El Ministerio de Economía ha abierto la puerta a modificar la definición legal de pequeña empresa; una reclamación histórica de las patronales para ampliar el número de negocios que pueden acogerse a los beneficios fiscales, contables y administrativos reservados a los pequeños negocios.
El nuevo umbral permitiría que muchas empresas, que ahora se clasifican como medianas, pasen a ser consideradas pequeñas. Siempre que durante dos años consecutivos no superen los 7,5 millones de euros en activos, los 15 millones en cifra de negocio o los 50 trabajadores.
La modificación normativa supondría una simplificación contable relevante y permitiría acceder a modelos de cuentas abreviadas o incluso evitar auditorías obligatorias. Cepyme calcula que el impacto de esta medida permitiría a miles de pequeños negocios ahorrar más de 8 millones de euros al año en trámites administrativos. Además, facilitaría su operativa diaria en un entorno como el actual, con alta presión regulatoria y de costes crecientes.
- Muchos negocios podrán acogerse a modelos simplificados de cuentas anuales
- También podrían beneficiarse del acceso a líneas de financiación y convocatorias públicas para pymes
- Las pymes optan por no crecer para evitar la carga regulatoria, contable y laboral según los expertos
- España no ha agotado los límites máximos que permite la normativa europea
Muchos negocios podrán acogerse a modelos simplificados de cuentas anuales
El cambio se enmarca en un anteproyecto de ley que ha sido sometido a segunda audiencia pública. Se trata de una propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para modificar los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa. En la práctica, busca adaptar los umbrales legales al contexto económico actual, teniendo en cuenta el efecto de la inflación y el incremento general de los costes de funcionamiento para los negocios.
Hasta ahora, el límite legal para ser considerada una pequeña empresa se situaba en los cuatro millones de euros en activos, los ocho millones en volumen de negocio y los 50 empleados. Con la nueva propuesta, se duplican los umbrales financieros.
Aunque se mantiene el límite de plantilla, lo que implica una redefinición importante del tejido considerado pyme en España. Esta actualización permitiría incorporar al grupo de las pequeñas empresas a muchas sociedades que, pese a su estructura operativa, han superado por poco los límites contables actuales.
Una de las claves de la reforma es que muchas empresas podrán acogerse a modelos simplificados de cuentas anuales, lo que implica una reducción de costes de preparación de documentación, validación contable y, en algunos casos, de honorarios de auditoría.
También podrían beneficiarse del acceso a líneas de financiación y convocatorias públicas para pymes
Economistas y Censores Jurados de Cuentas han advertido, sin embargo, del riesgo de reducir la fiabilidad de la información financiera. Y en este sentido, Massimo Cermelli, profesor de Economía y Finanzas de Deusto Business School, comentó a este diario que la flexibilización contable “puede reducir costes administrativos, pero también la calidad de la información financiera”.
En opinión del experto, una rebaja excesiva de los controles “puede tener efectos adversos sobre el conjunto del sistema”. Pues según él, “se traduce en menor confianza en los datos contables, con menor acceso al crédito, menos inversión y menor crecimiento”, señaló.
El profesor Cermelli añadió que estos cambios “podrían fomentar la opacidad, favorecer la economía sumergida y generar competencia desleal”. Y advirtió que una reducción abrupta de obligaciones puede ser contraproducente. “La idea sería simplificar, pero sin desproteger, y aplicar modelos contables más adaptados, sin exenciones totales, ni eliminando los registros esenciales”, apuntó.
En las Cámaras de Comercio, sin embargo, se pone el acento en otro problema. Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de Cámara de España, considera que la reforma “es necesaria, pero no suficiente”. Para él, el obstáculo no está sólo en los umbrales contables, sino en el conjunto del marco regulatorio. “En España, muchas pymes detienen su crecimiento justo antes de alcanzar ciertos hitos clave en número de empleados”, afirmó a este diario.
Las pymes optan por no crecer para evitar la carga regulatoria, contable y laboral según los expertos
Según datos de Cámara de España, existen desviaciones estadísticamente significativas en los tramos de 10, 20 y 50 empleados. “En lugar de seguir una progresión natural, muchas empresas optan por no crecer para evitar la carga regulatoria, contable y laboral que se activa a partir de esos niveles”, explica. En el tramo de 10 empleados, por ejemplo, se observa un 15 % menos de empresas de las que cabría esperar. En el de 50, la desviación llega al 25 %.
Entre las obligaciones que actúan como freno figuran la constitución de comités de empresa, la cofinanciación obligatoria de formación, los planes de igualdad, la inclusión de personas con discapacidad o la incorporación al sistema de información inmediata del IVA. “Cruzados ciertos umbrales, las empresas pierden el acceso a beneficios contables y enfrentan una complejidad normativa que incrementa notablemente sus costes”, resumió Mínguez.
El profesor de Deusto Business School coincide en que los efectos deben valorarse en su conjunto. “Si una pyme deja de crecer para mantenerse por debajo de los umbrales, eso afecta negativamente a la productividad y a la innovación”, indicó. También insistió en que la pérdida de acceso a financiación “por falta de información fiable, no compensa el ahorro contable”. Por eso, cree que la reforma debe ser gradual y diferenciada.
España no ha agotado los límites máximos que permite la normativa europea
En el ámbito europeo, la propuesta del Gobierno español responde a la adaptación de la Directiva (UE) 2023/2775, que permite a los países elevar en un 25% los umbrales de clasificación de empresas. Sin embargo, en Cámara de España recuerdan que nuestro país no ha agotado los límites máximos que permite la norma europea. “La reforma tiene un alcance limitado y deja intactos los umbrales laborales, uno de los principales frenos normativos al crecimiento”, apuntó su director de Estudios.
Desde esta institución se plantean cinco ejes de reforma
El primero es la revisión integral de todos los umbrales normativos, con especial atención a los efectos fiscales y laborales. El segundo es introducir periodos transitorios antes de que se activen nuevas obligaciones. “Una pyme que supere los 50 empleados no debería estar obligada inmediatamente a constituir un comité de empresa o aplicar todas las exigencias de una gran compañía”.
El tercer eje es la simplificación administrativa, incluyendo digitalización e interoperabilidad entre administraciones. En cuarto lugar, se sugiere mantener ciertos incentivos fiscales de forma escalonada para suavizar el paso de una categoría a otra. Por último, abogan por impulsar una cultura de crecimiento sostenible, apoyada en programas de digitalización, innovación e internacionalización.
“La reforma debe acompañarse de medidas que favorezcan el crecimiento estructural, no sólo aliviar cargas”, insistió Mínguez. “Un marco que penaliza crecer impide que aumente el tamaño medio empresarial y nos aleja de los estándares europeos”.
