En 2024 la contratación pública en España movió 113.091 millones de euros, un mercado enorme que debería ser una gran oportunidad para pymes y autónomos. Sin embargo, gran parte quedan desiertas año tras año, reflejando que buena parte de ese negocio no llega a ejecutarse.
Así se desprende del Informe Anual de Supervisión (IAS) 2025 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en el que señala que casi el 18% de las concesiones públicas quedaron desiertas en 2024, una cifra que no mejora respecto a años anteriores.
Precios desactualizados, exceso de burocracia, plazos cortos y falta de mano de obra son las principales razones que explican por qué muchas pymes y autónomos prefieren no presentarse a licitaciones antes que arriesgarse a perder dinero o incumplir plazos.
- La contratación pública tiene especial relevancia entre autónomos y pymes de la construcción
- ¿Por qué las pymes se están retirando de las licitaciones públicas?
- Qué propone la CNC para revertir la tendencia
La contratación pública tiene especial relevancia entre autónomos y pymes de la construcción
Aunque son muchos los sectores que optan a estos contratos con las administraciones públicas, Mariano Sanz, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) destacó que su sector “representa el grueso de la licitación pública”.
Además, la gran mayoría de las empresas constructoras está formado por autónomos y pequeños negocios ya que cerca del 97% tiene menos de 10 trabajadores. Es decir, las pymes son las auténticas protagonistas del sector y, al mismo tiempo, las que más dificultades estarían encontrando para concurrir.
Este peso de la construcción es todavía mayor por el efecto de los fondos europeos, ya que “alrededor del 70 % del dinero del plan de recuperación pasa por la construcción”, según los datos que maneja la CNC.
Sin embargo, una de las razones por la que buena parte de estos proyectos se han quedado sin ejecutar no porque los constructores no quieran, sino porque no tienen capacidad suficiente para asumirlos.
Aunque el IAS 2025 cuantifica con precisión el problema de las concesiones desiertas, no entra a detallar sus causas. El documento se limita a señalar que el 17,60% de las licitaciones quedaron sin adjudicar, un porcentaje que subiría al 24,11 % si se excluyen los expedientes en tramitación.
Pero este documento remite a las conclusiones y recomendaciones del Informe Especial de Supervisión 2022, en el que ya se advertía de pliegos poco realistas en precios, requisitos técnicos y administrativos elevados y falta de previsibilidad en los planes de contratación. Precisamente estos factores coinciden con las quejas de pymes y autónomos y con el diagnóstico que realizó el secretario general de la CNC para este medio.
¿Por qué las pymes se están retirando de las licitaciones públicas?
Mariano Sanz desgranó las causas que están expulsando a las pequeñas empresas del mercado público. A su juicio no se trata de un único factor, sino de una combinación de varios elementos:
Precios que no cubren costes
El portavoz de los constructores explicó que “con la subida de costes y la inflación, acudir a proyectos en los que tienen precios antiguos sale a perder dinero”.
Añadió que muchos pliegos se elaboraron hace años, con precios de materiales y de mano de obra que ya no son realistas. En sectores intensivos en materiales como el asfalto, el acero o el cemento, un desvío del 15-20% puede convertir un contrato aparentemente rentable en una pérdida segura.
“Nadie trabaja para perder dinero, menos en un momento en que hay actividad y demanda en el mercado privado”, resumió Sanz.
Falta de mano de obra y envejecimiento del sector
Otro de los problemas clave es la escasez de personal cualificado. “Necesitaríamos incorporar 700.000 trabajadores adicionales para cubrir toda la actividad prevista con fondos europeos y planes de vivienda”, señaló.
Además, la edad media en la construcción ronda los 46 años y el relevo generacional es mínimo. Las empresas pequeñas se ven obligadas a rechazar contratos porque literalmente no tienen con quién ejecutarlos. “Esta situación ha llevado a muchas pymes a no crecer porque no tienen con quién hacer esos trabajos”, explicó.
Requisitos de clasificación demasiado altos
Sanz destacó que los pliegos suelen exigir clasificaciones y garantías desproporcionadas. “Hay organismos que piden una clasificación muy alta que no correspondería si se hiciera bien”, afirmó. Esto hace que muchas pymes ni siquiera puedan presentar oferta.
Para entrar, tendrían que aliarse en UTEs con empresas grandes aunque eso también supone riesgos en cuanto a su independencia y márgenes.
Documentación y trámites cada vez más complejos
Planes de igualdad, evaluaciones ambientales, certificados de calidad y solvencia técnica… la lista de requisitos administrativos se ha multiplicado los últimos años y Sanz expuso que mientras “en una empresa grande todo esto lo preparan en un departamento interno; en una pequeña es el propio autónomo quien tiene que hacerlo o delegarlo a un gestor ajeno y pagar por ello”.
Este sobrecoste, que puede superar varios miles de euros por licitación, se convierte en una barrera de entrada por sí mismo.
Plazos cortos para preparar ofertas complejas
La falta de previsión y la publicación tardía de los pliegos obliga a preparar ofertas en muy poco tiempo que puede suponer gastar miles de euros que no garantizan ser el adjudicatario. Sanz lo ejemplificó con la Vuelta Ciclista en la que “solo hay un ganador; el resto ha perdido”.
Un riesgo, continuó que es asumible para una gran empresa que presenta decenas de ofertas simultáneamente, pero para una pyme puede suponer descapitalizarse en pocas semanas.
Morir de éxito
Al combinar precios desactualizados, falta de mano de obra, burocracia y plazos, el riesgo de ejecución y financiero se dispara. Si la pyme gana un concurso, puede verse desbordada; si pierde, habrá gastado recursos que no recupera. Por eso muchas optan por no presentarse y concentrarse en clientes privados más predecibles.
Qué propone la CNC para revertir la tendencia
Es por ello que desde la Confederación Nacional de la Construccion proponen reforzar la competitividad de las licitaciones públicas y mejorar la transparencia a través de una batería de propuestas:
- Publicar con antelación los planes anuales de contratación, para dar tiempo a preparar ofertas.
- Simplificar trámites y adaptar requisitos de solvencia y garantías al tamaño real de las empresas.
- Dividir contratos en lotes, tal y como promueve la Ley de Contratos del Sector Público, para favorecer la entrada de pymes y autónomos.
- Criterios de adjudicación claros y objetivos, con menos peso del precio puro y más de la calidad y la capacidad real de ejecución.
- Reconocer la experiencia de subcontratistas para acreditar solvencia.
Estas medidas, insistió Sanz, no son solo para beneficiar al sector privado, sino para que la Administración logre “más obras ejecutadas, con más competencia y menos contratos desiertos”.
Sin ajustes en precios, requisitos y burocracia, las pequeñas empresas seguirán retirándose de un mercado que, paradójicamente, necesita más competencia y más manos para ejecutar todos los proyectos pendientes.
