Las empresas españolas, en especial las más pequeñas, propiedad de autónomos, dedican de media más de 10 horas semanales a reclamar pagos atrasados. La fuente del dato es la última edición del Informe Europeo de Pagos, elaborado por la multinacional sueca Intrum.

Este coste oculto, que en 2025 se sitúa exactamente en el equivalente a 10,12 horas semanales por autónomo y negocio, convierte a España en el quinto país europeo en el que mayor esfuerzo se destina a esta ingrata pero imprescindible tarea, por detrás de Suiza, Eslovaquia, Países Bajos y Austria.

Y la situación, lejos de corregirse, se ha vuelto especialmente preocupante en el caso de los autónomos y micropymes, cuya capacidad para absorber tensiones de liquidez es limitada. Del hecho, los autores el informe advierten de que casi un tercio de las pequeñas empresas cree que podría cerrar en menos de dos años si la economía no mejora, y la morosidad figura entre las causas clave.

La presión sobre la tesorería, la pérdida de tiempo productivo y el deterioro de las relaciones comerciales están provocando el cierre silencioso de miles de negocios cada año.

Los impagos se siguen gestionando internamente, y eso penaliza al autónomo y a la micropyme

Aunque la media de horas destinadas a gestionar impagos ha bajado ligeramente respecto a años anteriores (en 2023 era de 11,31 horas semanales y en 2024, de 10,61), el volumen de trabajo sigue siendo alarmante.

La mayoría de los impagos (64%) se siguen gestionando internamente, lo que implica desviar recursos del propio negocio hacia tareas que no generan ingresos. Además, un 28 % se canaliza a través de empresas especializadas y un 8% mediante factoring o venta de deuda.

Víctor González, Brand Director de Intrum España, explicó a esta diario que la morosidad “sigue siendo uno de los grandes talones de Aquiles del tejido empresarial español”. A sabiendas de que, según él, no se puede aspirar a un riesgo cero, “sí que se podría minimizar el impacto de la misma, mediante una cultura interna más responsable y herramientas adecuadas para la gestión del cobro”.

González subrayó que una parte importante del problema “proviene del contexto económico, con coyunturas de incertidumbre, como los conflictos comerciales, que frenan la actividad y complican el cumplimiento puntual de los pagos”.

Aunque más allá del entorno macroeconómico, el informe apunta un problema estructural en la cultura de pagos. Cuando una empresa incumple sus compromisos, arrastra en cadena a proveedores más pequeños, generando un efecto dominó que golpea con mayor intensidad a autónomos y micropymes.

Y es que, en muchas ocasiones, estos trabajadores por cuenta propia se ven obligados a aceptar condiciones abusivas por miedo a perder a un cliente importante.

Para los expertos, el problema no es nuevo, y se agrava por falta de medidas sancionadoras

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), señaló a AyE que el problema no es nuevo y que se ha agravado por la falta de medidas efectivas. “Llevamos años reclamando que se apruebe un régimen sancionador proporcionado contra la morosidad”, afirmó.

En su opinión, estas sanciones deben aplicarse también a las administraciones públicas, “que en muchos casos están en el origen de los impagos y contaminan toda la cadena de suministro”.

Celia Ferrero es vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)
Celia Ferrero es vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

González considera que muchas empresas han mejorado su gestión y han reducido los plazos de cobro en los últimos años. Pero reconoce que “la ley, por sí sola, no es suficiente”. En su opinión, lo que realmente protege a los pequeños negocios es “cómo gestionan el riesgo de impago en su día a día, con medidas preventivas y apoyo especializado”. Añade que una gestión bien estructurada puede incluso fortalecer la relación comercial con los clientes, en lugar de tensarla.

Ferrero recuerda que el régimen sancionador ha estado sobre la mesa en varias ocasiones, tanto en el Congreso como a nivel europeo, pero que nunca ha llegado a aplicarse. “Hubo mucha oposición por parte de algunos Estados miembros, y eso ha retrasado una revisión necesaria de la directiva actual”, lamentó la vicepresidenta de ATA. Mientras tanto, los autónomos siguen soportando los efectos de una cadena de pagos desequilibrada, que los deja en una posición muy vulnerable.

Los autónomos que se acogen al régimen especial de caja del IVA pierden clientes

A este panorama se suma otro problema menos visible pero igualmente dañino: la discriminación que sufren los autónomos que se acogen al régimen especial de caja del IVA. Este sistema, pensado para aliviar la presión fiscal de quienes cobran con retraso, permite declarar este impuesto sólo cuando se cobra la factura, y no en el momento que se emite.

Pero en la práctica, muchas medianas y grandes empresas rehúsan trabajar con autónomos y micropymes proveedores acogidos a este régimen. Porque si el pequeño negocio proveedor está en régimen de caja, no pueden deducirse el IVA de la factura hasta que la paga. Eso les impide adelantar esa deducción y usar el dinero que deben como financiación gratuita.

Por eso, no pocas discriminan sin decirlo y trabajan únicamente con autónomos en el régimen general; lo que les permite mantener esa estrategia de deducirse el IVA sin haber pagado aún. Financiándose así, sin intereses, a costa de los más débiles.

Ferrero denuncia que esta práctica convierte al autónomo en “una víctima doble: por un lado, se le paga tarde, y por otro, se le penaliza si intenta proteger su tesorería”. Explica que muchos negocios pequeños dejan de acogerse al régimen de caja porque saben que, si lo hacen, “perderán contratos con grandes empresas que no quieren renunciar a deducirse el IVA cuanto antes”. Según ATA, esto es una muestra más de cómo se abusa del eslabón más débil de la cadena.

Pese a la mejora en algunos indicadores, como el leve descenso en las horas destinadas al recobro o la ligera reducción del período medio de pago, el problema sigue lejos de resolverse. Mientras no se activen mecanismos efectivos de penalización y se equilibre la relación entre grandes y pequeños actores económicos, miles de autónomos seguirán perdiendo tiempo, dinero y oportunidades esperando a cobrar lo que ya han trabajado.