Justo dos meses después del apagón que dejó sin luz a millones de usuarios durante más de medio día, el Gobierno ha abierto una nueva línea de ayudas, dotada con 699,8 millones de euros, para financiar proyectos innovadores de almacenamiento energético.

Aunque la convocatoria no responde de forma directa a aquel incidente, sí busca reforzar la red eléctrica española frente a futuras situaciones de inestabilidad.

La ayuda está gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y se enmarca en el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027. El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de julio a las 14:00 horas. Podrán beneficiarse tanto grandes como medianas y pequeñas empresas, siempre que presenten proyectos viables de almacenamiento energético con una potencia igual o superior a 1 megavatio (MW).

  1. Las ayudas financian sistemas de baterías, bombeo hidroeléctrico o almacenamiento térmico
  2. La convocatoria incentivará a las pymes que aporten valor añadido
  3. Se admiten proyectos de cooperativas, pequeños productores de energía y negocios locales

Las ayudas financian sistemas de baterías, bombeo hidroeléctrico o almacenamiento térmico

El objetivo de esta convocatoria es facilitar la penetración de fuentes renovables en el sistema, dotando a la red eléctrica de una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. Para lograrlo, se financiarán tecnologías como sistemas de baterías, bombeo hidroeléctrico, almacenamiento térmico y combinaciones híbridas que integren generación renovable con capacidad de acumulación energética.

Los proyectos deben ejecutarse en territorio español y contar con una resolución favorable de impacto ambiental, además de las licencias urbanísticas correspondientes antes del inicio de las obras. No será necesario presentar un plan de negocio completo, pero sí una justificación técnico-económica que demuestre la viabilidad del proyecto, su impacto sobre la red eléctrica y su aportación a la cadena de valor industrial.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. Esto significa que no basta con cumplir los requisitos técnicos: los proyectos serán evaluados y puntuados en función de criterios como la madurez tecnológica, el grado de innovación, la contribución al empleo, la capacidad de ejecución, el retorno energético y el efecto sobre la estabilidad del sistema eléctrico.

La intensidad de la ayuda dependerá de la ubicación del proyecto. En las regiones calificadas como “menos desarrolladas” (como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura), la subvención podrá alcanzar hasta el 85% del coste total subvencionable. En las regiones “en transición” (como Murcia, Galicia o Castilla y León), el tope será del 60%. Para las comunidades “más desarrolladas”, como Madrid, Cataluña o el País Vasco, el límite será del 40%.

La convocatoria incentivará a las pymes que aporten valor añadido

En todos los casos, ningún proyecto podrá acaparar más del 20% del presupuesto total de la convocatoria. Además, se han establecido restricciones adicionales para tecnologías específicas: el bombeo hidroeléctrico no podrá superar el 10% del total subvencionado y las tecnologías híbridas o térmicas estarán limitadas al 5%.

La convocatoria también incentiva la participación de pymes mediante criterios de valoración adicionales. Por ejemplo, se otorgarán más puntos a los proyectos que generen empleo local, que contribuyan al desarrollo de proveedores nacionales o que se integren en comunidades energéticas. Este tipo de condiciones favorecen a los pequeños negocios que ya operan en el sector energético o que desean diversificarse hacia actividades de almacenamiento o eficiencia energética.

El tipo de almacenamiento no tiene por qué ser eléctrico. También se aceptarán propuestas centradas en el almacenamiento térmico e incluso en configuraciones mixtas. La única condición es que estén claramente orientadas a reforzar la flexibilidad del sistema y a facilitar una mayor integración de renovables.

Aunque el sistema eléctrico español es uno de los más robustos de Europa, el apagón de abril puso sobre la mesa su vulnerabilidad ante fluctuaciones de frecuencia o caídas de generación en puntos críticos de la red. Aquel fallo tuvo origen fuera del país, pero el efecto arrastre evidenció que aún hay margen de mejora en almacenamiento y capacidad de reacción.

Sólo será necesario presentar una justificación técnico-económica que demuestre la viabilidad del proyecto
Sólo será necesario presentar una justificación técnico-económica que demuestre la viabilidad del proyecto.

Según fuentes del sector, los proyectos tipo que pueden beneficiarse de esta línea de ayudas son, por ejemplo, instalaciones de baterías industriales junto a pequeñas plantas fotovoltaicas, sistemas de bombeo hidráulico en zonas de montaña con embalses ya existentes o soluciones térmicas para calderas urbanas alimentadas con excedentes renovables.

Se admiten proyectos de cooperativas, pequeños productores de energía y negocios locales

Algunos de estos proyectos podrían estar promovidos por cooperativas, pequeños productores de energía o empresas locales que operan en el sector de instalaciones eléctricas o calefacción.

La ejecución de los proyectos podrá prolongarse hasta un máximo de 36 meses desde la resolución de concesión, y en ningún caso más allá del 30 de septiembre de 2029. Los beneficiarios recibirán el dinero por fases, según los hitos de avance y los justificantes de inversión presentados.

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del IDAE. Para ello, es necesario contar con un certificado digital válido y rellenar la documentación técnica y administrativa exigida en la convocatoria, que incluye memoria descriptiva, estimación de costes, cronograma, acreditación de la titularidad del terreno y plan de financiación.

Aunque el lenguaje técnico puede parecer una barrera, el IDAE ha publicado una guía de ayuda para facilitar la participación, especialmente de pymes sin experiencia previa en este tipo de subvenciones. También se han habilitado puntos de información autonómicos para resolver dudas y orientar a los solicitantes en el proceso.