La Unión Europea ha decidido pisar el freno. El Consejo de la UE aprobó el pasado 23 de junio una simplificación significativa de dos de sus normas más ambiciosas en materia de sostenibilidad empresarial: la Directiva de Informes de Sostenibilidad (CSRD) y la de Diligencia Debida (CS3D).
Con esta medida, se pospone su entrada en vigor y se reducen considerablemente las cargas para las pequeñas y medianas empresas. y también, de forma indirecta, para muchos autónomos que operan como subcontratistas de grandes corporaciones.
“Por fin una buena noticia desde Bruselas. Se trata de un giro sensato que protege a las pymes y evita que la sostenibilidad se convierta en una trampa burocrática”, valoró Diego Sánchez de la Cruz, presidente del Foro Regulación Inteligente. Organización que lleva años abogando por una regulación inteligente para crear un marco dinámico en el que autónomos y empresas puedan prosperar.
- Estas son las claves del cambio normativo de la Unión Europea
- Autónomos y pequeños negocios también debían cumplir indirectamente las exigencias
- España ya fue más ambiciosa en sus exigencias a las empresas
- ¿Qué deben hacer ahora las pymes y autónomos?
- Europa empieza a escuchar más a sus empresas y menos a sus burócratas
Estas son las claves del cambio normativo de la Unión Europea
Según ha anunciado el Consejo Europeo y han confirmado expertos consultados para este medio, las principales novedades que llegan de Bruselas son:
Aplazamiento de la entrada en vigor
Las empresas no cotizadas de más de 250 empleados no tendrán que presentar informes hasta 2028. También se retrasa un año la Directiva de Diligencia Debida.
Se elevan los umbrales
Quedan excluidas del ámbito de aplicación las empresas con menos de 1.000 empleados. Esto libera a miles de compañías de exigencias desproporcionadas pero también a los autónomos y pequeños negocios subcontratados por éstas.
Enfoque más realista
Se sustituye la obligación de mapear riesgos en toda la cadena de valor por un enfoque centrado en los impactos más probables.
Menos obligaciones para socios indirectos
Las grandes empresas ya no tendrán que exigir información tan detallada a sus proveedores o subcontratas, muchas veces autónomos.
Se suaviza el régimen sancionador
Se elimina la responsabilidad legal automática para las empresas que no consigan controlar toda su cadena.
Como explicó Diego Sánchez de la Cruz, esto supone “menos papeleo y más competitividad”. Desde este Foto puntualizaron que ”todo esto no significa renunciar a la sostenibilidad” sino “hacerla viable sin destruir empleo ni frenar la innovación”.
Autónomos y pequeños negocios también debían cumplir indirectamente las exigencias
La medida llega tras años de quejas de los actores implicados. Según el Consejo General de Economistas (CGE), muchas pymes se estaban viendo obligadas a recopilar datos ambientales y sociales para poder seguir trabajando con grandes empresas, acceder a financiación o participar en licitaciones públicas.
“Las pequeñas empresas no estaban obligadas directamente, pero sufrían los efectos colaterales”, explicó Jorge Capeáns, secretario técnico de Economistas Contables, del Consejo General de Economistas. Y es que en la práctica cualquier autónomos que realizara alguna actividad para otra empresa tenía que presentarle estos informes para que la gran empresa pudiera complementar el informe de sostenibilidad sobre toda su cadena de valor.
Y lo ejemplificó con el caso práctico de “una gran empresa pedía a sus proveedores –incluso autónomos transportistas– que calcularan su huella de carbono para poder incluirlos en su informe. Eso generaba un sobrecoste y una complejidad difícil de asumir para negocios pequeños”.
España ya fue más ambiciosa en sus exigencias a las empresas
En España, la Ley 11/2018 ya obligaba desde hace años a empresas con más de 250 empleados a elaborar informes de sostenibilidad. Con la nueva CSRD, se preveía ampliar aún más esta obligación. Pero la “parada de reloj” aprobada por el Consejo europeo cambia las reglas del juego.
“El movimiento es una reacción a la creciente preocupación por la competitividad europea”, valoró Capeáns, quien también explicó que “la victoria de Trump en EE.UU. y su promesa de desregular a las empresas ha hecho que Bruselas se replantee su estrategia para no perder terreno”.
Este nuevo enfoque europeo apuesta por una “sostenibilidad viable” que no renuncia a los objetivos climáticos pero sí flexibiliza su aplicación. Precisamente, el Consejo General de Economistas elaboró recientemente un documento sobre el Estado actual de la regulación sobre Información de Sostenibilidad.
Este estudio resume que estas políticas no se pueden ”improvisar, pero tampoco llegar tarde” con el objetivo de “construir una economía sostenible con responsabilidad, claridad y visión de largo plazo, y darles certidumbre a las empresas y los profesionales en base a una normativa cerrada y tiempo suficiente para llevar a cabo las adaptaciones”.
¿Qué deben hacer ahora las pymes y autónomos?
Pese a la flexibilización, desde el Consejo de Economistas se recomienda a las empresas que ya están elaborando estos informes que no dejen de hacerlo. “Quien haya invertido en herramientas y procedimientos no debería abandonar ese trabajo. Más adelante puede convertirse en una ventaja competitiva”, apuntó Capeáns.
«De hecho, estos informes pueden ayudar a que la información no financiera sea más fácil de comparar en el entorno europeo y a reforzar las capacidades internas de reporte y gobernanza», según el CGE.
Además, la Comisión Europea está impulsando un estándar voluntario de sostenibilidad simplificado para pymes (VSME). Aunque no es obligatorio, puede convertirse en la referencia para bancos, grandes empresas o la Administración a la hora de pedir información a sus proveedores. Para estos expertos es mejor anticiparse que improvisar por lo que proponen cumplirlos en la medida de lo posible ya que se espera que las normativas europeas se alineen con estos principios.
Con esta medida anunciada por Bruselas, las pymes y autónomos tendrán más tiempo para planificarse y mayor margen para cumplir umbrales menos exigentes.
El siguiente paso está en manos del Parlamento Europeo. Aunque el Consejo ya ha aprobado la modificación, queda pendiente su ratificación parlamentaria pero al encontrarse alineada con la hoja de ruta hacia una mayor simplificación, lo más probable es que salga adelante.
En esta coyuntura, el retraso del Gobierno español por adaptar a la legislación nacional la directiva comunitaria mientras mantenía en en vigor la Ley 11/2018 “ha sido una decisión sensata, porque trasponer ahora podría imponer cargas que en Europa ya se están revisando o eliminando”, a juicio de Capeáns.
Europa empieza a escuchar más a sus empresas y menos a sus burócratas
Este giro normativo puede ser el reflejo de una Europa que “ha puesto los pies en la tierra” en palabras de Sánchez de la Cruz porque empieza a escuchar “más a sus empresas”.
Como resumió el presidente del Foro Regulación Inteligente:“menos carga normativa no es menos ambición, sino más realismo”. Para miles de pymes y autónomos, esta pausa en la aplicación de las supone un balón de oxígeno tras estar “atrapadas en una maraña de obligaciones burocráticas diseñadas para grandes multinacionales”.
