la promoción interna.
- Un canal externo unificado. Las denuncias, antes dispersas en diferentes organismos, ahora cuentan con un canal único gestionado por esta autoridad, simplificando el acceso y asegurando su gestión adecuada.
- Supervisión y seguimiento efectivo de las denuncias. A diferencia de antes, el nuevo organismo monitorizará las denuncias desde su recepción hasta su resolución, asegurando que no queden sin respuesta.
- Obligación de sistemas internos. Los negocios de cierto tamaño (más 50 trabajadores) estarán obligadas a establecer canales internos de denuncia, lo que podría generar una tendencia hacia una mayor regulación en las pequeñas y medianas empresas.
- Mayor confidencialidad. Aunque el anonimato existía antes, ahora se eleva al nivel de norma con medidas específicas que evitan filtraciones de identidad.
- Un enfoque preventivo. La existencia de este organismo incentiva a los negocios a mejorar sus políticas internas y prevenir irregularidades antes de que se produzcan.
Según Felipe García, “el estatuto cierra el círculo de las obligaciones de las organizaciones, obligándolas a establecer sistemas internos donde trabajadores, terceros y ciudadanos puedan informar de irregularidades”. Esta consolidación normativa, según el experto de la World Compliance Association, “refuerza la confianza en el sistema, especialmente para quienes antes temían denunciar por represalias”.
Las multas contra los pequeños negocios podrían superar los 30.000 euros
Aunque los autónomos y pequeños negocios no están aún obligados a implementar canales internos de denuncia, siguen expuestos a las imputaciones externas que gestionará la AAI. Esto podría derivar en inspecciones más frecuentes. Previsiblemente, la presión para adoptar buenas prácticas será creciente, incluso en negocios de menos de 50 empleados, debido al temor a sanciones y daño reputacional.
En términos económicos, las sanciones pueden ser elevadas. La Ley 2/2023 establece multas significativas para quienes no cumplan con los requisitos de confidencialidad o adopten represalias contra los denunciantes. De hecho, establece un régimen sancionador para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas que varían según la gravedad de la infracción:
- Infracciones leves, con multas de hasta 10.000 euros.
- Infracciones graves, con multas desde 10.001 hasta 30.000 euros.
- Infracciones muy graves, con multas desde 30.001 hasta 1.000.000 euros.
Las infracciones muy graves incluyen actos como tomar represalias contra un denunciante o incumplir las obligaciones de confidencialidad establecidas en la ley. Además de las multas económicas, las infracciones muy graves pueden conllevar sanciones adicionales, como la prohibición de obtener subvenciones públicas o la inhabilitación para contratar con el sector público por un período determinado. Según Felipe García, “además de sanciones económicas, las empresas que no implementen sistemas adecuados podrían enfrentarse a problemas de reputación serios, lo que afecta su relación con clientes, proveedores y empleados”.
Los negocios que cuenten con protocolos de prevención estarán más preparados
Más allá de las sanciones, la implementación de estos sistemas también puede representar una oportunidad para mejorar la cultura organizacional. Los canales de denuncia internos no sólo permiten identificar irregularidades, sino también anticiparse a problemas que podrían escalar. Negocios que apuesten por la formación, auditorías internas y revisiones periódicas estarán mejor preparados para cumplir con la normativa y fortalecer su reputación.
El nuevo marco también se extiende más allá del ámbito laboral. En áreas como el medioambiente, la protección de datos o el fraude fiscal, las denuncias gestionadas por la AAI podrán ser derivadas a organismos competentes como la CNMC o la Fiscalía, optimizando su resolución. Esto pone en relieve la necesidad de que las empresas conozcan bien las normativas aplicables a su sector.
La experiencia de Francia y otros países europeos subraya la importancia de un sistema de denuncias eficaz. Además del incremento en el número de quejas, se observaron cambios positivos en la cultura empresarial, con mayor enfoque en la transparencia y el cumplimiento. “España, al haber establecido un organismo dedicado exclusivamente a la gestión de denuncias, podría seguir un camino similar, con mayor supervisión y control”, concluyó Felipe García. Para los pequeños empresarios, esto implica no sólo adaptarse a un entorno más regulado, sino también anticiparse a posibles riesgos para evitar problemas mayores.
El nuevo marco legal, aunque destinado a mejorar la transparencia y el cumplimiento normativo, plantea un reto significativo para los autónomos y las pymes. Si bien la intención es proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de la normativa, la falta de preparación o desconocimiento podría llevar a muchos negocios a enfrentarse a sanciones inesperadas o procesos judiciales.
