La Comisión Europea (CE) ha decidido recortar un 29% los fondos destinados a la promoción exterior de productos agroalimentarios europeos. Coincidiendo precisamente con el éxito de estos programas, que acumulaban una década de buenos resultados. En concreto, y gracias a ellos, el sector agroalimentario español ha duplicado en una década sus exportaciones, hasta superar los 75.000 millones de euros.
Además, el contexto comercial sigue tenso, a la espera de la decisión de los tribunales estadounidenses sobre los aranceles con los que su presidente, Donald Trump, lleva amenazando a Europa desde su victoria electoral el pasado mes de noviembre.
Así, para 2025, la partida presupuestaria europea para promocionar los productos agroalimentarios de los Veintisiete baja de 186 a 132 millones de euros. A pesar de que Estados Unidos ha anunciado una inversión récord de 300 millones de dólares para promocionar sus productos en mercados internacionales.
Lo más preocupante de la situación es que España ha sido uno de los países que más ha aprovechado este instrumento en los últimos años: el sector agroalimentario español, que ha duplicado sus exportaciones desde los 42.000 millones de 2016, pierde con este recorte una herramienta clave para mantener su posición internacional.
El momento elegido es especialmente dañino: la incertidumbre domina el mercado
“Existiendo la competencia que hay en la actualidad, cualquier recorte de presupuesto para la promoción de los productos agrícolas nos parece una decisión equivocada”, afirmó a este diario Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España.
En su opinión, el momento elegido es especialmente dañino, porque el mercado está dominado por la incertidumbre. “Nuestro país es una potencia en exportación en productos de los que somos líderes mundiales, como el aceite de oliva, el vino, la carne de porcino o las frutas”, recordó Trenzado.
“Necesitamos mantenernos en los mercados donde ya estamos y abrir nuevos, y eso requiere tiempo e inversión”, advirtió el representante de las cooperativas. “Disminuir el presupuesto en plena inestabilidad comercial mundial no es una buena estrategia si Europa quiere mantener su posición en los mercados internacionales”.
Por su parte, en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), su presidente, Pedro Barato, considera que el presupuesto promocional europeo no es solamente una herramienta comercial, sino también “una salvaguardia” frente a vaivenes y problemas como costes de producción elevados, fenómenos meteorológicos extremos o crisis sanitarias.
“El presupuesto destinado a la política de promoción es una medida eficaz contra las perturbaciones del mercado”, señaló a preguntas de este medio. Barato subrayó además que la UE “no puede permitirse reducir la financiación destinada a la promoción, ya que ello podría llevar a que los productos europeos pierdan cuota de mercado frente a otros, menos sostenibles incluso”.
Para el presidente de Asaja, es precisamente ahora cuando necesitamos dotar a los productores “de herramientas que garanticen la competitividad continua de la agricultura de la UE. No podemos permitirnos recortar mientras otros, como EEUU, refuerzan sus estrategias globales con cientos de millones”.
Para las organizaciones de agricultores, el recorte es una muy mala noticia para el campo español
En la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coinciden en el diagnóstico y denuncian que este tipo de fondos eran uno de los pocos mecanismos reales de apoyo a la internacionalización de pequeños y medianos productores.
“El recorte del 29% es una muy mala noticia para el campo español”, señaló a AutónomosyEmprendedores Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. “Con la posible reactivación de los aranceles y una competencia que no deja de crecer, estos fondos eran una herramienta estratégica para posicionar nuestros productos y diversificar mercados”.
Fatás remarca que los más perjudicados son los pequeños productores, que no pueden asumir por sí mismos campañas promocionales. “Sin este respaldo, se deja en clara desventaja a los pequeños y medianos productores frente a la gran industria”, afirmó. “Y son precisamente los pequeños los que fijan población, mantienen la actividad en el medio rural y apuestan por la calidad”.
El caso es que el diseño del sistema actual ha contribuido a una pérdida de interés por parte de muchas organizaciones. “A estas acciones sólo pueden optar interprofesionales, organizaciones de productores o asociaciones, no cooperativas individuales”, explicó Trenzado. “Participamos a través de las interprofesionales, pero eso limita la capacidad de actuación directa”.
Además, muchos actores se están alejando del sistema por la complejidad administrativa y los medios que requiere participar. COAG apunta directamente a una concentración de fondos en manos de los grandes: “La excesiva burocracia y la complejidad de los procedimientos suponen una barrera de entrada para las pequeñas organizaciones”, señaló Fatás. “Existe una fuerte concentración de fondos en manos de grandes grupos y asociaciones con mayor capacidad de lobby y gestión”.
Los agricultores se quejan de que la Administración ha convertido las ayudas en un laberinto de requisitos
En Asaja, el diagnóstico es aún más crítico con la Administración española, a la que los jóvenes agricultores acusan de haber convertido las ayudas en un laberinto de requisitos. “Las justificaciones documentales están llegando a extremos absurdos, con medidas retroactivas que generan inseguridad jurídica”, afirmó Barato.
“Muchos han terminado inmersos en procesos judiciales lentos y costosos, lo que está paralizando completamente su capacidad de acción”. El problema no es sólo Bruselas, según él, “sino también Madrid. Lo que se creó para promocionar productos se ha convertido en una carrera administrativa con obstáculos casi insalvables”.
Entre los elementos que también han contribuido al desgaste del sistema está la llamada “norma de continuidad”, que obliga a dejar pasar un año tras dos convocatorias consecutivas. Para COAG, este tipo de reglas deberían flexibilizarse o eliminarse para facilitar el acceso a estructuras pequeñas. “Proponemos convocatorias específicas para pequeñas explotaciones y cooperativas, con procedimientos más sencillos”, planteó Fatás. “No solamente por justicia social, sino porque son estos productores los que aportan valor añadido, sostenibilidad y empleo local”.
Mientras tanto, el recorte para 2025 ya está aprobado. De los 132 millones disponibles, 63,4 irán a promoción en países fuera de la UE, 58,6 al mercado interno y 10 millones quedarán reservados para situaciones de crisis o pérdida de confianza del consumidor.
La CE ya ha anunciado su intención de seguir recortando esta partida hasta 2027, con una previsión acumulada de 200 millones menos. Los productores españoles, que hasta ahora se habían beneficiado activamente de estos fondos, miran con preocupación un sistema que, poco a poco, se aleja de quienes más lo necesitan.
