El imparable incremento del absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales motivos por los que las pymes españolas recurren a detectives privados. Así, según la propia Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), alrededor del 80% de los encargos de servicios que reciben actualmente estos despachos están relacionados con las bajas laborales.
Hasta el punto de seis de cada diez pymes reconocen haber contratado alguna vez los servicios de un investigador privado, según una encuesta llevada a cabo por esta la APDPE. Estudio que revela que el 65% de dichos encargos estaba relacionado con cuestiones laborales relacionadas con despidos.
El fenómeno laboral está llevando también a autónomos con empleados y pequeños negocios a buscar pruebas cuando sospechan de determinadas conductas. Y es que el coste de hacerlo tampoco resulta necesariamente prohibitivo para una pequeña empresa. Guillermo Rocha, director de la agencia Fox Consulting, sitúa entre 1.500 y 3.000 euros el precio aproximado de una investigación completa.
No obstante, “en muchas ocasiones, en cuatro o cinco horas hemos localizado al investigado y hemos confirmado que la dolencia es real”, reveló a este diario el experto detective. En esos supuestos el importe puede quedarse por debajo de los 500 euros.
Las mutuas gastaron alrededor de cuatro millones de euros en detectives durante el pasado año
Está claro que el interés por estas investigaciones ha aumentado al mismo tiempo que lo hacía el absentismo. Hasta el punto de que las 18 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social gastaron alrededor de cuatro millones de euros en detectives durante el pasado año.
Eso sí, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), esas actuaciones permitieron evitar más de 41 millones de euros en prestaciones consideradas fraudulentas.
Si bien, contratar a un detective no permite a una empresa investigar indiscriminadamente a cualquiera de sus empleados, ya que debe existir una vinculación con la persona objeto del seguimiento y una razón previa que justifique el encargo.
El riesgo no se limita a gastar dinero en una investigación que finalmente no sirva para acreditar ningún incumplimiento. Un seguimiento injustificado, excesivo o que vulnere la intimidad del trabajador puede terminar siendo impugnado ante los tribunales. Y además, exponer al autónomo o a la pyme a una demanda por vulneración de derechos fundamentales, con el correspondiente pago de una indemnización; de ahí que la proporcionalidad de la vigilancia resulte decisiva.
De hecho, Guillermo Rocha recuerda que el autónomo empresario “tiene que expresar con claridad las sospechas que motivan la contratación”, precisamente para evitar investigaciones prospectivas destinadas simplemente a comprobar “a ver qué sale”.
Los autónomos necesitan sospechas previas antes de encargar una investigación
Una parte importante de los encargos nace de información que llega al empresario desde dentro o fuera de su propio negocio. “Los indicios concretos se basan en hechos conocidos a través de otros empleados o, muy comúnmente, de publicaciones que el mismo trabajador expone en sus redes sociales abiertas”, explicó Guillermo Rocha.
Y este experto cita situaciones relacionadas con actividades deportivas, viajes o la posible existencia de otro empleo. De hecho, entre las circunstancias que suelen provocar mayores recelos aparecen determinados esfuerzos físicos y los casos en los que existen sospechas de una segunda ocupación durante la incapacidad temporal.
“Lo más común y que provoca la reacción de la empresa es todo aquello que tenga que ver con el deporte o la actividad física”, afirmó el detective. Además, según comentó Guillermo Rocha, algunos investigados presentan “un historial de bajas reiterado e incluso patrones estacionales coincidentes con trabajos en sectores como la hostelería”.
Una actividad llamativa durante una baja no demuestra necesariamente ningún fraude
Una de las mayores dificultades aparece incluso antes de comenzar el seguimiento, debido a los límites que impone la información médica disponible para la empresa. “En muchas contrataciones se desconoce la verdadera causa que motiva la baja”, reconoció Rocha, de modo que determinadas conductas aparentemente incompatibles pueden acabar siendo perfectamente coherentes con la dolencia que realmente impide trabajar al empleado.
El detective recuerda el caso de un empresario que pensaba que uno de sus trabajadores tenía un problema de rodilla y comprobó mediante el seguimiento que salía diariamente a correr durante aproximadamente una hora. Después supieron que la incapacidad estaba relacionada con una lesión en la muñeca, por lo que la actividad documentada resultaba compatible y las pruebas obtenidas no servían para acreditar el fraude que inicialmente sospechaba la empresa.
En otros supuestos sucede justamente lo contrario. Como ocurrió con un empleado que sufría problemas de espalda y salía regularmente en bicicleta de carretera acompañado de otros ciclistas. “Él era el cabecilla del grupo realizando escapadas en solitario”, relató Rocha.
Este experto considera que los seguimientos relacionados con dolencias físicas y esfuerzos aparentemente incompatibles suelen ofrecer mayores posibilidades de conseguir información relevante.
Las bajas psicológicas son mucho más difíciles de investigar para los detectives
La situación cambia cuando la incapacidad deriva de problemas psicológicos. Porque numerosas actividades que podrían llamar la atención del empresario pueden formar parte precisamente de las recomendaciones para la recuperación.
“Las investigaciones de bajas por motivos psicológicos son poco recomendables”, aseguró Rocha, ya que el trabajador dispone de “un abanico amplio de actividades” que pueden resultar compatibles con su situación.
Esta circunstancia obliga al profesional a valorar desde el comienzo las posibilidades reales del encargo y, en ocasiones, aconsejar al empresario que no continúe. Para Rocha, “es importante ponerse en manos de un buen profesional que asesore e incluso rechace trabajos que no se ajustan a la ley”. Sobre todo, cuando los indicios proporcionados difícilmente permitirán obtener información aprovechable.
Tampoco todos los seguimientos terminan confirmando las sospechas iniciales, y el propio detective reconoció que “en la gran mayoría de las ocasiones, la investigación no es productiva”. Además, advirtió de que “el detective se ha convertido en una herramienta común, en muchos casos sobreutilizada”. Una circunstancia que ha aumentado las precauciones de algunas personas que sospechan que pueden estar siendo vigiladas.
Preguntar demasiado puede alertar al empleado antes de comenzar el seguimiento
Entre los errores que observa Rocha figuran “contratar a un detective sin licencia, ocultarle datos que podrían resultar relevantes o intentar recopilar demasiada información antes de comenzar formalmente el servicio”.
Algunos empresarios terminan alertando involuntariamente al trabajador porque, según resumió el investigador, “para darnos información, preguntan mucho a quien no deben”, comprometiendo de este modo la discreción necesaria para realizar posteriormente el seguimiento.
Otro fallo consiste en prolongar una vigilancia cuando las primeras horas o jornadas ya han permitido aclarar suficientemente lo sucedido. Rocha aconseja que “el detective cobre por lo realizado, no por jornadas completas”.
Y calcula que normalmente hacen falta un mínimo de tres días para confirmar reiteradamente una determinada actividad cuando existen indicios sólidos, aunque la duración dependerá de las circunstancias concretas.
Una vez terminado el trabajo, el profesional entrega a la empresa un documento que puede incorporar fotografías y vídeos de los hechos observados durante la investigación. “Debe realizar un informe claro, directo, proporcional e imparcial en el que se respeten los aspectos privados del investigado”, concluyó Rocha.
Explicando además que deberá incluso acudir al juzgado para ratificarlo cuando sea requerido. El detective recuerdó una diferencia importante sobre su intervención procesal: “No somos peritos, sino que tenemos la consideración de testigo cualificado”.
