El Gobierno ha sacado esta semana a consulta pública varias modificaciones al Real Decreto 159/2023 de bienestar animal para permitir a los autónomos ganaderos posponer la aplicación las nuevas exigencias en esta materia.El acuerdo alcanzado con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) tan sólo abarca hasta final de año.
Los ganaderos tendrán hasta 2026 para cumplir con las nuevas obligaciones de la ley que podrían suponer un significativo aumento de los costes para las pequeñas explotaciones. En este sentido, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) afirmaron hace unos meses a este diario que podrían superar, incluso, los 300.000 euros por negocio.
Después de varios meses de negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas, se han definido “los parámetros que se tendrán en cuenta para no obligar a las granjas a reducir su capacidad productiva, con el consiguiente impacto económico que podría conllevar”, explicaron desde UPA.
Tras su entrada en vigor, miles de autónomos tendrán que adaptar sus granjas para mejorar el bienestar animal, afectando a la densidad de espacio por animal que deberán tener. A partir de entonces, una explotación de 2.000 cerdos pasará a albergar sólo unos 1.800 animales.
Todo ello, sumado a otras obligaciones que han tenido que cumplir los ganaderos y otros profesionales -como los dedicados al transporte de ganado-, son medidas que continúan poniendo en riesgo a un sector que ha sido muy castigado en los últimos años, lo que podría provocar el cierre de miles de granjas.
Los ganaderos deberán ampliar sus instalaciones o reducir el número de cabezas de ganado
La principal consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto sobre bienestar animal, que supone la transposición de la Directiva europea en esta materia, será que los ganaderos deberán “ampliar sus instalaciones o reducir el número de animales”, explicaron desde UPA.
La Directiva europea que ahora será transpuesta al ordenamiento jurídico español exige que el espacio destinado para los cerdos de engorde aumente de 0,65 a 0,74 metros cuadrados por animal, mientras que el espacio para lechones pasa de 0,2 a 0,24 metros cuadrados, entre otras cuestiones.
Desde COAG cifraron que estas obligaciones podrían suponer una inversión de unos 300.000 euros por explotación, dependiendo de la granja. Además, una explotación que cuente con unos 2.000 cerdos pasará a albergar sólo 1.800 -un 10% menos-, “por lo que el autónomo dejaría de percibir al año unos 9.000 euros por los cerdos que no podría engordar”.
Las asociaciones de agricultores y ganaderos solicitaron en un primer momento una moratoria hasta 2028 para poder cumplir con las nuevas exigencias. Aunque, según el nuevo texto, sometido ahora a consulta pública, se dará un margen de tres años desde 2023. Es decir, los autónomos tendrán que adaptarse a la legislación, como tarde, en 2026.
“Inicialmente”, relataron fuentes de UPA a este medio, “establecía un plazo de dos años para que las explotaciones porcinas existentes se adaptaran a las nuevas normas de bienestar animal, lo que implicaba que debían cumplirlas a partir del 9 de marzo de 2025. Sin embargo, tras la petición del sector, se ha abierto una consulta pública para modificar este plazo, proponiendo extenderlo a tres años. De aprobarse esta modificación, las explotaciones tendrían hasta el 8 de marzo de 2026 para adaptarse”, explicaron.
Las consecuencias podrían ser nefastas para el sector porcino español si no se toman otras medidas para incrementar la densidad. Por ejemplo, la instalación de materiales manipulables, “una especie de juguetes para los cerdos que evitarían posibles lesiones que en ocasiones se causan”, explicaron desde UPA.
Como reconocieron, a pesar de que el bienestar animal es “un reto al que no debemos renunciar como sociedad ni como sector”, España debe hacerlo compatible con la rentabilidad de las granjas porcinas, que aportan el 39% del valor de la Producción Final Ganadera (PFG) y está formado por más de 85.000 negocios, muchos de ellos pequeñas explotaciones familiares gestionadas por autónomos.
Las nuevas obligaciones para transportar animales podrían hacer desaparecer 3.200 granjas
En paralelo a la nueva legislación en materia de bienestar animal, los autónomos ganaderos han visto en los últimos años cómo varias nuevas obligaciones han puesto en serio riesgo la supervivencia de sus explotaciones. Un claro ejemplo es el nuevo reglamento de transporte animal, otra imposición europea que España ha tenido que aplicar.
En este caso, las estimaciones de las asociaciones mostraron la pérdida de hasta 6.000 empleos directos e indirectos, y una reducción del valor económico del sector vacuno de carne en España del 25%. La limitación del transporte de terneros pone en riesgo la sostenibilidad de 3.200 granjas –principalmente en Cataluña y Aragón– con una reducción de la actividad valorada en 820 millones de euros.
Las cifras aportadas por COAG sobre el asunto, que este diario recogió hace meses, son claras: “un camión en cuya caja pueden viajar entre 210 y 220 cerdos ahora pasaría a poder cargar sólo 175. Aplicando el 20% menos en cuanto sube la temperatura, nos quedaríamos entre 145 y 150 animales”, afirmaron. Lo cual conlleva “multiplicar por 3,5 los vehículos, los conductores y las emisiones, con el consiguiente gasto financiero que supone”.
