Abogacía Española y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) van a colaborar conjuntamente para ayudar a solventar el problema de las bajas pensiones a las que acceden los autónomos mutualistas, para quien Seguridad Social planea un trasvase al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

Tanto el presidente de Abogacía Española, Salvador González, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, han cerrado este acuerdo en un encuentro de trabajo organizado en la sede del Consejo General, a fin de analizar en qué estado se encuentran las pensiones que perciben los trabajadores por cuenta propia, tanto a raíz de la implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, como en los casos en que han cotizado por mutualidad. 

En ese sentido, el presidente de Abogacía Española trasladó a Amor las dificultades que estarían afrontando miles de mutualistas de la abogacía, quienes, después de décadas realizando las aportaciones requeridas por el Estado a través de su mutualidad y ser supervisadas por la Seguridad Social, se encontrarían percibiendo pensiones cercanas a los 500 euros mensuales. 

Así, el presidente de ATA se ha comprometido a estudiar el asunto junto con González mientras se produce una propuesta firme del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para los mutualistas, que desean reintegrarse en el RETA.

Ambos representantes coinciden en abordar este estudio al tratarse de uno de los principales retos a los que se enfrentará el erario público durante los próximos años con las jubilaciones de la generación del baby-boom.

ATA y Abogacía Española también analizarán el impacto del sistema de cotización por ingresos reales en las pensiones

De la mano de la pasarela de los mutualistas al RETA, otro de los aspectos fundamentales que señalaron durante el acuerdo corresponde a la transición al régimen de cotización por ingresos reales en el que se encuentran los trabajadores por cuenta propia, que se encuentran adaptándose al nuevo sistema de cotización por ingresos reales. 

En particular, las organizaciones piden una reforma fiscal que acompañe al nuevo régimen de cotización que permita establecer de forma “clara” los rendimientos netos de los autónomos, especialmente en el caso de aquellas actividades económicas que no cuentan con una estructura de contabilidad con ingresos y gastos deducibles o que pagan impuestos por módulos.

Esto impediría trasladar su realidad al nuevo sistema y podría conllevar “tanto una sobretributación como una sobrecotización” al operar con el régimen por ingresos reales. 

Asimismo, pasar de un sistema de elección de bases a otro que cambia a partir de los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal, también tendrá un impacto sobre las pensiones de los trabajadores por cuenta propia, que repercutirá de manera más pronunciada en aquellos que ya están en edades cercanas a la jubilación.

Según datos de Abogacía Española, cerca de 15.000 profesionales podrían jubilarse de aquí al 2035, y más de 20.000 entre el 2035 y el 2045.