Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas vascas ya pueden solicitar ayudas directas de hasta 23.000 euros para protegerse frente a ciberataques. El Ejecutivo autonómico, a través de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), ha activado la edición 2025 del programa Ciberseguridad Empresarial, dotado con 4,5 millones de euros, y con un plazo de solicitud abierto del 17 de junio al 24 de noviembre.
La ayuda cubrirá hasta el 50 % del coste de los proyectos que contribuyan a reforzar la ciberseguridad de los negocios. La subvención es a fondo perdido, se otorga en régimen de concesión sucesiva y está dirigida tanto a personas físicas como jurídicas, siempre que estén dadas de alta en el IAE y tengan su centro de actividad en el País Vasco.
El programa busca impulsar diagnósticos, auditorías, implementación de soluciones y formación en ciberseguridad dentro de la estructura productiva vasca. No se exige una inversión mínima, y los conceptos subvencionables van desde software especializado y dispositivos de protección hasta costes de certificación y sensibilización del personal.
- Los proyectos deberán iniciarse y ejecutarse dentro del año natural 2025
- Las ayudas también cubren la ciberseguridad de productos y servicios
- La convocatoria estará abierta hasta el 24 de noviembre de 2025
Los proyectos deberán iniciarse y ejecutarse dentro del año natural 2025
Las inversiones o actuaciones contempladas deben realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Aunque las solicitudes podrán presentarse hasta finales de noviembre, o antes si se agota el presupuesto disponible.
Entre las actuaciones subvencionables figuran auditorías de seguridad (incluyendo pruebas de intrusión, análisis de vulnerabilidades y revisión de conexiones inalámbricas), así como planes de continuidad del negocio, segmentación de redes, protección de accesos remotos a sistemas productivos y evaluación de dispositivos conectados a internet.
También se consideran elegibles los costes asociados a formación interna, consultoría para elaboración de planes de respuesta frente a incidentes, y herramientas para proteger entornos industriales y sistemas críticos. Los gastos de personal podrán ser incluidos si están directamente relacionados con el proyecto de ciberseguridad, y se justifica adecuadamente su dedicación.
La tramitación se realiza íntegramente de forma telemática a través de la web de SPRI, mediante un formulario electrónico que debe incluir la memoria técnica del proyecto, el presupuesto previsto y documentación sobre la entidad solicitante.
El proceso que se va a seguir para la concesión de estas ayudas no es competitivo: las solicitudes se revisarán por orden de llegada, y se resolverán conforme se vayan completando.
El programa se financia con fondos del Gobierno Vasco y se enmarca dentro de las estrategias de digitalización y protección del tejido empresarial frente a riesgos tecnológicos. Aunque no forma parte del Plan de Recuperación estatal, se coordina con otras líneas de apoyo como las iniciativas de Basque Digital Innovation Hub.
Las ayudas también cubren la ciberseguridad de productos y servicios
La ayuda podrá solicitarse también para actuaciones de refuerzo de la ciberseguridad en productos o servicios dirigidos al mercado. Es decir, no sólo para proteger el funcionamiento interno de los negocios, sino también para garantizar la seguridad de sus productos conectados, servicios digitales o sistemas ofrecidos a terceros.
El régimen de concesión es el de minimis; lo que significa que el importe total recibido por una misma entidad en ayudas públicas bajo esta categoría no podrá superar los 300.000 euros en tres ejercicios fiscales. Esto limita el importe acumulado, pero no impide a una pyme o autónomo optar a los 23.000 euros máximos de esta línea si no ha recibido otras subvenciones de ese tipo recientemente.
Entre los criterios que se valoran para aceptar o no la solicitud están la adecuación de la actuación a los objetivos del programa, la claridad del presupuesto, la viabilidad técnica del proyecto y la trazabilidad de los resultados. No se exige una puntuación mínima, pero se puede requerir subsanar documentación si no está completa. Por eso, SPRI recomienda no esperar a agotar el plazo para enviar la documentación, especialmente si el proyecto ya está definido.
La ayuda es compatible con otras subvenciones siempre que no financien los mismos costes. En ese sentido, una empresa que haya solicitado el Kit Digital estatal, por ejemplo, podría pedir esta ayuda para actuaciones diferentes, como la formación interna, una auditoría específica o la certificación de sus sistemas.
La convocatoria estará abierta hasta el 24 de noviembre de 2025
Además de empresas, podrán acogerse también las comunidades de bienes, siempre que cumplan los requisitos generales de estar dadas de alta en el IAE del País Vasco y tener actividad efectiva en el territorio. Las entidades solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Los beneficiarios deberán conservar durante al menos cinco años toda la documentación justificativa, y aceptar posibles controles por parte de la administración pública. En caso de incumplimientos, podrían tener que devolver total o parcialmente la ayuda recibida, con los intereses correspondientes.
El procedimiento de concesión se resolverá en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Y la resolución se notificará individualmente a través del sistema electrónico de SPRI. En caso de que una solicitud sea desestimada, se informará de los motivos y se ofrecerá la posibilidad de presentar alegaciones o corregir errores formales si procede.
