En España, el sueño de hacer crecer una empresa a menudo se topa con un muro insuperable: la leyes. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99% del tejido empresarial español, se enfrentan a un entorno regulatorio que, lejos de facilitar su expansión, impone obstáculos que dificultan su desarrollo. El economista Benito Arruñada analizó esta problemática en profundidad en un estudio para Funcas titulado “Umbrales y excepciones como fallo regulatorio”, donde identificó cómo las regulaciones y los costes asociados a los umbrales normativos ahogan el potencial de crecimiento de las empresas.
Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, partió de la constatación de que existe un número desproporcionado de empresas en España que tienen exactamente 49 empleados, en concreto un 62% de lo que cabría esperar estadísticamente. Las cifras son elocuentes y de las casi 3 millones de compañías registradas a final de 2024 en la Seguridad Social, sólo 33.072 de ellas, es decir, el 1,12% del total, contaban con más de 50 empleados.
España impone regulaciones que incentivan a las empresas a tener menos de 50 empleados
A partir de lo que podría parecer una simple curiosidad estadística en la distribución por tamaño de las empresas reparó en que, al superar el umbral de los 50 trabajadores, existen más de 130 regulaciones añadidas “vinculadas al tamaño de la empresa en materia fiscal, laboral, contable, financiera, de seguros y de competencia”. El listado es largo y va desde la legislación laboral que añade costes en función del número de trabajadores como la creación de comités de empresa y número de liberados que debe asumir el empresario, la posibilidad de formular cuentas abreviadas o tener que someterse a una auditoría anual.
El del número de empleados no es el único límite que analizó este experto pues también describió otros como la cifra de negocio o el valor de los activos. En todo caso la constante detectada por este economista es que el marco normativo lleva a que las empresas realicen “notables esfuerzos para no traspasar esos umbrales”.
Arruñada afirmó que este tipo de excepciones parecen condenar a la economía española al «minifundio» ya que de forma implícita al eliminar costes a las empresas pequeñas impiden que crezcan haciéndose más productivas por lo que “subvencionamos así su ineficiencia y gravamos más a quienes son más productivos”. Así el papeleo o las cargas legales que requieren una sociedad mercantil desincentivan su creación como los costes por despido en caso de cierre, mayores para las sociedades que para el empresario individual.
Tampoco se pueden minimizar los costes que deben asumir los herederos para continuar con un negocio familiar por lo que otro de los motivos del exceso de empresas pequeñas es que estas no pueden “vivir” lo suficiente como para crecer. Este caso también se contrapone a la facilidad con la que las grandes empresas pueden mantenerse en el tiempo salvando las quiebras a través de los concursos de acreedores.
Estas excepciones no estarían ayudando a la actividad empresarial si no a todo lo contrario: favoreciendo «intereses creados” por parte de los agentes que están cómodos y pueden asumir los costes de estas regulaciones en función de su tamaño. Bajo esta perspectiva, Arruñada se pregunta si no resultaría más justo crear un marco igual para todos pero también menos exigente en lugar de crear excepciones porque en muchos casos, en especial para los emprendedores, pueden ser imposibles de cumplir.
Otro aspecto crítico que Arruñada analizó es el impacto desproporcionado de la burocracia en las pymes. Las grandes empresas, con departamentos legales y administrativos dedicados, pueden absorber mejor los costes de cumplimiento normativo. En cambio, las pymes, con recursos limitados, dedican un porcentaje mucho mayor de su tiempo y presupuesto a gestionar trámites.
Por ejemplo, los procesos de licencias, permisos y auditorías se acumulan, especialmente en sectores regulados como la construcción o la hostelería. Arruñada argumentó que estas trabas no solo consumen recursos, sino que también generan incertidumbre, ya que las normativas cambian con frecuencia y varían entre comunidades autónomas. Esta fragmentación regulatoria complica aún más la vida a los emprendedores que buscan escalar sus negocios más allá de su región.
Los umbrales normativos generan efectos negativos sobre las empresas y la economía
Todo ello podría estar causando un impacto negativo en la productividad de la economía española tal y como apuntan otros indicadores. En concreto mencionó que un umbral similar al del número de empleados en Francia estaría reduciendo su producto interior bruto (PIB) en un 3,4% y otros estudios apuntan a que las empresas que se encuentran por debajo de los 50 empleados tienden a innovar menos.
La consecuencia es, según Arruñada, que «los agentes económicos reaccionan para aprovechar las excepciones y no traspasar los umbrales. Para ello, o detienen el crecimiento de la empresa o la fragmentan en diversas entidades jurídicas”. Esta situación constituye a su juicio un “fallo regulatorio” que perjudica a los propios agentes incentivando que no crezcan pero también a toda la economía del país, sentenciando que “lleva a que aumente el desempleo y disminuyan los salarios agregados, abunden las empresas pequeñas, que son más rentables (debido a que descienden los salarios y no sufren la regulación) pero menos productivas, y a que una parte del empleo se reasigna hacia ellas”.
