Desde el pasado abril, ningún autónomo puede presentar una demanda para reclamar una factura impagada si no demuestra antes que intentó llegar a un acuerdo con el deudor. Lo exige la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que nace con la intención de descongestionar los tribunales. Y que sin embargo, en la práctica, está dificultando todavía más el cobro de deudas a quienes más las sufren: los autónomos y las micropymes.
Lo que antes era un procedimiento sencillo y rápido, ahora implica enviar burofaxes, asumir nuevos costes y probar fehacientemente que ha existido una voluntad de acuerdo por parte del acreedor.
Y si el deudor no contesta –como ocurre en dos de cada tres casos, según los expertos–, todo se complica aún más. “Se ha vaciado de contenido el procedimiento monitorio”, denunció a este diario Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
- Ahora, cualquier reclamación económica ha de pasar por una fase obligatoria de intento de acuerdo
- La nueva ley podría incentivar que los clientes demoren sus pagos
- Los autónomos denuncian que, mientras se espera a cobrar, las obligaciones fiscales se acumulan
- Si insiste, el autónomo siente el miedo a no volver a ser contratado, a ser tachado de problemático
Ahora, cualquier reclamación económica ha de pasar por una fase obligatoria de intento de acuerdo
La Ley de Eficiencia Procesal exige que cualquier reclamación económica pase antes por una fase obligatoria de intento de acuerdo. Esa fase puede consistir en una mediación, una negociación directa o una oferta vinculante. En cualquier caso, debe quedar documentada de forma verificable. La idea no es nueva, puesto que ya se recomendaba acudir a vías amistosas antes de ir a juicio; pero ahora se convierte en un requisito formal y, ojo, sancionable si no se cumple.
Según Cañete, “esto supone una carga especialmente gravosa para autónomos y pequeñas empresas, que generalmente carecen de departamentos jurídicos especializados”. Además del coste y el tiempo, el presidente de la PMcM señaló que muchos autónomos “se verán forzados a aceptar acuerdos desfavorables y condiciones desventajosas con tal de evitar el juicio.
“Obligados a reducir el importe adeudado, alargar plazos o incluso renunciar a los intereses de demora.” De manera que una negociación que debería ser equilibrada “puede convertirse en una rendición encubierta. Por lo que “lejos de protegerlos, la ley puede estar dejándolos indefensos ante quienes no pagan”.
La propia mecánica del nuevo sistema favorece al moroso. Si el deudor ni siquiera responde al intento de acuerdo, al acreedor le queda solamente el recurso de esperar 30 días y probar que hizo el intento de contacto.
“¿Cómo se demuestra que el otro ignoró la propuesta? Esa inseguridad jurídica es tremenda”, advirtió Cañete. Y es que la ley, añadió, “no prevé mecanismos fáciles ni accesibles para los más vulnerables del sistema productivo”.
La nueva ley podría incentivar que los clientes demoren sus pagos
Cañete cree que existe riesgo de que se extienda una “morosidad estratégica”. Sostiene que los deudores “pueden verse incentivados a demorar los pagos, confiando en que el sistema les resulte favorable”. Saben que ahora el procedimiento para reclamarles es más largo, más costoso y más incierto. “Eso debilita toda la cultura de cumplimiento”.
Diagnóstico que comparten también en la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Cobro (Angeco), que representa a firmas que recuperan deuda impagada para bancos, eléctricas o compañías de telecomunicaciones. Según sus datos, el sector de los negocios que persiguen el cobro de facturas impagadas gestiona al año 131 millones de expedientes, de los cuales sólo en el 35% se logra contactar con el deudor.
Cañete añadió que la nueva norma también introduce incertidumbre en los tribunales. Si la negociación previa no da resultado, el juez podrá valorar la voluntad real de las partes para alcanzar un acuerdo. “Eso introduce un componente subjetivo e incierto que genera una gran inseguridad jurídica”, advirtió el presidente de la PMcM.
Ese diagnóstico lo comparte también el testimonio de Silvio del Aro, un trabajador autónomo afectado por impagos de administraciones públicas y autor de un manifiesto que circula entre profesionales por cuenta propia acreedores de las administraciones públicas y que ha llegado a la propia Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Desde la que lo han trasladado a este diario.
Durante años ha prestado servicios a diversos ayuntamientos de toda España, y ahora resume su experiencia con palabras directas: “Realizo y entrego el trabajo con profesionalidad, emito la factura, y empieza el silencio. Pasan 30, 60, 90 días… y el pago no llega”.
Los autónomos denuncian que, mientras se espera a cobrar, las obligaciones fiscales se acumulan
“Hacienda me exige el IVA. La Seguridad Social me exige las cuotas. Y si no puedo pagar, porque no me han pagado, me aplican recargos del 10, 20 o 35%. Me embargan cuentas…”, relató este acreedor institucional, que señaló que, sin embargo, el deudor institucional sale impune. “¿El ayuntamiento que no me paga? Nada. Sin consecuencias”.
Lo más grave, denunció, es que no se trata de casos aislados. “Casi todos los ayuntamientos medianos y grandes operan así.” De hecho, recuerda que, durante la crisis de 2008, miles de pequeños proveedores se hundieron porque las administraciones no les pagaron. “Se prometió que no volvería a pasar. Y está pasando otra vez”.
Del Aro señaló que nadie controla si se cumplen los plazos de pago. “Nadie sanciona a los que incumplen. El sistema está construido para castigar al que no puede pagar, no al que no quiere cumplir”. Y añade que, en los pueblos pequeños, los consistorios sí que pagan a tiempo. “Con menos recursos, pero con más vergüenza”.
Si insiste, el autónomo siente el miedo a no volver a ser contratado, a ser tachado de problemático
“No se trata solo de facturas: se trata de vidas, de trabajos dignos, de sostenibilidad”. Frente al argumento de que hay que reclamar, Silvio del Aro razona que existe también una realidad cotidiana: el miedo. “Miedo a no volver a ser contratados. A que nos tachen de problemáticos. A que nos excluyan de las siguientes convocatorias”.
“Eso también es violencia institucional. No deja huellas visibles, pero es violencia”. Y solicita que, al menos, quede constancia. “Aunque esté cansado, aunque me sienta solo. Porque la voz de los que trabajamos merece ser escuchada”.
Para él, lo peor no es el impago, sino el miedo a reclamar. “El Defensor del Pueblo puede escuchar, pero sus palabras no obligan a nadie. La prensa puede denunciar, pero ¿cuántos autónomos tienen tiempo para buscar periodistas cuando lo urgente es sobrevivir?”.
La nueva ley, concluye, sólo ha añadido un obstáculo más. “Si el Estado me exige cumplir, él también debe cumplir. Si me cobra intereses por retrasarme, que me pague intereses por cada día que me hace esperar. Porque quedarse callado también es una forma de rendirse”.
