España se encuentra entre los países europeos con una de las mayores tasas impositivas sobre los beneficios de los pequeños negocios. Así lo señala al menos el último informe de Tax Foundation. Un think tank que destaca que, en concreto, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades asciende al 25%, lo que lo sitúa cinco puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, que ronda el 20%.
Estos cinco puntos porcentuales no constituyen un dato menor, si se tiene en cuenta el impacto que los impuestos tienen en las decisiones de inversión y en la capacidad de crecimiento de los negocios nacionales. Sin embargo, a partir de 2025, las microempresas y las pymes se beneficiarán de una reducción del tipo nominal al 23%, una medida que se suma a la posibilidad de aplicar un tipo reducido del 17% para actividades innovadoras y tecnológicas. Aunque el esfuerzo fiscal de la mayoría de los autónomos españoles al frente de pymes seguirá por encima de la media europea.
Además, el estudio subraya que países con una fiscalidad más competitiva están consiguiendo atraer mayores niveles de inversión extranjera directa. Así, estados como Irlanda, con un tipo impositivo del 12,5%, o Hungría, con un 9%, son ejemplos de cómo una política fiscal más ligera acostumbra a incentivar la llegada de capital foráneo y la creación de empleo.
Los impuestos reducen la capacidad de reinvertir en sectores como hostelería, comercio o industria manufacturera
La elevada fiscalidad no afecta solamente a las grandes empresas, sino también a los pequeños y medianos negocios, que a menudo presentan menos margen para afrontar cualquier tipo de coste adicional. Así, según los expertos, los márgenes de beneficio en sectores clave como la hostelería, el comercio y la industria manufacturera son ya de por sí ajustados, “y el peso de los impuestos reduce su capacidad para reinvertir en modernización, innovación y formación”, señaló a este diario Vicente Pléyades, socio fundador del Instituto Avanzado de Gestión Empresarial (IAGE).
Por otro lado, algunos negocios señalan que esta presión fiscal repercute en los precios finales que deben asumir los consumidores. Y puesto que el entorno económico actual viene marcado por la inflación, trasladar parte de los costes fiscales a los clientes puede generar una pérdida de competitividad frente a alternativas en países con menores cargas impositivas. Así, la bajada al 23% para microempresas y pymes, y al 17% en sectores específicos, podría marcar una diferencia en la competitividad de los negocios, según apuntan expertos como Vicente Pléyades. “Estas reducciones, aunque limitadas, son un primer paso para reducir la brecha fiscal respecto a otros países europeos”, señaló.
Aunque el tipo nominal del 25% coloca a España en una posición poco competitiva, las deducciones fiscales disponibles pueden reducir significativamente la presión fiscal efectiva. No obstante, Vicente Pléyades advirtió de que el sistema de deducciones en España “es complejo y poco accesible, especialmente para los negocios de menor tamaño. La burocracia asociada a estos beneficios fiscales supone una barrera que muchos empresarios prefieren evitar”.
Entre las deducciones disponibles se encuentran incentivos para la innovación, la creación de empleo y las inversiones en sostenibilidad. Sin embargo, existen estudios –el más reciente, de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que menciona que su aprovechamiento es limitado– que indican que apenas una minoría de negocios logra aprovecharlas en su totalidad. Esta situación contrasta con otros países europeos, donde los sistemas de incentivos están diseñados para facilitar su uso y maximizar el impacto económico.
El diferencial de cinco puntos frente a la media europea reduce el atractivo de España para los inversores extranjeros
El informe de Tax Foundation analiza también de qué forma afecta la fiscalidad a la percepción de los inversores internacionales sobre España. Según el estudio, el diferencial de cinco puntos frente a la media europea es un factor que reduce la competitividad del país frente a otros destinos europeos.
Por ejemplo, países como Portugal o Polonia, que también forman parte de la Unión Europea, han conseguido situarse en los últimos tiempos como alternativas atractivas, gracias a unos tipos impositivos más bajos y a unas políticas fiscales favorables para nuevos negocios. “O dicho de otro modo, en estos tiempos de globalización, en los que las grandes decisiones de inversión pueden trasladarse visto y no visto a otras jurisdicciones, la carga fiscal se convierte en un elemento determinante”, señaló el socio fundador del IAGE.
El debate sobre la necesidad de reformar el sistema fiscal en España no es nuevo. Sin embargo, las tensiones presupuestarias y la necesidad de mantener ingresos para financiar servicios públicos han complicado la posibilidad de una bajada generalizada de impuestos. A pesar de que, a menudo, cuando se les pregunta a los verdaderos expertos en economía, cualquier reforma debería ir acompañada de una revisión de la eficiencia del gasto público, para garantizar que no se comprometan las prestaciones sociales.
De manera que algunos expertos proponen que España “adopte un modelo más competitivo, inspirado en países que han logrado combinar una fiscalidad baja con altos niveles de recaudación gracias a la ampliación de la base impositiva y la lucha contra la evasión fiscal”, señaló el experto.
Las microempresas y las pymes deben afrontar también una carga administrativa significativa
Más allá de los tipos impositivos, otro de los retos señalados en el informe es la complejidad del sistema tributario español. Los negocios, además de hacer frente a una alta carga fiscal, deben afrontar también a una carga administrativa significativa. Sin ir más lejos, según un estudio de PwC, los negocios en España dedican una media de 34 horas al mes a cumplir con sus obligaciones fiscales, un dato que supera ampliamente la media europea.
Esta situación genera costes adicionales, ya que muchos negocios deben recurrir a asesorías externas para garantizar el cumplimiento normativo. Y para los autónomos y los negocios más pequeños, estos costes indirectos pueden ser igual o más perjudiciales que la propia carga fiscal.
El análisis de este think tank concluye que España debe replantearse su estrategia fiscal para mejorar su competitividad a nivel europeo. Pues mientras que otros países avanzan hacia sistemas más simples, España corre el riesgo de quedar rezagada, dificultando la creación de nuevos negocios y el crecimiento de los existentes.
Con las recientes reformas, el Gobierno parece haber dado un primer paso hacia una fiscalidad más adaptada a las necesidades de los negocios nacionales, aunque queda mucho por hacer para alcanzar niveles de competitividad similares a los de otros países europeos. “Reducir la presión fiscal y simplificar el sistema tributario podrían ser pasos clave para garantizar que los negocios españoles puedan competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos”, concluyó Vicente Pléyades.
